El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, anunció la prórroga del acuerdo que le permite emplear un helicóptero para sus desplazamientos dentro y fuera del departamento. La medida ha generado controversia por el costo asociado a este servicio, cuestionado por algunos sectores políticos.
Desglose de los costos
El gobernador negó que el gasto haya alcanzado los 3.000 millones de pesos como se había mencionado previamente, asegurando que el desembolso real fue de 2.400 millones. “Eso no tiene ningún problema. Son muy mentirosos cuando dicen que gastamos $3.000 millones, gastamos $2.400 millones. Entonces ya cuando no hay rigor, porque no se gastó todo, gastamos con estampillas $2.700 millones, $380 millones retornaron a la Gobernación, o sea, realmente se gastaron $2.400”, señaló.
Díaz Mateus destacó además un ahorro de 1.500 millones al no firmar contrato con la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que permitió reducir aún más el gasto real en transporte aéreo. “No hicimos contrato con la UNP, que son $1.500 millones, o sea, realmente gastamos $900 millones. Si ahorramos en combustible casi $200 y pico de millones, entonces $700 millones para poder hacer esto”, explicó el mandatario.
Razones del uso aéreo
El funcionario justificó el empleo de la aeronave como una herramienta esencial para optimizar su labor administrativa, argumentando que permite visitar múltiples municipios en corto tiempo. “Con estos medios podemos hacer tres municipios en un día. Sin ellos, sería imposible atender toda la agenda de trabajo”.
La Asamblea Departamental ha expresado desacuerdo con el gasto, particularmente por el diputado Danovis Lozano, quien ha señalado trayectos específicos y sus costos: Bucaramanga – Curití (39 millones), Bucaramanga – Barichara (18,7 millones) y Bucaramanga – Barrancabermeja (37,4 millones).
Polémica por prioridades
El legislador cuestionó el destino de los fondos, proponiendo que esos recursos podrían destinarse a otros fines más urgentes: “Los recursos públicos son finitos, son pocos y no hay que malgastarlos. ¿Cuántas cámaras de seguridad o equipos para la Policía se podrían comprar con esos recursos?”
Desde la Gobernación, se argumenta que las características geográficas de la región hacen necesario el transporte aéreo para garantizar acceso a zonas de difícil llegada por vía terrestre. El contrato, vigente con la empresa Volar Colombia, se renovará próximamente.
Debate sobre gestión pública
El tema ha generado un amplio debate sobre el uso de recursos en administraciones regionales. Mientras algunos consideran válido el empleo de medios aéreos para eficientar la gestión gubernamental, otros insisten en la necesidad de revisar prioridades presupuestales.
No se han presentado denuncias formales ante organismos de control, aunque existen peticiones ciudadanas por mayor transparencia. La Gobernación ha manifestado que los informes financieros están disponibles para revisión bajo la normativa de acceso a la información pública.
La renovación del acuerdo se encuentra confirmada, y el gobernador ha reiterado que continuará utilizando la aeronave para desarrollar su agenda institucional en el departamento.