Seguridad

Familia de adulta mayor reclama negativa de traslado del IMSS Veracruz a la Ciudad de México

La familia de Aurelia González, adulta de 63 años lesionada en un accidente de tránsito en Veracruz, denuncia que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en ese estado se ha negado a trasladarla a un hospital en su lugar de residencia, la Ciudad de México, aduciendo presuntas limitaciones económicas. El siniestro ocurrió el 21 de abril de 2025 en la autopista Veracruz-Cardel, cuando el autobús en el que viajaba colisionó contra un camión cañero en el municipio de La Antigua.

Consecuencias del accidente

El percance dejó más de 20 heridos. Aurelia, quien viajaba junto a su hijo con discapacidad motriz, su cónyuge y otros tres familiares, sufrió fracturas costales, daños pulmonares y lesiones torácicas graves, pese a portar el cinturón de seguridad. Su hijo, sentado al lado del chofer, presenta moretones, esguinces y movimientos involuntarios en una mano. El padre de familia, por su parte, sufrió lesiones en la columna vertebral que le provocan dolor persistente.

Traslado imposible por falta de recursos

Según relata Eduardo Barrera, hijo de la afectada, el IMSS local se ha negado a proporcionar una ambulancia para el traslado interestatal, alegando carencia de presupuesto. La familia, que agotó sus ahorros en el alojamiento en Veracruz, señala que la institución los envía de un lugar a otro sin ofrecer una solución. “Nos traen vuelta y vuelta (…), no nos quieren dar la ambulancia. Dicen que no tienen presupuesto para la ambulancia, mi mamá ya está muy grave (…) Allá en Ciudad de México nos dijeron que tienen que salir de aquí porque es un traslado foráneo. Uno a otro se echan la bolita”, expresó Eduardo.

Atención médica insuficiente

La adulta mayor permanece hospitalizada en la clínica 14 del IMSS en Veracruz desde el accidente. Tras ser atendida previamente en el Hospital General 36 de Cardel, fue sometida a una traqueotomía y colocación de sonda gástrica el 14 de mayo. No obstante, desde entonces, según su hijo, solo recibe curaciones básicas sin intervención médica especializada. “Ya no reciben actualizaciones sobre su estado de salud”, agregó.

Impacto en la familia

La situación ha generado un impacto económico y emocional severo. Eduardo perdió su trabajo al tener que permanecer en Veracruz para cuidar a su madre, mientras que el resto de la familia duerme en la calle frente a la clínica, excepto cuando una persona solidaria les ofrece su vivienda. El costo de un traslado en ambulancia privada, que incluye equipo médico, asciende a 60,000 pesos, monto que no pueden afrontar.

Investigación del accidente

El chofer del autobús, identificado como parte de la empresa Medher (Autobuses Golfo SAG), fue atendido en el hospital de Cardel y no enfrenta cargos penales. Las autoridades no han esclarecido las causas del choque, aunque circulan videos donde se observa a los cuerpos de rescate extrayendo a los pasajeros por ventanas y puertas delanteras. La Fiscalía de Veracruz mantiene una carpeta de investigación abierta sin avances significativos, y la aseguradora Quálitas, responsable del seguro del vehículo, no ha brindado apoyo efectivo a los afectados.

Seguridad

Capturan a sospechosos de organización relacionada con invasión de vivienda de doña Carlota en Chalco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Ciudad de México llevaron a cabo la detención de **Lourdes Yohana “N”** y **Víctor Heladio “N”**, señalados como presuntos miembros del colectivo “Sindicato 22 de Octubre”. Este grupo está siendo investigado por su participación en actividades ilegales como invasión de propiedades y despojo violento de inmuebles.

Conexión con el caso de doña Carlota

Los arrestados están ligados al incidente de la invasión de la casa de **Mariana “N”** en Chalco, evento que culminó en un enfrentamiento mortal el **1 de abril**. Durante este episodio, **Carlota “N”**, madre de Mariana, abrió fuego contra los ocupantes ilegales, provocando la muerte de dos hombres.

Detalles de las capturas

Víctor Heladio “N” recibió la notificación de su aprehensión mientras cumplía una sentencia en el Centro Penitenciario y Reinserción Social de Chalco por extorsión. Por otro lado, Lourdes Yohana “N” fue arrestada en la Ciudad de México y trasladada al penal de Texcoco, donde se encuentra a disposición de un juez.

Participación en el desalojo ilegal

De acuerdo con las investigaciones, ambos participaron en la invasión de la propiedad ubicada en la colonia Hacienda de Guadalupe, junto con otras tres personas: Esaú “N”, Justin “N” (ambos fallecidos) y una mujer cuya identidad permanece reservada.

Secuencia de los hechos

Los reportes indican que el **27 de marzo** los ahora detenidos ingresaron ilegalmente al domicilio bajo el pretexto de haberlo “rentado por internet”. Los invasores retiraron objetos de la casa sin permiso, lo que llevó a Mariana “N” a presentar una denuncia inmediata.

El día siguiente, las autoridades visitaron el lugar y lo encontraron cerrado con candado, pero vacío. A pesar de las medidas de seguridad, la familia decidió recuperar la vivienda el **1 de abril**, lo que resultó en el trágico intercambio de disparos grabado en video y viralizado en redes sociales.

