El estado de Chihuahua se encuentra inmerso en un proceso electoral inédito al elegir por primera vez sus 305 cargos judiciales, evento que se desarrolla en medio de una marcada confrontación política entre las fuerzas del PAN y Morena. Esta transición de un sistema de nombramientos a uno electoral se convierte en un escenario de disputa para ambas formaciones políticas.
Clivajes internos en Morena
El analista Carlos Murillo Martínez destacó que dentro de Morena operan tres núcleos diferenciados en el estado: uno encabezado por el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; otro por la delegada de Bienestar, Mayra Chávez Jiménez; y un tercero liderado por los senadores Juan Carlos Loera y Andrea Chávez. Cada grupo ha desarrollado sus propios mecanismos de apoyo electoral.
El especialista señaló que hasta el momento se han detectado 14 acordeones diferentes que circulan entre la población, documentos que contienen recomendaciones sobre por quién votar según la materia judicial (Civil, Penal, Familiar) y órganos jurisdiccionales específicos.
Denuncias de presión electoral
Una empleada de la Fiscalía General del Estado, quien solicitó el anonimato, reveló que desde mediados de mayo se instruyó a todos los trabajadores de las distintas delegaciones estatales a recolectar datos personales de 10 ciudadanos que asistirían a votar. Esta práctica también fue denunciada en el Ayuntamiento de Juárez, donde empleados reportaron haber sido requeridos para entregar listados similares.
El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fue exhibido en un video donde arengaba a sus colaboradores y presuntos militantes a participar activamente en la jornada electoral, señalando que esta elección representa un paso fundamental para sus aspiraciones políticas futuras.
Cuestionamientos sobre legitimidad
El abogado Jaime García Chávez criticó duramente el proceso, afirmando que “Cruz Pérez pone sus candidatos, María Eugenia pone sus candidatos y entonces un Poder Judicial envilecido es lo que vamos a tener“. Cuestionó la autenticidad democrática del evento, considerándolo una traición al pueblo originada por la decisión del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, exPAN, cuyo voto clave permitió la reforma judicial.
El analista planteó la posibilidad de una abstención electoral activa, sosteniendo que el Poder Judicial no debería ser electo popularmente al no tratarse de un órgano representativo como los otros poderes del estado. Destacó que a diferencia de otras elecciones, en este caso no existirá mecanismo de nulidad por baja participación ciudadana.
Operación electoral inédita
Murillo Martínez describió el proceso como “una operación electoral sin precedentes, muy novedosa y un experimento“. Señaló que la elección podría convertirse en un modelo corporativo similar al utilizado por sindicatos hace siete décadas, donde los votos se canalizan de forma organizada sin considerar las preferencias individuales.
Además de los partidos políticos, se han identificado acordeones provenientes de instituciones religiosas, grupos masónicos y organizaciones empresariales, todos ellos orientando el voto ciudadano hacia candidatos específicos.