Indicadores preocupantes de impunidad
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha señalado que “la impunidad en México es un rasgo estructural”. Según información del INEGI, aproximadamente el 95% de los delitos en el país no llegan a ser denunciados, y de los pocos que ingresan al sistema judicial, menos del 1% terminan en sentencias con reparación del daño. Esta situación, de múltiples causas, tiene en las fiscalías estatales y la FGR a sus principales responsables.
Fallas sistémicas en el aparato judicial
El sistema de procuración de justicia es responsable de que el 99% de los crímenes queden impunes, debido a fallas desde el momento en que se genera un informe policial hasta el proceso de llevar el caso a juicio. Se presentan huecos en investigaciones, ausencia de soporte pericial y falta de capacidad técnica para litigar. Además, las personas que buscan denunciar enfrentan trámites engorrosos, funcionarios que prolongan tiempos de atención o que canalizan casos a otras instancias, generando estadísticas que aparentan menor delincuencia.
El modelo anticuado y sus consecuencias
Durante mucho tiempo, las fiscalías basaron la prueba en los registros escritos de las averiguaciones previas, sin necesidad de evidencia sólida. Sin embargo, con el cambio a un modelo que exige teoría del caso y pruebas sólidas, se evidenciaron deficiencias institucionales, agravadas por la falta de servicios periciales independientes, políticas claras de priorización de casos y ausencia de uso de pruebas científicas.
Disfunciones en el sistema de detención
Actualmente, el policía que detiene a una persona en flagrancia puede no ser el mismo que firma el informe ni el que asiste a la audiencia, lo cual no es responsabilidad del Poder Judicial. Esta situación refleja problemas de transparencia y coordinación dentro del sistema de seguridad y procuración de justicia.
Responsabilidades políticas y críticas
En febrero de 2024, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, acusó al Poder Judicial de la Federación de ser responsable de la impunidad generalizada, señalando prácticas de nepotismo, privilegios e inoperancia. Sin embargo, la reciente elección judicial difícilmente resolverá el problema sin reconocer que las fiscalías son el origen del problema.
Herencia autoritaria en las fiscalías
La autonomía no eliminó los rasgos represivos de las fiscalías, que históricamente sirvieron como instrumentos de control social durante el régimen del partido único en el siglo XX. Estas instituciones perfeccionaron la tortura como técnica especializada y usaron la detención arbitraria y la fe pública para encubrir estadísticas, resolver casos sin pruebas y condenar a inocentes.
Ejemplos de actuación selectiva
Esta cultura autoritaria persiste. Casos como el encarcelamiento de Alejandra Cuevas por cuestiones familiares, la detención del activista indígena Pablo López Alavez, o los 19 años en prisión de Israel Vallarta, a pesar de que el fiscal Gertz Manero reconoció que fue un montaje, muestran un funcionamiento selectivo del sistema judicial, que contrasta con su incapacidad para resolver miles de casos de desaparición, tortura o feminicidio.
Polémicas reformas y futuras decisiones
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia mantiene una herramienta considerada autoritaria: la prisión preventiva oficiosa, que permite la detención automática de personas durante investigaciones y juicios. La Cuarta Transformación, que impulsó una reforma judicial, no ha tocado a las fiscalías, sino que ha ampliado la prisión preventiva, contradiciendo una sentencia de la Corte Interamericana.
El dilema de la justicia en México
El reto es decidir entre combatir la impunidad o mantener fiscalías que abusan de su poder. Se necesita una autonomía real, procesos de refundación institucional, renovación de personal y eliminación de la prisión preventiva oficiosa, en lugar de simplemente restablecer el control de las fiscalías por parte de los ejecutivos locales.
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