La magistrada federal Madhay Soto Morales detalló que el beneficio legal concedido en el conflicto por el uso del agua en el rancho El Saucito no favoreció al exmandatario César Duarte, sino a comuneros de El Trigueño, quienes solicitaron continuar con el aprovechamiento del recurso hídrico.

Clarificación judicial

La funcionaria judicial respondió a cuestionamientos sobre supuestas preferencias hacia el exgobernador al emitir la protección constitucional, asegurando que el caso involucró a personas del ejido El Trigueño, pertenecientes al grupo rarámuri, cuyo interés principal era mantener el acceso al agua para múltiples usos.

Detalles del recurso legal

El amparo concedido tenía como finalidad impedir que las autoridades restringieran el uso del líquido a los habitantes, permitiendo que siguieran utilizándolo para actividades agrícolas, ganaderas y de combate a incendios. La jueza enfatizó que la medida provisional no limita las facultades de la Conagua, siempre que se respete el derecho al agua de los promotores.

“La medida tomada, no impide a las autoridades del agua ejerzan sus facultades legales sobre los mantos acuíferos, siempre que garanticen el acceso al agua de los promoventes, ya sea en la forma en que se venía realizando o en una diversa. El juicio de amparo tiene como objeto proteger los derechos humanos de los ciudadanos contra actos arbitrarios de todo tipo de autoridades”

Defensa del sistema judicial

Madhay Soto destacó la naturaleza contramayoritaria del Poder Judicial Federal, indicando que sus decisiones se fundamentan en la Constitución y leyes vigentes, más allá de las preferencias populares. Destacó que la labor judicial busca proteger derechos individuales o colectivos, independientemente de que sean de agrado general o no.

Manifestaciones generan disturbios en La Paz

En el cuarto día de protestas consecutivas, seguidores del exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) entraron en confrontación con elementos policiales en las calles de La Paz. La movilización busca garantizar la inscripción de la postulación electoral del exjefe de Estado mediante la organización política Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol).

Los manifestantes recorrieron el casco central de la ciudad llevando pancartas y detonando artefactos pirotécnicos, mientras expresaban su descontento por la crisis económica y exigían la renuncia del actual presidente Luis Arce. La marcha fue interceptada por agentes uniformados en las inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde permanecieron en “vigilia permanente”.

Convocatoria a paro nacional y medidas de presión

El líder indígena Enrique Mamani, cercano al movimiento moradista, advirtió mediante declaraciones públicas que “si el Gobierno no atiende nuestras demandas, se implementará un bloqueo generalizado de caminos y posteriormente un cerco total a La Paz, asumiendo el Gobierno central la responsabilidad de los hechos”. Durante los disturbios, los manifestantes arrojaron materiales contra los agentes, detonaron explosivos artesanales y recibieron respuesta con lanzamiento de gases irritantes y pimienta.

Contexto electoral y legalidad de la candidatura

El partido Pan-Bol perdió su registro legal recientemente al no alcanzar el 3% de votación en los comicios de 2020. Su dirigente Ruth Nina intentó en tres ocasiones presentar formalmente la solicitud de inscripción de candidaturas ante el TSE, pero fue impedida de ingresar por el dispositivo de seguridad. La organización política fundamenta su derecho a participar en los comicios basándose en una reciente sentencia judicial que ordena al órgano electoral emitir una nueva resolución sobre su situación jurídica.

La normativa vigente establece que la reelección presidencial está permitida “solo una vez de forma ininterrumpida”, lo que impediría al exgobernante buscar un cuarto período, habiendo ocupado el cargo en tres ocasiones consecutivas (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019). Morales anunció públicamente su intención de postularse nuevamente, pese a esta restricción constitucional.

División del frente oficialista

El expresidente rompió relaciones con su partido original, el Movimiento al Socialismo (MAS), tras diferencias con el actual mandatario Arce desde finales de 2021. Esta ruptura se fundamentó en desacuerdos sobre políticas públicas, control partidista y definición de candidaturas. Actualmente el oficialismo se divide en tres sectores: el ala encabezada por Arce con Eduardo del Castillo como aspirante presidencial, el grupo liderado por el presidente del Senado Andrónico Rodríguez y el bloque asociado a Morales.

Después de sesiones prolongadas durante seis horas, los líderes del sindicato magisterial CNTE fijaron como fecha límite el próximo sábado 31 de mayo para entregar su respuesta formal a las alternativas presentadas por la Secretaría de Gobernación en relación a las pensiones docentes.

Exigencias centrales y puntos discutidos

De acuerdo con reportes periodísticos, ninguna de las opciones presentadas el miércoles incluyó la derogación de la Ley del Issste de 2007, medida que los profesores mantienen como su principal demanda desde que iniciaron las protestas hace más de una semana en el Zócalo capitalino. Entre los puntos ofrecidos por las autoridades federales figuran la eliminación de la Usicamm y una reducción gradual de la edad de jubilación.

Continuidad del movimiento y consultas internas

Los dirigentes sindicales indicaron que ya se ha trazado un plan de acción que contempla la permanencia del campamento en el centro histórico, así como actividades durante el periodo electoral del 1 de junio. No obstante, estos planteamientos deberán ser revisados por todos los grupos que integran la organización magisterial.

“Consideramos que va a estar a más tardar el sábado próximo”, sostuvo Filiberto Fausto, representante de la sección 34 con sede en Zacatecas.

“Vamos a entrar en un proceso de consulta con nuestras bases movilizadas por las respuestas que nos dieron el día de ayer. Hoy hemos definido que esas respuestas no responden a nuestra demanda central, que es la abrogación de la Ley del Issste del 2007, sin embargo, esto tiene que pasar escrutinio de todos los compañeros que están movilizados desde el 15 de mayo”, explicó Yenny Pérez, líder de la sección 22 en Oaxaca.

Reacciones y movilizaciones

Las instituciones involucradas emitieron un comunicado previo solicitando una pronta respuesta por parte de los docentes. Por otro lado, Eva Hinojosa Terra, coordinadora de la sección 18 en Michoacán, anunció que se llevarán a cabo manifestaciones en las próximas horas, aunque los detalles específicos se darán a conocer posteriormente.

Isael Hernández, responsable del gremio en Chiapas, denunció que el ejecutivo federal ha impulsado una campaña de descrédito contra el movimiento a través de medios de comunicación, señalando que “Iniciaron una campaña de denostación en todos los medios a su alcance”.