Comienzo del debate en el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) iniciará este martes el examen del borrador de sentencia relacionado con la ley de amnistía. Este análisis se basará en el documento elaborado por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, magistrada de tendencia progresista, quien presentará su propuesta durante un Pleno ordinario. La ponencia, que consta de 191 páginas, busca responder al recurso interpuesto por el Partido Popular (PP), enfocado en cuestionar la legalidad de la normativa.

Según el orden del día del Pleno, esta sesión se centrará en el “estudio inicial” del caso, sin que se realice ninguna deliberación formal. Montalbán se limitará a exponer su razonamiento ante el resto de magistrados, sin avanzar en decisiones concretas.

Argumentos a favor de la ley de amnistía

El informe de Montalbán sostiene que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”. Con este fundamento, la magistrada rechaza la posibilidad de extender la prohibición de los indultos generales al caso de la amnistía, destacando que “el silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición de una institución”.

Además, el documento advierte que limitar las opciones legislativas “conllevaría la infracción del principio democrático, eje vertebrador de nuestro sistema constitucional”. En este sentido, se afirma que “privar a la mayoría parlamentaria de opciones legislativas que no han sido suprimidas por el constituyente” sería una violación a las bases del Estado.

Respuesta al cuestionamiento político

Ante las críticas del PP, que señalaba que la ley de amnistía respondía a “una transacción política para asegurar la investidura a la Presidencia del Gobierno”, Montalbán indica que “las leyes siempre responden a criterios de oportunidad política”, por lo que “su porqué es jurídicamente indiferente”.

La magistrada enfatiza que el TC debe realizar “un control meramente externo” para verificar las “circunstancias extraordinarias” que permiten conceder una amnistía, sin profundizar en el “juicio político subyacente”. Tras este análisis, concluye que la norma “no es un capricho” ya que busca “mayor paz ciudadana”.

Reconocimiento de aspectos problemáticos

No obstante, el documento reconoce tres puntos críticos señalados por el PP. En primer lugar, se considera inconstitucional “la asimetría” en la aplicación de la amnistía entre quienes apoyaron y se opusieron al ‘procés’. En segundo lugar, se cuestiona “una habilitación insólita” que podría permitir “continuar con actividades criminales en el futuro”. Por último, se señala que la ley solo requiere escuchar “a Fiscalía y a los organismos públicos perjudicados” para pedir el archivo de causas en el Tribunal de Cuentas.

Impacto en líderes independentistas

El informe de Montalbán no aborda específicamente el delito de malversación, ya que el PP no lo solicitó de manera explícita. Esto implica que será necesario esperar a los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas para que el TC emita su criterio sobre esta cuestión.

El Tribunal Supremo (TS) ha interpretado que la malversación en el contexto del ‘procés’ es una excepción que impide aplicar plenamente la amnistía a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Según el TS, estos líderes utilizaron fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 con un interés partidista, en lugar de aportar recursos de su bolsillo.

Además, el alto tribunal sostiene que el ‘procés’ afectó los intereses financieros y económicos de la Unión Europea, lo cual constituye otra excepción en la aplicación de la amnistía. El objetivo de lograr la independencia de Cataluña habría generado una pérdida de ingresos comunitarios.

Procedimientos pendientes y futuros pasos

Ante este escenario, se espera que las órdenes de detención contra Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, así como las inhabilitaciones de Junqueras y otros condenados por el ‘procés’, permanezcan vigentes incluso si la ley de amnistía es declarada constitucional.

Los líderes independentistas podrían presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), siguiendo una estrategia similar a la utilizada por el Supremo en resoluciones anteriores. Esto permitiría obtener una interpretación vinculante sobre el impacto del ‘procés’ en los intereses comunitarios.

Calendario y obstáculos en el TC

El debate en el Tribunal Constitucional continuará en el Pleno que comenzará el 24 de junio, con la expectativa de que se emita una sentencia definitiva. Durante este periodo, se resolverán las peticiones pendientes del PP, el Senado y los magistrados conservadores Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel, quienes han solicitado que se suspenda la sentencia hasta que el TJUE resuelva las cuestiones relacionadas.

Además, se espera una decisión sobre la recusación del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, por la participación de su esposa en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que emitió un informe sobre la ley de amnistía. Por otro lado, el magistrado conservador José María Macias ya fue apartado del caso tras las recusaciones presentadas por la Fiscalía.

El presidente del TC ha habilitado la última semana de junio para avanzar en el debate, aunque ha rechazado ampliar el calendario más allá de esta fecha. Fuentes de la mayoría progresista del tribunal consideran que las peticiones conservadoras son “maniobras dilatorias” que no tienen fundamento jurídico, anticipando que serán rechazadas en el Pleno.

Próximos pasos en el TC

Una vez resuelta la primera sentencia sobre la ley de amnistía, el Tribunal Constitucional mantendrá un enfoque discreto hasta la vuelta del verano. Posteriormente, abordará otros recursos relacionados con la norma, incluyendo los presentados por comunidades autónomas gobernadas por el PP y el Ejecutivo de Emiliano García Page.

El TC también examinará las cuestiones formuladas por el Tribunal Supremo, el TSJ de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid, antes de atender los recursos de amparo de los líderes del ‘procés’. Aunque se espera que el tribunal responda a cada impugnación, su criterio se basará en la primera sentencia, considerando que el recurso del PP abordó la totalidad de la ley de amnistía.

Con base en esto, se estima que el Tribunal Constitucional continuará con los trámites relacionados a la norma durante el próximo año, gestionando aproximadamente una treintena de asuntos vinculados a la amnistía.