Acusación sin precedentes en Estados Unidos
El gobierno estadounidense formuló una denuncia histórica en el marco de la lucha contra el narcotráfico internacional. Por primera vez, una mujer enfrenta cargos federales por colaborar con una organización terrorista extranjera, en este caso vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reconocido como uno de los grupos criminales más peligrosos en México y el continente.
Detalles del caso y cargos
María del Rosario Navarro-Sánchez, ciudadana mexicana de 39 años, fue arrestada el 4 de mayo durante una operación coordinada entre autoridades de México y Estados Unidos. Las autoridades la acusan de múltiples delitos: conspiración para suministrar granadas, tráfico de personas, comercialización ilícita de armas, lavado de dinero y distribución de sustancias prohibidas. Actualmente enfrenta estos cargos en el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, en El Paso.
Designación del CJNG como organización terrorista
El Departamento de Estado de EE.UU. catalogó al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Esta clasificación responde a los ataques violentos atribuidos al cártel, incluidos el uso de armamento militar, drones con explosivos y ejecuciones selectivas contra agentes gubernamentales. Esta medida permite aplicar sanciones más severas a quienes apoyen al grupo criminal.
Estructura criminal transfronteriza
Según el Departamento de Justicia, Navarro-Sánchez, conocida con los alias de “Fernanda” y “Chayo”, integraba una red compleja ligada al CJNG. Sus actividades incluyeron facilitar el movimiento de armas, transporte ilegal de personas, comercio ilícito de armamento, tráfico de dinero en efectivo y distribución de drogas. Junto a ella, dos hombres también fueron acusados: Luis Carlos Dávalos-López por tráfico de personas y armas, y Gustavo Castro-Medina por delitos relacionados con drogas y adquisición ilegal de armas.
Repercusiones legales y enfoque internacional
La designación del CJNG como grupo terrorista amplía las posibilidades de acción legal contra sus colaboradores. “Este caso envía un mensaje contundente a los cárteles y a quienes los respaldan: la presión legal aumenta”, afirmó Margaret Leachman, fiscal interina del Distrito Oeste de Texas. El CJNG opera en gran parte de México y en decenas de países, involucrándose en tráfico de fentanilo, lavado de dinero, extorsión de migrantes y violencia letal.
Operativos conjuntos y colaboración internacional
El arresto de Navarro-Sánchez se enmarca en la Operación “Take Back America” y en iniciativas como la Joint Task Force Alpha y el Strike Force OCDETF. Estas estrategias reúnen a agencias estadounidenses como la DEA, FBI, ATF, HSI, la Patrulla Fronteriza y cuerpos internacionales de seguridad. “Este arresto demuestra el impacto de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de armas y drogas”, afirmó Bennie Mims, representante del ATF en Dallas.
Convergencia de actividades delictivas
El caso ilumina la interrelación entre el tráfico de drogas, armas y personas dentro de la estrategia operativa de los cárteles. Según Omar Arellano, agente de la DEA en El Paso, “este caso muestra cómo se están utilizando herramientas legales en materia de terrorismo para combatir al CJNG”. Navarro-Sánchez coordinaba operaciones que abarcaban el paso de armas de EE.UU. a México, el retorno de dinero obtenido del narcotráfico y el ingreso ilegal de migrantes.
Cooperación con instituciones mexicanas
La detención se logró gracias al trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) de México y representantes del ATF en la Ciudad de México. También participaron el Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Unidad contra el Tráfico de Personas del ICE en Washington. Las autoridades estadounidenses destacaron la eficacia de la colaboración transnacional en esta operación.
Proceso judicial y posibles consecuencias
Navarro-Sánchez y sus coacusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. El caso será llevado por el fiscal federal adjunto Kyle Myers, junto a Ian Hanna, director asociado de la JTFA, y la abogada Marie Zisa. En caso de ser declarada culpable, Navarro-Sánchez podría enfrentar sentencias de por vida debido a la gravedad de los cargos por apoyo a una organización terrorista extranjera.
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