Condena judicial por atentado periodístico

Un tribunal emitió sentencia definitiva contra dos individuos vinculados con el atentado armado contra el comunicador Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022. La resolución fue emitida por un Juez de Control y confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalles de los condenados

Entre los sentenciados figura Pedro “N”, conocido como “El Pool”, quien asumió su responsabilidad penal durante el procedimiento abreviado. Este sujeto fue considerado coautor material del ataque, al haber coordinado la ejecución del plan criminal bajo órdenes de un líder de organización delictiva.

El segundo condenado es Héctor Eduardo “N”, identificado como el autor material del disparo contra la unidad del periodista. La investigación federal determinó que actuó con intención clara de matar, dirigiendo los tiros a zonas vitales del vehículo.

Penas impuestas y contexto del ataque

El juzgador impuso 12 años de prisión para “El Pool”, repartidos entre los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Por su parte, Héctor Eduardo “N” recibió una condena de 14 años de cárcel.

El atentado se materializó mediante disparos contra la camioneta del periodista, los cuales no resultaron en heridas gracias al blindaje del vehículo. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) contribuyó a esclarecer el caso.

Tragedia en celebración tradicional

Un animal utilizado en un espectáculo taurino escapó de la zona designada durante un evento religioso en Perú, provocando un escenario de pánico colectivo. Según reportes iniciales, aproximadamente tres decenas de personas resultaron con heridas de diversa consideración, incluyendo seis casos clasificados como críticos por el personal médico.

Las autoridades locales indicaron que el incidente se registró el domingo 8 de junio en una estructura provisional destinada a este tipo de actividades. Mientras se desarrollaba una corrida vinculada a las festividades en honor al Señor de Andamarca, un toro logró sobrepasar las barreras de contención, irrumpiendo en una sección elevada destinada a los encargados del evento.

Consecuencias médicas y respuesta de emergencia

El centro hospitalario regional confirmó la recepción de múltiples pacientes con daños físicos variados, destacando entre ellos un caso con heridas abiertas y una lesión cerebral moderada que requirió observación permanente. El cuerpo de rescatistas profesionales colaboró en la evacuación de heridos, aunque también se registró la participación ciudadana en el traslado de afectados.

“En medio del caos, el personal de la Compañía de Bomberos acudió al lugar y colaboró con los asistentes en el traslado de los heridos. Otros afectados fueron evacuados por los propios pobladores”, declararon los representantes gubernamentales de la zona.

Impacto en redes sociales

Un registro audiovisual que captura el momento del escape ha generado intensa discusión en plataformas digitales, acumulando miles de visualizaciones. Las opiniones expresadas reflejan posturas encontradas sobre la práctica de estos eventos, con comentarios que van desde “Los toros NO SON entretenimiento. Merecido por maltratar animales” hasta expresiones de solidaridad con los heridos.

“Pobre toro, lo asustaron demasiado, y la gente bueno, que se recuperen de a poco”

Nueva investigación contra agrupación regional

La Fiscalía Jalisciense ha iniciado un proceso legal contra Los Alegres del Barranco por presuntas ganancias obtenidas mediante actividades ilegales, según el artículo 310 del Código Penal estatal. La normativa establece penas que oscilan entre cinco y quince años de cárcel para estos casos.

El origen del caso se remonta a un concierto realizado en marzo de 2025 en el recinto cultural de Zapopan, donde durante la interpretación del corrido “El del Palenque” se mostraron imágenes de figuras vinculadas al narcotráfico. La cantidad de 5,870,000 pesos provenientes del evento fue retenida por las autoridades.

Descartan ilegalidad en recursos económicos

La agrupación musical negó haber recibido ingresos provenientes de actividades ilícitas, asegurando que sus composiciones “narran vivencias de la comunidad” y que todos sus contratos cumplen con la normatividad vigente. Asimismo, destacaron que no existen restricciones ni bloqueos en sus cuentas financieras.

Respecto a los ingresos del concierto en el recinto de Zapopan, la agrupación señaló que el organizador del evento será quien determine el momento adecuado para presentar su defensa ante las autoridades competentes.

Propuesta alternativa de reintegración

El mandatario estatal, Pablo Lemus, planteó una iniciativa para evitar el proceso judicial: que el grupo participe en actividades educativas y conciertos con contenido positivo dirigido a jóvenes. “Queremos que estas figuras culturales contribuyan a prevenir conductas delictivas mediante mensajes constructivos”, comentó el gobernador.

Según la propuesta gubernamental, estas actividades se desarrollarían en centros de reinserción juvenil o comunidades en situación vulnerable, como parte de un programa respaldado por la dependencia cultural estatal. La administración local indicó que esta estrategia será monitoreada por instituciones oficiales, y que únicamente si se demuestra un impacto positivo y compromiso auténtico por parte del grupo, se evaluará la posibilidad de disminuir sanciones o autorizar nuevas presentaciones en la entidad.