La organización campesina Puerto México-Ixcuinquitlapilco, representando a habitantes de San Agustín Tlaxiaca, realizó un plantón frente a las oficinas estatales de la Comisión Nacional del Agua. Los agricultores exigen la culminación de cuatro pozos de riego que permanecen sin construir desde hace 20 años, pese a poseer los permisos oficiales correspondientes.

Reclamo por incumplimiento gubernamental

Un grupo aproximado de 150 productores rurales arribó al lugar desde horas matutinas portando mantas de protesta. Entre sus demandas principales, destacó la solicitud de intervención directa del gobernador Julio Menchaca Salazar para solventar esta carencia histórica. Los manifestantes subrayaron que la falta de financiamiento ha impedido ejecutar las obras que garantizarían su actividad productiva.

Historial de promesas incumplidas

Los agricultores denunciaron públicamente que desde el año 2005 Conagua se comprometió a construir ocho pozos para uso agrícola, pero únicamente cuatro se han concretado. La organización responsabilizó al subdirector Aaron Mastache Maldonado de la actual situación, señalando que desde 2023 no han obtenido respuesta a sus peticiones de reunión.

Diálogo y acuerdos preliminares

El director general de Conagua, Félix Brambila Mendoza, atendió personalmente a los protestantes y manifestó disposición para resolver el conflicto. Durante una reunión interna, se estableció un comité de representantes campesinos que recibirá información sobre la asignación de recursos necesarios para ejecutar las obras pendientes.

Plazos y consecuencias definidas

Según el documento acordado, si transcurridas cuatro mesas de trabajo no se logra avance concreto, los campesinos advertirán con acciones más contundentes para presionar al organismo federal. Como parte del compromiso, las autoridades se obligaron a entregar copias de los títulos de concesión y documentación legal relacionada con los pozos inconclusos.

Intervención policial en oficina de Medellín

Un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional permitió detectar una oficina en el barrio El Poblado de Medellín que operaba como punto de manejo de recursos provenientes de actividades ilegales. Durante el allanamiento se encontraron tres equipos contabilizadores de billetes, dispositivos informáticos y varios teléfonos móviles.

El procedimiento culminó con la detención de Veruska Torres Fernández, quien fue sorprendida en posesión de 700 millones de pesos en efectivo de diversas denominaciones. Las autoridades vinculan estos fondos a rentas criminales generadas por organizaciones delictivas como La Terraza y Los Triana en el Valle de Aburrá.

Medida judicial y proceso legal

En audiencia de control de garantías, un tribunal ordenó prisión preventiva para la imputada, medida que fue apelada por su defensa. La decisión judicial busca garantizar la continuidad del proceso investigativo y la presencia de la acusada durante las etapas judiciales posteriores.

Los elementos incautados, incluyendo equipos electrónicos y documentación, serán analizados para determinar posibles conexiones con otros involucrados en el esquema delictivo. La Fiscalía confirmó que la investigación continúa abierta para identificar el flujo financiero y posibles beneficiarios adicionales.

Contexto del lavado de activos en Colombia

Las autoridades han detectado diversas modalidades utilizadas por organizaciones criminales para integrar dinero ilegal al sistema financiero, incluyendo el uso de criptomonedas y técnicas de fraccionamiento bancario conocidas como ‘pitufeo’. Estas prácticas generan distorsiones económicas y afectan la competitividad del sector empresarial formal.

Medellín, por su ubicación estratégica y contexto histórico, ha sido escenario de múltiples operativos contra redes de blanqueo de capitales. Un caso reciente fue la captura en noviembre de 2024 de seis presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes habrían manejado más de 72.000 millones de pesos colombianos a través de estructuras empresariales ficticias y activos de alto valor.

Investigación a constructora del teleférico

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó este jueves que se realizará una auditoría a CEMS Constructora SA de CV, empresa responsable del teleférico en el Parque Estatal ‘Flor del Bosque’, así como a los involucrados en su construcción. La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) serán las encargadas del análisis.

“Vamos a pedir a la Fiscalía y Secretaría de Finanzas que solicite una auditoría a esa obra, y si hay responsables vivos que se actúe, porque ya estuvo bien de que todavía sigan recibiendo beneficios”, señaló el mandatario estatal durante la conferencia de prensa en el mismo parque.

Denuncia contra esquemas de obra pública

Armenta Mier acusó que durante el gobierno anterior se estableció una red de corrupción que afectó al estado con proyectos como el Museo Internacional Barroco (MIB) y el teleférico, considerados obras “faraónicas”. El gobernador aseguró que su administración no permitirá la impunidad, aunque aclaró que no hay persecución política.

Según el funcionario, los esquemas de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y Asociación Público-Privada (APP) generaron deuda oculta y beneficios indebidos para algunos servidores públicos. “Los APP y PPS fueron a 20 o 30 años es un fraude y un acto de corrupción, que implica un ingreso mal habido periodicamente a una persona, vamos a ver quienes son los complices y hay que actuar”, sentenció.

Costos elevados y nueva iniciativa legislativa

El mandatario detalló que el desmantelamiento del teleférico representa un gasto de 3.5 millones de euros para el erario, mientras que su puesta en funcionamiento costaría 1.2 millones de euros, debido a que se trata de un modelo prototipo. Además, anunció la creación de la Ley Antimilpa para sancionar actos de corrupción en el gobierno.

“La Ley Antimilpa -que alude al pago de prebendas o moches- está pensado para que los que quieran ser gobernantes, no estén pensando cuánto se van a llevar por cada peso en obra pública, hay que venir a servir, no aservirse”, indicó Armenta Mier, quien criticó que el teleférico fue construido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas con un costo final de 359 millones de pesos, superando en 116% el presupuesto original.