Organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes políticos se movilizaron este jueves en Nueva York para denunciar el arresto de un estudiante venezolano de 20 años que fue capturado al salir de una audiencia en un tribunal migratorio. La Coalición Inmigrante local y legisladores destacaron que el joven, identificado como Dylan, asistía regularmente a sus citaciones judiciales y estaba inscrito en una institución educativa del Bronx.

Procedimiento que desató controversia

El joven concurría sin abogado a sus audiencias según reportó el medio Chalkbeat, situación que derivó en su presunta renuncia involuntaria a derechos legales. El arresto fue realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vestidos de civil cuando salía del recinto judicial.

Demandas de protección legal

Los manifestantes exigieron a las autoridades legislativas de Nueva York la aprobación de iniciativas que prohíban la colaboración entre policías locales y estatales con ICE. Entre las propuestas se encuentra una medida municipal que limitaría la cooperación de instituciones locales con operativos de deportación federal.

El representante Ritchie Torres intervino públicamente señalando que “entró legalmente a Estados Unidos”, carece de antecedentes penales y llegó bajo permiso humanitario. Detalló que el joven logró matricularse en una escuela, conseguir empleo y proveer sustento familiar.

Políticas migratorias en debate

La nueva estrategia implementada por el Departamento de Seguridad Nacional permite arrestos en cortes migratorias a solicitantes de asilo que hayan ingresado en los últimos 24 meses. Esta medida ha generado críticas por acelerar procesos de deportación sin garantizar revisiones adecuadas.

Tom Homan, coordinador fronterizo del gobierno estadounidense, admitió que “la Administración no está satisfecha con el número de detenciones de inmigrantes”, por lo que ha reforzado las unidades operativas dedicadas a estas acciones.

La magistrada federal Madhay Soto Morales detalló que el beneficio legal concedido en el conflicto por el uso del agua en el rancho El Saucito no favoreció al exmandatario César Duarte, sino a comuneros de El Trigueño, quienes solicitaron continuar con el aprovechamiento del recurso hídrico.

Clarificación judicial

La funcionaria judicial respondió a cuestionamientos sobre supuestas preferencias hacia el exgobernador al emitir la protección constitucional, asegurando que el caso involucró a personas del ejido El Trigueño, pertenecientes al grupo rarámuri, cuyo interés principal era mantener el acceso al agua para múltiples usos.

Detalles del recurso legal

El amparo concedido tenía como finalidad impedir que las autoridades restringieran el uso del líquido a los habitantes, permitiendo que siguieran utilizándolo para actividades agrícolas, ganaderas y de combate a incendios. La jueza enfatizó que la medida provisional no limita las facultades de la Conagua, siempre que se respete el derecho al agua de los promotores.

“La medida tomada, no impide a las autoridades del agua ejerzan sus facultades legales sobre los mantos acuíferos, siempre que garanticen el acceso al agua de los promoventes, ya sea en la forma en que se venía realizando o en una diversa. El juicio de amparo tiene como objeto proteger los derechos humanos de los ciudadanos contra actos arbitrarios de todo tipo de autoridades”

Defensa del sistema judicial

Madhay Soto destacó la naturaleza contramayoritaria del Poder Judicial Federal, indicando que sus decisiones se fundamentan en la Constitución y leyes vigentes, más allá de las preferencias populares. Destacó que la labor judicial busca proteger derechos individuales o colectivos, independientemente de que sean de agrado general o no.

VIDEO: Suspenden e investigan a Valencia Gallo por su participación en riña

Guanajuato, Gto. La alcaldesa de la capital, Samantha Smith Gutiérrez, anunció vía redes sociales la suspensión provisional del nombramiento de Jorge Valencia Gallo como director de Servicios Jurídicos, mientras se investiga su involucramiento en un disturbio con comerciantes del Mercado Hidalgo.

Video desata polémica

La medida se tomó tras la filtración de un video donde se observa al servidor público arrojando el teléfono celular de un comerciante, lo que generó un enfrentamiento físico. En un comunicado, la alcaldesa justificó la acción diciendo que “Esta medida tiene como único fin asegurar que las indagatorias se desarrollen sin interferencias y con total imparcialidad, conforme a los principios de legalidad y responsabilidad institucional que rigen a este gobierno”.

Historial legal cuestionado

Valencia Gallo posee dos condenas anteriores por cohecho cuando laboraba en el gobierno estatal. Actualmente cumple una pena suspendida de 4 años y 6 meses gracias a un recurso legal. A pesar de esto, la alcaldesa ha insistido en su inocencia: “no hay una sentencia firme”.

Disculpa pública ofrecida

Como parte de las acciones derivadas, la munícipe exhibió un escrito donde el implicado reconoce públicamente que su comportamiento “no fue el más adecuado”, dirigiendo disculpas a la ciudadanía y a la propia alcaldesa.