El regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense en enero marcó un giro radical en las políticas comerciales tradicionales, orientado hacia un proteccionismo agresivo mediante la imposición de aranceles a productos extranjeros. Esta estrategia ha generado inestabilidad en los mercados financieros y preocupación entre los consumidores debido a la constante fluctuación en los gravámenes.
El enfoque del mandatario se caracteriza por anuncios sucesivos de nuevas tarifas, seguidos de suspensiones temporales y posterior reapertura de nuevos impuestos. Esta dinámica ha generado un entorno de incertidumbre que afecta la planificación empresarial y ha generado alertas entre economistas sobre posibles aumentos en los precios y una posible desaceleración del crecimiento económico.
Marco legal de los aranceles
Trump argumenta que los aranceles fortalecerán la industria nacional, incentivarán el regreso de la producción a territorio estadounidense y generarán ingresos federales. Sin embargo, un fallo judicial reciente ha cuestionado los límites de su autoridad en materia de tarifas comerciales.
La Constitución estadounidense otorga al Congreso la facultad de establecer impuestos, incluidos los aranceles. No obstante, a través de diversas legislaciones, el poder legislativo ha transferido parcialmente esta facultad al Ejecutivo. Entre las leyes utilizadas por Trump se encuentran la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, empleada para gravar acero, aluminio y posteriormente automóviles, así como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada en la disputa comercial con China.
Uso de la IEEPA y controversias
Buscando agilizar el proceso, el presidente recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Esta herramienta le permitió declarar emergencias nacionales relacionadas con la entrada ilegal de inmigrantes y drogas, justificando aranceles contra Canadá, China y México. Posteriormente amplió esta medida a casi todos los países, alegando que los déficits comerciales históricos constituían una emergencia.
La legalidad de estos aranceles ha sido cuestionada en múltiples ocasiones. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que Trump excedió su autoridad al aplicar tarifas globales que no abordaban adecuadamente los problemas identificados. La administración apeló la decisión, y un tribunal federal autorizó la continuidad en la recaudación durante el proceso judicial.
Posibles alternativas legales y reacciones institucionales
Ante esta situación, el Congreso ha intentado reafirmar su autoridad mediante iniciativas legislativas, como el proyecto presentado por los senadores Chuck Grassley y Maria Cantwell. Esta propuesta busca que el Ejecutivo deba justificar ante el legislativo cualquier nueva tarifa, estableciendo un plazo de 60 días para su aprobación o caducidad. No obstante, las posibilidades de que esta iniciativa se convierta en ley son consideradas limitadas.
El fallo judicial sugirió alternativas legales disponibles para el presidente, como la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, aunque con limitaciones en porcentaje y duración. Otras opciones incluyen la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930 y la Sección 201 de la Ley de Comercio de 1974, cada una con requisitos específicos relacionados con investigaciones previas.
Destino de los recursos obtenidos
Los ingresos generados por los aranceles se destinan al Tesoro de Estados Unidos, integrándose en los fondos para gastos gubernamentales. En caso de que los tribunales confirmen la ilegalidad de los gravámenes, el dinero sería reembolsado a las empresas afectadas. Las proyecciones indican que la recaudación por esta vía ascendió a aproximadamente 22,000 millones de dólares en mayo, con estimaciones previas situando entre 40,000 y 60,000 millones los recursos obtenidos antes de la anulación judicial.
Deporteshace 3 semanas
Políticahace 3 semanas
Internacionalhace 3 semanas
Deporteshace 3 semanas
Seguridadhace 3 semanas
Economíahace 3 semanas
Deporteshace 3 semanas
Políticahace 3 semanas