Internacional

Gobierno guatemalteco desmiente legalidad de órdenes de arresto contra exrepresentantes de la Cicig

Rechazo oficial a medidas judiciales

El gobierno de Guatemala emitió un comunicado oficial desmintiendo la legalidad de las órdenes de captura emitidas por un tribunal local contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador colombiano en el Vaticano, Iván Velásquez. Según el escrito divulgado la noche del lunes 2 de junio, la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones carecía de fundamento legal y formaba parte de una maniobra encubridora de actos de corrupción.

“Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”, indicaron en el comunicado oficial.

Conspiración contra investigaciones anticorrupción

El gobierno centroamericano denunció que estas acciones buscaban obstaculizar las investigaciones que ambos funcionarios habían realizado en relación con la constructora brasileña Odebrecht y la participación de altos exfuncionarios guatemaltecos. “Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala”, afirmaron las autoridades.

El comunicado también mencionó que ya se habían iniciado contactos con el gobierno colombiano para presentar objeciones diplomáticas. “Ya se está en contacto con las autoridades del país hermano de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan, en el ánimo de no afectar la honra de la Nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público”, concluyó el texto oficial.

Reacciones políticas y sociales

La noticia generó una ola de reacciones tanto de sectores políticos guatemaltecos como colombianos. Iván Velásquez, en su cuenta de X, señaló: “Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí”.

Jorge Enrique Rojas, exvicecanciller colombiano, defendió a ambos funcionarios: “No les perdonan sus acciones contundentes contra la corrupción en Guatemala. Al ex ministro Iván Velásquez y a la Fiscal Luz Adriana Camargo les están cobrando la contundencia de las acciones realizadas entre 2014 y 2017 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) implementada en ese país por la ONU”.

Por otro lado, Enrique Gómez Martínez, líder de Salvación Nacional, exigió la renuncia de Camargo: “Es insostenible tener una Fiscal General con una orden de captura activa, Luz Adriana Camargo debería renunciar y enfrentar sus líos judiciales por fuera del cargo”.

Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, también criticó la decisión judicial: “Las órdenes de captura contra Iván Velásquez y Luz A. Camargo, Fiscal General de Colombia, hacen parte del patrón del MP [Ministerio Público] de usar la acción penal de forma arbitraria contra decenas de operadores judiciales, líderes sociales y periodistas que han denunciado corrupción”.

Internacional

Trump cumple fallo judicial y reintegra a Estados Unidos a guatemalteco deportado irregularmente

Orden judicial obliga a reintegrar a inmigrante guatemalteco

El gobierno de Donald Trump ha cumplido con una disposición judicial federal que ordenaba el regreso de un ciudadano guatemalteco que fue deportado indebidamente a México. Esta acción representa el primer caso documentado en que la administración republicana acepta el retorno de un extranjero que fue expulsado del país sin los protocolos legales correspondientes.

El individuo, identificado únicamente como O.C.G., fue autorizado a reingresar a territorio estadounidense el miércoles, según confirmación proporcionada por Trina Realmuto, líder de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, organización que representa legalmente al afectado. Se espera que permanezca bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras tramita su situación migratoria ante un tribunal especializado.

Proceso irregular y riesgos en su país de origen

El caso tomó relevancia luego de que un tribunal de inmigración emitiera una resolución protegiendo al guatemalteco de ser repatriado. Sin embargo, funcionarios estadounidenses lo trasladaron por autobús a México, desde donde fue posteriormente deportado a Guatemala. Según sus representantes legales, el inmigrante corre riesgos graves en su país de origen por su condición sexual, además de haber sufrido violencia sexual durante su estancia en México.

La subdirectora del DHS, Tricia McLaughlin, defendió inicialmente la decisión afirmando que México “era una tercera opción segura para él, en espera de su solicitud de asilo”. Esta justificación fue rechazada por el juez Brian Murphy del Tribunal de Distrito de Massachusetts, quien emitió la orden de regreso tras determinar que hubo errores en su expulsión.

