Decisión judicial complica estrategia arancelaria de Trump
Un fallo judicial en Manhattan ha invalidado la aplicación de aranceles generalizados por parte del gobierno estadounidense, introduciendo un nuevo factor de inseguridad en las relaciones comerciales internacionales. Esta medida judicial afecta a la mayoría de las tarifas que estaban programadas para reactivarse en julio, pero su permanencia dependerá del resultado de la batalla legal que se avecina.
Según expertos de Goldman Sachs consultados por agencia internacional, la administración podría buscar vías alternativas para implementar medidas proteccionistas. “La decisión judicial representa un revés para los planes de la administración e incrementa la incertidumbre, pero podría no cambiar el resultado final para la mayoría de los socios comerciales de EEUU”, comentó Alec Phillips.
Impacto práctico en importaciones
“En términos prácticos, esto añade un nuevo nivel de incertidumbre a la mezcla que tienen los importadores estadounidenses”
afirmó Lars Jensen, especialista en transporte marítimo. En una publicación digital, el experto explicó que ahora las empresas estadounidenses enfrentan dudas sobre la aplicación efectiva de los aranceles anunciados y la posibilidad de recuperar pagos realizados recientemente.
Legalidad de los aranceles cuestionada
El tribunal comercial federal neoyorquino consideró que el presidente excedió sus atribuciones al aplicar una legislación destinada a emergencias internacionales para justificar los aranceles. La sentencia señala que corresponde al Congreso la facultad sobre política comercial internacional, destacando que “no se puede permitir porque la ley federal no lo habilita”.
El fallo afecta a la mayoría de las tarifas generalizadas, exceptuando aquellas específicas para acero, aluminio y sector automotriz. La administración estadounidense ha iniciado el proceso de apelación con la posibilidad de llegar hasta la corte máxima del país.
Escenario comercial internacional
En el momento del fallo, Estados Unidos aplicaba un arancel del 30% a productos chinos, respondido con un 10% por Pekín, y del 25% a ciertos productos mexicanos y canadienses. La suspensión temporal de la mayoría de los aranceles a China desde mayo había frenado la contramedida china del 125%.
El entorno actual plantea interrogantes sobre posibles modificaciones en las tarifas reciprocas, especialmente si China decidiera eliminar su arancel del 10% en respuesta a una eventual eliminación del 30% estadounidense.
Antecedentes del litigio
El proceso judicial surgió de dos demandas presentadas por un grupo de pequeñas empresas importadoras afectadas y por doce estados federados. Las empresas, que incluyen desde bodegueros de Nueva York hasta fabricantes de instrumentos de Virginia, argumentaron que “las tarifas han impactado a su capacidad de hacer negocios”.
La acción estatal, encabezada por el fiscal de Oregon, calificó las medidas como “ilegales, imprudentes y económicamente devastadores”. Al menos cinco casos adicionales contra los aranceles permanecen pendientes de resolución, mientras la Casa Blanca mantiene su desacuerdo con el veredicto cuestionando la legitimidad de los jueces no electos.