Operativo conjunto desactiva red de espionaje ilegal
En una acción coordinada entre fuerzas federales, estatales y municipales, se localizaron y deshabilitaron 32 cámaras de videovigilancia clandestinas colocadas por organizaciones criminales en varios municipios de Sonora.
Las cámaras, utilizadas por grupos delictivos para observar movimientos de fuerzas policiales y militares, así como para vigilar a la población civil, fueron localizadas en tres municipios: 11 en Hermosillo, 5 en Pitiquito y 16 en Caborca, sumando el total de dispositivos de vigilancia clandestinos.
Control territorial y vigilancia ilegal
Según reportes oficiales, los dispositivos formaban parte de un sistema de espionaje ilegal operado aparentemente por células del narcotráfico que buscan mantener dominio territorial y anticiparse a la presencia de autoridades. Las cámaras estaban colocadas en ubicaciones estratégicas que permitían supervisar entradas, salidas y zonas clave de los municipios afectados.
Redes de vigilancia del crimen organizado
El operativo fue liderado por personal de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Segunda Región Naval, en colaboración con la Policía Estatal de Seguridad Pública y policías municipales de las localidades afectadas. Los equipos asegurados, de distintos modelos y capacidades tecnológicas, muestran un alto grado de organización y recursos de estas estructuras delictivas.
Los dispositivos ya fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) para realizarles análisis y posteriormente destruirlos.
Estrategias de inteligencia y control del narcotráfico
La colocación ilegal de cámaras de videovigilancia por parte del crimen organizado se ha convertido en una práctica recurrente en entidades con fuerte presencia del narcotráfico. Estos sistemas clandestinos permiten anticipar operativos, controlar rutas de transporte de drogas y proteger zonas de venta, además de monitorear a servidores públicos, policías y civiles que puedan representar riesgo para sus actividades.
Además de ser herramientas de inteligencia, estas redes clandestinas de vigilancia forman parte de una estrategia de intimidación y dominio social, en la que cualquier ciudadano podría estar siendo observado sin su conocimiento por organizaciones criminales.