Antecedentes de acciones similares

Este no es el primer caso donde jueces federales exigen a la administración Trump el retorno de migrantes deportados irregularmente. En marzo, un ciudadano salvadoreño llamado Kilmar Ábrego García fue expulsado pese a contar con una protección judicial vigente, situación que el gobierno reconoció como error administrativo pero negó poder revertir por estar ya bajo custodia de otro país.

“Esta no es la primera vez que un juez federal ordena a la administración Trump traer de vuelta a un migrante deportado”, confirmó un comunicado de la organización defensora de derechos migratorios.

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Internacional

Trump reinstaura restricción migratoria afectando a doce naciones

El mandatario estadounidense Donald Trump ha reactivado una medida restrictiva migratoria similar a la implementada durante su primer periodo gubernamental, según revelaron fuentes oficiales este miércoles 03 de junio.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, se detalló que mediante una proclamación presidencial, se estableció una nueva política que limita el acceso al territorio estadounidense para ciudadanos de doce países extranjeros.

Contexto de la medida

Esta acción gubernamental, difundida oficialmente el miércoles por la noche, representa una reapertura de políticas aplicadas previamente durante la administración Trump, particularmente durante su primer año de gestión.

Según información proporcionada por autoridades federales, “la proclamación impide la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de una docena de países”, sin especificar aún cuáles son las naciones afectadas.

Reacciones gubernamentales

La noticia ha generado rápidamente comentarios de diversos sectores políticos y sociales tanto dentro como fuera de Estados Unidos, aunque no se han proporcionado declaraciones oficiales inmediatas sobre el tema por parte de otras instancias gubernamentales.

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Internacional

Organización con financiamiento estadounidense suspende actividades en Gaza ante alerta israelí

Una institución con apoyo financiero de Estados Unidos e Israel ha decidido paralizar temporalmente sus operaciones en la Franja de Gaza, según anunció este miércoles, al mismo tiempo que las autoridades israelíes emitieron una advertencia sobre las vías de acceso a estos puntos de asistencia humanitaria.

Detalles del cierre y declaraciones oficiales

Los centros de distribución estarán cerrados por obras de renovación, reorganización y mejora de la eficiencia”, afirmó la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), organización cuyos fondos provienen de fuentes poco claras. La suspensión tendría una duración breve, ya que indicaron que las labores reanudarían el jueves.

El ejército israelí emitió un comunicado en el que recomendó evitar el desplazamiento por las rutas que conducen a estos sitios, señalando que dichas zonas son consideradas áreas de combate.

Antecedentes de violencia y críticas internacionales

La determinación de la GHF se produce después de varios episodios violentos que han tenido lugar cerca de sus puntos de entrega, los cuales han generado condenas por parte de organismos internacionales. Organizaciones como la ONU y otros grupos humanitarios han expresado su desacuerdo en colaborar con esta fundación, alegando desconfianza en sus mecanismos operativos, en su imparcialidad y en posibles vínculos con intereses militares israelíes.

Asimismo, se reportó que bombardeos ejecutados por Israel el día de ayer cobraron la vida de al menos 48 personas en Gaza, entre ellas 14 que fallecieron al ser alcanzadas por un ataque a un campamento de refugiados en una tienda de campaña.

Reacciones de la comunidad internacional

El gobierno del Reino Unido solicitó este miércoles una investigación independiente sobre estos hechos, respaldando la solicitud realizada previamente por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El subsecretario británico para Oriente Medio, Hamish Falconer, describió como “profundamente preocupantes” las muertes de civiles palestinos y aseguró que “nadie debería arriesgar su vida simplemente por buscar alimento”.

Tom Fletcher, coordinador humanitario de la ONU, señaló que “estos no son incidentes aislados” y enfatizó la necesidad de responsabilidades claras en estos casos.

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