Estatus legal de los involucrados

Actualmente, Carlota “N” y sus hijos Mariana y Eduardo “N” están en prisión preventiva mientras enfrentan cargos por homicidio y tentativa de homicidio. Las fiscalías también continúan analizando las acciones del “Sindicato 22 de Octubre”, organización acusada de múltiples despojos violentos en la región.

Como parte del proceso, el Ministerio Público obtuvo del IFREM y el catastro municipal la documentación oficial del inmueble, otorgando la posesión legal a Mariana “N” el **4 de abril**.

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Política

INE exhorta a observadores electorales a cumplir normativas durante elecciones judiciales en Tlaxcala

Convocatoria a observadores responsables

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala emitió una llamada pública dirigida a los cuatro mil 368 ciudadanos acreditados como observadores electorales para las elecciones judiciales del 1 de junio. Su presidente, Jesús Lule Ortega, destacó que su participación debe regirse estrictamente por la normativa vigente, evitando cualquier acción que pueda interferir en el desarrollo de los comicios o en las labores de los funcionarios en las casillas.

Detalles del proceso de acreditación

De acuerdo con información proporcionada por la autoridad electoral, hasta el 15 de mayo se habían autorizado cuatro mil 151 solicitudes, cifra que aumentó con la aprobación de 217 adicionales el 28 de mayo. Sin embargo, se rechazaron 633 peticiones por encontrarse en situaciones prohibidas como servidores públicos, ligados a partidos políticos o vinculados a programas sociales. Otras 322 solicitudes no procedieron al no completar el curso obligatorio de capacitación, mientras que 732 personas no subsanaron observaciones durante su registro.

Reconocimiento a la participación ciudadana

La consejera Edith Salazar de Gante destacó el elevado interés de la población por involucrarse en el proceso electoral como observadores, subrayando la necesidad de que asuman su labor con sentido de responsabilidad. Por su parte, Arcelia Chama reiteró que su contribución es fundamental para garantizar elecciones transparentes que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Marco normativo y expectativas

Las autoridades electorales recordaron que los observadores deben cumplir con los derechos y obligaciones establecidos en la legislación, participando en todas las etapas del proceso. Lule Ortega enfatizó que esta figura ciudadana cumple un rol crucial como testigo del desarrollo conforme a derecho de los comicios, evitando que su participación se convierta en una herramienta de promoción partidista.

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Seguridad

PSOE y Sumar proponen implementar ‘corredor de emergencia’ en vías con tres carriles o más

Nueva normativa busca facilitar el paso de vehículos de rescate

Las formaciones que conforman el Ejecutivo conjunto han presentado de forma independiente una iniciativa legislativa destinada a establecer el ‘corredor de emergencia’ en carreteras con tres o más carriles en el mismo sentido. Esta disposición se enmarca dentro de las modificaciones propuestas a la norma que regula los límites de alcohol al conducir y la divulgación de ubicaciones de retenes viales.

La medida busca alinearse con países europeos como Austria, Alemania, Polonia y Croacia, que ya cuentan con regulaciones similares. Según detallan los documentos, se añadirían dos nuevas cláusulas al artículo 20 de la Ley de Seguridad Vial.

Condiciones específicas para su aplicación

El primer apartado establece que en situaciones de condiciones climáticas adversas, como nieve, se prohibirá el adelantamiento y se obligará a circular por el carril derecho. En vías con tres o más carriles, se permitirá usar el contiguo, reservando los de la izquierda exclusivamente para vehículos de emergencia y maquinaria de limpieza.

Además, Sumar propone limitar la velocidad de camiones pesados a 90 km/h en determinadas circunstancias, obligándolos a circular por el carril derecho sin realizar adelantamientos.

Normas para situaciones de tráfico denso

En escenarios de tráfico intenso donde los vehículos se desplacen a paso de peatón o se detengan, “deberán orillarse de manera que dejen un espacio libre para permitir el paso ante la aproximación de vehículos prioritarios”. Este espacio se denominará formalmente ‘corredor de emergencia’.

El diseño del corredor variará según la configuración de la vía: en rutas de dos carriles se formará entre ambos, mientras que en las de tres o más se ubicará entre el carril izquierdo y el adyacente.

Justificación de la medida

Los partidos argumentan que es fundamental regular el uso de carriles en situaciones meteorológicas extremas o de congestión vehicular. “Así, cuando la circulación se vea dificultada o interrumpida por las condiciones de la calzada a causa de la nieve, se deberá circular por el carril de la derecha dejando expedito el carril de la izquierda para la circulación de los vehículos de emergencia y quitanieves, ‘de manera que se posibilite el acceso de estos al lugar donde tiene su origen la retención para solventar su causa y, en su caso, restablecer la circulación'”.

Proceso legislativo en marcha

Estas disposiciones, junto con otras enmiendas, serán analizadas por la ponencia técnica de la ley para posteriormente ser discutidas y votadas en la Comisión del Interior del Congreso. La iniciativa original, presentada por PSOE, fue admitida a trámite a mediados de marzo.

El texto legal también contempla reducir la concentración máxima permitida de alcohol en sangre de 0.5 a 0.2 gramos por litro, y prohibir la difusión de información sobre controles de alcohol y drogas en redes sociales.

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