Impacto del clima en el transporte público

Una precipitación de gran intensidad afectó la operación del tren férreo en la zona oriente de la Ciudad de México, provocando el cierre de seis estaciones de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El incidente ocurrió durante la noche del miércoles 25 de junio de 2025, en plena hora crítica de movilidad.

La suspensión del servicio se registró específicamente entre las estaciones Guelatao y La Paz, según confirmó oficialmente el STC Metro mediante sus plataformas digitales. Esta interrupción generó una situación de caos en la circulación vehicular sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, donde se congregaron cientos de usuarios buscando alternativas de transporte.

Repercusión en la movilidad urbana

Los desplazamientos se mantienen operativos únicamente entre Pantitlán y Guelatao en ambos sentidos, según informó el director del Metro, Adrián Ruvalcaba. La autoridad indicó que se prepara un plan alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros para atender a los afectados, aunque no precisó el tiempo estimado para restablecer el servicio completo.

La situación ha generado críticas en redes sociales por parte de usuarios que denuncian la saturación de los medios de transporte alternativos. La afluencia de personas buscando trasladarse hacia municipios del Estado de México ha rebasado la capacidad de respuesta del sistema de autobuses.

Anuncio

Historial de incidentes similares

Este evento representa la segunda interrupción de servicio en la Línea A durante el mes de junio. El 2 de junio pasado, otra inundación afectó el tramo entre Peñón Viejo y La Paz, con acumulaciones que superaron el metro de altura. Aquella suspensión se prolongó por más de ocho horas, generando afectaciones similares en la movilidad de la alcaldía Iztapalapa.

Ante estas recurrentes afectaciones, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció durante un evento reciente en la zona oriente de la capital su compromiso de modernizar esta línea del Metro, construida originalmente en 1991. La mandataria señaló que se requieren inversiones urgentes para prevenir este tipo de incidentes.

“El caos en el tren férreo del Servicio de Transporte Colectivo Metro ya afecta también la circulación de la calzada Ignacio Zaragoza”

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha adoptado una medida que excluye el uso de WhatsApp en los teléfonos oficiales del Congreso. Esta acción se fundamenta en la percepción de riesgos elevados en materia de ciberseguridad, según el Centro de Seguridad Cibernética del Congreso (Cybersecurity Center).

Clasificación de riesgo para WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea, perteneciente a Meta, ha sido catalogada como de “alto riesgo” debido a múltiples factores, incluyendo:

• No cumple con los estándares federales de ciberseguridad.
• Depende de servidores externos, lo que podría facilitar espionaje o fugas de información.
• La compañía enfrenta cuestionamientos frecuentes sobre el manejo de datos privados.

A pesar de contar con un sistema de cifrado de extremo a extremo, esta característica no alcanza para cumplir con los requisitos de protección necesarios para dispositivos que manejan datos gubernamentales sensibles.

Alternativas autorizadas

El personal del Congreso podrá emplear otras aplicaciones que sí cumplen con los criterios de seguridad del gobierno estadounidense, tales como iMessage, Signal y Wickr. Aunque no está prohibido, Telegram tampoco se recomienda para mensajes que contengan información crítica.

Impacto en México

En México, actualmente no existe una política que prohíba el uso de WhatsApp en dispositivos oficiales. Por el contrario, es común que autoridades utilicen esta plataforma para comunicaciones diversas, incluyendo la gestión de eventos y el envío de documentos confidenciales.

Anuncio

“WhatsApp no está diseñada para manejar información sensible, y su uso inadecuado puede provocar filtraciones, espionaje o incluso extorsiones”, advierten expertos. En naciones con altos niveles de amenazas digitales, la protección de datos no es opcional, sino un imperativo.

Reflexión sobre seguridad digital

La medida implementada en Estados Unidos plantea una reflexión importante: ¿Estamos depositando excesiva confianza en WhatsApp para comunicaciones que requieren mayor protección? Este caso podría servir como ejemplo para que México y otros países impulsen políticas más estrictas en ciberseguridad y soberanía digital.

El estado de Texas ha emitido una directriz a sus universidades públicas para que realicen una reevaluación del estatus migratorio de ciertos estudiantes, con el objetivo de modificar el monto de las colegiaturas que pagan. La medida responde a una resolución judicial dictada recientemente.

Directiva estatal y respuesta institucional

Wynn Rosser, encargado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, ha remitido una comunicación oficial a los centros educativos solicitando que realicen un cambio en la categorización de alumnos sin documentos migratorios. “Se les cobrará la matrícula de no residente para el semestre de otoño de 2025”, indica textualmente en el documento.

Antecedentes legales y controversias

El mandamiento surge luego de que un tribunal federal anulara una normativa estatal que permitía a jóvenes extranjeros pagar tarifas universitarias equivalentes a las de los residentes. La acción judicial se fundamentó en una queja presentada por el Departamento de Justicia, que argumentaba que dicha política violaba principios constitucionales al favorecer a extranjeros en detrimento de ciudadanos estadounidenses.

“Se les cobrará la matrícula de no residente para el semestre de otoño de 2025”

Impacto en población estudiantil

Según datos proporcionados por el portal Higher Ed Immigration Portal, aproximadamente 73,000 estudiantes universitarios en Texas se verán afectados por esta decisión. Esta cifra representa casi el 20% del total nacional de estudiantes en situación migratoria irregular matriculados en instituciones de educación superior.

Anuncio

Marco normativo previo

Desde el año 2001, gracias a una legislación conocida como Texas Dream Act, se permitía que jóvenes no ciudadanos que hubieran cursado y terminado la secundaria en el estado accedieran a las tarifas locales de matrícula. Esta disposición diferenciaba a Texas de otras jurisdicciones donde los estudiantes foráneos pagan cuotas significativamente más altas.