Reactivan iniciativa de reforma penal contra delitos cibernéticos
El Congreso local de Puebla anunció que retomará la discusión sobre una reforma que castigará con penas de prisión delitos digitales, incluyendo acoso en línea, usurpación de identidad, espionaje informático, fraude electrónico, acceso no autorizado a sistemas y prácticas de acercamiento indebido a menores en internet. La iniciativa, presentada originalmente el 6 de noviembre de 2024 por José Luis García Parra -actual coordinador de Gabinete estatal- permaneció siete meses sin avances en comisiones.
Castigos y multas propuestas
La propuesta establece penas de entre uno y tres años de prisión para casos de ciberacoso y espionaje digital, o multas equivalentes a hasta 250 Unidades de Medida de Actualización (28,285 pesos). Para otras modalidades de ciberdelincuencia, la sanción máxima alcanzaría los cuatro años de cárcel. Se espera que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia emita su dictamen próximamente para pasar la iniciativa al Pleno legislativo.
Controversias por posible censura
La reforma ha generado preocupación entre expertos en derecho, quienes advierten sobre posibles abusos derivados de la ambigüedad en la definición de ciberacoso. Jonathan Carlos Amaro Hernández, académico de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, destacó que la falta de claridad en los términos técnicos podría limitar la libertad de expresión y permitir persecuciones contra periodistas o críticos de figuras públicas.
“Si el día de mañana, una persona señala que un alto funcionario de gobierno o una figura pública es corrupta, esta puede defenderse porque lo están difamando, es un agravio, tendría el poder de denunciar. Esto me parece un límite a la libertad de expresión y un retroceso a tipos penales que ya se habían derogado en nuestra legislación”
Riesgos para medios y creadores de contenido
El análisis del especialista indica que la reforma podría afectar principalmente a medios de comunicación, ya que la publicación de investigaciones, imágenes o caricaturas críticas podría derivar en denuncias penales si alguien se siente agraviado. Esto aplicaría también para creadores de contenido en plataformas como TikTok o YouTube, independientemente de la veracidad de la información divulgada.
Defensores de la iniciativa
Mercedes Sánchez Ortiz, investigadora de la misma institución académica, considera que la iniciativa responde a una necesidad real de combatir la delincuencia tecnológica, particularmente en aspectos como fraudes electrónicos y robo de identidad. “Más que ser una propuesta, es una obligación, porque actualmente toda la delincuencia se está mudando hacia la parte tecnológica, es bueno reactivar la iniciativa, porque es una necesidad en materia de seguridad cibernética”, afirmó.