Violación sistemática de derechos humanos en Veracruz
Diego Fernando Bonilla, originario de la comunidad El Pericón en Texcatepec, denunció haber sido sometido a tortura por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz. Este caso, ocurrido en mayo de 2023, revela una práctica institucionalizada de violencia y corrupción en el sistema de justicia de esta entidad.
El 29 de mayo de 2023, Diego presenció el asesinato de su amigo Adán Reyes en condiciones de penumbra, sin poder identificar al responsable. A pesar de ello, fue forzado a firmar una declaración falsa que implicaba a Silverio Reyes, hermano de la víctima, quien estaba a punto de recibir un ascenso a segundo comandante del municipio.
Denuncia y represalia judicial
El 30 de junio de 2023, con apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, Diego presentó formalmente su denuncia por tortura. Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz archivó el caso sin realizar investigación alguna, una decisión comunicada el 25 de marzo de 2025, derivando en un cierre definitivo a finales de mayo de este año.
El abogado Isaac Romero, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, afirmó:
“Esa es la única prueba que tiene la fiscalía para mantener a Silverio detenido, y fue obtenida bajo tortura”.
La defensa destaca que ni Diego ni la esposa de la víctima fueron interrogados durante el proceso.
Impacto cultural y comunitario
Para Diego, de origen indígena ñuhú, la experiencia traumática tuvo graves consecuencias espirituales y psicológicas según su cosmovisión otomí. La comunidad reporta que perdió su sombra o alma, lo que generó un periodo prolongado de aislamiento y malestar físico.
El proceso curativo incluyó tres rituales tradicionales, donde curanderos locales intervinieron para restablecer su equilibrio espiritual. Durante casi un año, permaneció bajo cuidado familiar y comunitario, reflejando el fuerte apoyo social hacia su causa.
Evidencia de un patrón institucional
Según datos del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz lidera nacionalmente en número de víctimas por tortura, con 4,061 personas afectadas entre 2019 y 2024. El estado también registra 2,441 carpetas de investigación abiertas por este delito, convirtiéndose en el segundo con mayor incidencia después de la Ciudad de México.
Neftaly Pérez Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que estos números
“habla[n] de que la tortura en el Estado de Veracruz es una práctica sistemática y generalizada”
, particularmente por parte de la Policía Ministerial.
Acceso desigual a la justicia
El caso de Diego pone en evidencia las barreras estructurales que enfrentan las comunidades indígenas en el sistema judicial. A pesar de requerir interpretación, no se le proporcionó traductor durante su detención inicial, y su testimonio fue manipulado para construir una acusación falsa.
Jesús Segovia, abogado del Centro Prodh, explicó que la falta de traducción y comprensión cultural
“hace que las personas indígenas estén en mayor vulnerabilidad”
dentro del sistema legal mexicano, un problema documentado por CEPIADET en múltiples casos.
Demanda de justicia y futuro inmediato
Mientras se resuelve la impugnación judicial en Xalapa, Diego mantiene su lucha:
“Quiero que se me haga justicia, a lo mejor no hablo español, soy ñuhú, pero tienen que hacerme justicia”
. Su comunidad, El Pericón, ha unido fuerzas en esta exigencia, demandando sanciones contra los policías involucrados.
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