La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) emitió una declaración oficial respecto a los disturbios registrados en su edificio principal durante la tarde del viernes. En el comunicado difundido mediante sus plataformas digitales, la institución educativa manifestó su disposición para sostener conversaciones con los alumnos sin considerar sus acciones como delitos.

Reconocimiento histórico a la movilización estudiantil

El documento oficial resalta la importancia histórica de las manifestaciones estudiantiles en la conformación de la institución actual. “Ante los hechos ocurridos esta tarde en el Edificio Administrativo, reiteramos nuestra apertura al diálogo con el estudiantado sin la criminalización de su protesta”, es parte del mensaje institucional.

Llamado a la unidad y solución de conflictos

La máxima casa de estudios extendió una invitación a todos los involucrados para que, a través del consenso, se puedan establecer soluciones que beneficien al desarrollo académico de la comunidad universitaria. La administración destacó la necesidad de mantener un enfoque de reconciliación y trabajo colectivo para superar esta situación.

Reanudan comunicación bilateral

Tras un periodo de tres meses sin contacto directo, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sostuvieron una conversación telefónica para discutir asuntos pendientes entre ambos países, entre ellos el controvertido impuesto del 3.5% a las remesas propuesto por la administración Trump y acciones conjuntas frente al narcotráfico.

Posición clara del gobierno mexicano

Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, De la Fuente dejó en claro que México se opone firmemente a la medida impositiva sobre las remesas, destacando que “el gobierno de México rechaza el impuesto de 3.5% que el gobierno de Trump pretende imponer a las remesas”. Además, se mencionó la próxima visita de legisladores mexicanos a Washington para tratar este tema en específico.

Acuerdos de seguridad fronteriza

El Departamento de Estado estadounidense destacó que en la plática se abordaron “prioridades compartidas, incluyendo los esfuerzos para asegurar la frontera entre México y Estados Unidos, desmantelar cárteles y promover seguridad económica en América del Norte”. Esta reunión virtual marca el primer contacto entre ambos altos funcionarios desde la visita del canciller mexicano a Washington el 27 de febrero, en el contexto de una reunión de seguridad con miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum.

Estructura de la relación diplomática

Durante su gestión al frente de la Cancillería, De la Fuente ha mantenido un rol secundario en la relación con Estados Unidos, concentrándose más en otros ámbitos diplomáticos. La coordinación bilateral ha estado principalmente a cargo de la Presidencia de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por cuestiones de combate al crimen organizado, y la Secretaría de Economía por temas comerciales.

Contactos recientes con exdiplomáticos

La única participación destacada del exrector de la UNAM en asuntos de política exterior con Estados Unidos en los últimos meses fue una conversación mantenida el 26 de febrero con Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México y actual subsecretario de Estado en la administración Trump.

Rezagados clave

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado ha señalado un retraso alarmante en la resolución de asuntos trascendentales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que alcanza hasta mil 500 días. Esta situación se presenta en momentos críticos, a dos días de la renovación completa del Poder Judicial.

Casos pendientes

Entre los expedientes que enfrentan retrasos significativos se encuentran varios de relevancia nacional, como la acción de inconstitucionalidad relacionada con la eliminación de 109 fideicomisos, el análisis sobre la militarización de los puertos, y el cumplimiento de una sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última condena al Estado mexicano por el uso indebido de la prisión preventiva oficiosa, considerada una violación a los derechos humanos.

Además, permanecen sin resolver los asuntos legales en torno a Jesús Murillo Karam, ex jefe de la extinta Procuraduría General de la República, implicado en la elaboración de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, y los procedimientos contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, involucrado en casos de corrupción como los escándalos de Odebrecht y Agronitrogenados.

Propuestas y preocupaciones

El partido Movimiento Ciudadano ha recordado que el tiempo promedio para resolver acciones de inconstitucionalidad era de 357 días, mientras que en las controversias constitucionales ascendía a 389 días. Sin embargo, varios de los casos actuales superan ampliamente estos plazos.

Ante este escenario, desde abril de 2024 se planteó la necesidad de establecer plazos definidos para la admisión, tramitación y resolución de asuntos en el máximo tribunal del país. La intención es combatir el retraso judicial que no solo es un problema operativo, sino que afecta el acceso a la justicia y la confianza pública en las instituciones.

La renovación del Poder Judicial plantea nuevos desafíos, ya que se ha señalado que algunos de los nuevos magistrados y jueces carecen de la experiencia necesaria, lo que podría agudizar la crisis de justicia actual.

Reformas incompletas

Mientras persistan los retrasos y la Corte continúe acumulando casos pendientes, cualquier reforma judicial se percibirá como incompleta, generando escepticismo en la población, que demanda resultados concretos y no solo declaraciones o promesas.