La mandataria Claudia Sheinbaum aclaró durante su conferencia matutina que no existe ningún plan gubernamental denominado “Pemexproa”, desmintiendo afirmaciones realizadas por el columnista Darío Celis. El comunicador había señalado en su cuenta de redes sociales que la administración federal planeaba transformar parte de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) en deuda pública por un monto aproximado de 50 mil millones de pesos.

Respuesta oficial ante rumor

“No hay ningún Pemexproa, no sé de dónde saca Darío Celis que hay un Pemexproa. Jamás haríamos algo similar al Fobaproa, que estuvo plagado de corrupción”, manifestó la presidenta. La jefa del Ejecutivo rechazó rotundamente la supuesta iniciativa que, según el periodista, permitiría reducir los intereses que paga la empresa petrolera del 12 al 4 por ciento.

Contexto de deuda petrolera

Sheinbaum detalló que la deuda acumulada por Pemex se originó principalmente durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, destacando que fue durante la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando se logró estabilizar la situación financiera de la empresa. “Presidente López Obrador estabilizó, disminuyó la deuda de Pemex, y estableció un esquema de explotación de los pozos, y aparte le invirtió de manera importante en refinación”, agregó.

Planeación futura

La presidenta informó que mantendrá una reunión con el equipo directivo de Pemex para desarrollar “un esquema integral a largo plazo” que permita fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa sin recurrir a mecanismos como el mencionado “Pemexproa”. La mandataria reiteró que cualquier estrategia futura se enfocará en corregir los desmanejes del pasado.

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Historial de desmentidos

Esta no es la primera ocasión en que el trabajo periodístico de Darío Celis es cuestionado por autoridades federales. La semana anterior, el titular del IMSS, Zoé Robledo, negó haber presentado su renuncia para asumir otro cargo gubernamental, desmintiendo otra publicación del columnista.

Encuentro de colaboración con sector industrial

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Durango, Belén Berenice Morales de Ávila, participó en un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Gómez Palacio, donde su equipo técnico explicó los alcances de la nueva normativa laboral conocida coloquialmente como Ley Silla. La reunión mensual sirvió como plataforma para detallar aspectos prácticos de implementación de esta disposición legal.

Fortalecimiento de relaciones institucionales

Durante su intervención, Morales de Ávila destacó la importancia de mantener una relación constructiva entre autoridades laborales y empresarios, atribuyendo este ambiente positivo al apoyo gubernamental encabezado por el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

“Todos sabemos que en Durango hay una dinámica positiva de relación entre las empresas y las autoridades lo cual nos ha dado tranquilidad para desempeñar nuestras actividades”

, afirmó la funcionaria.

Detalles de la reforma laboral

El director jurídico Federico Daniel Solano Nájera explicó que la reforma entró en vigor el 17 de junio de 2025 y busca proteger la salud de trabajadores que permanecen de pie durante largas jornadas, estableciendo el derecho a contar con sillas adecuadas, espacios de descanso definidos y condiciones laborales dignas. El subsecretario del Trabajo, Miguel Ángel Bermúdez Quiñones, enfatizó en la necesidad de mantener la estabilidad laboral en la entidad.

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Plazos y consecuencias de cumplimiento

Carlos Alfredo Mercado Carrasco, director de Inspección Laboral, indicó que los empresarios tienen 180 días naturales para actualizar sus reglamentos internos y condiciones de trabajo según las características de cada puesto.

“De no hacerlo, se aplicará en primera instancia una amonestación para posteriormente imponer una multa, llegando incluso al cierre o clausura de la empresa”

, advirtió. La secretaria reiteró el compromiso de la dependencia con brindar acompañamiento a los empleadores durante este proceso de adaptación.

El estado de Texas ha emitido una directriz a sus universidades públicas para que realicen una reevaluación del estatus migratorio de ciertos estudiantes, con el objetivo de modificar el monto de las colegiaturas que pagan. La medida responde a una resolución judicial dictada recientemente.

Directiva estatal y respuesta institucional

Wynn Rosser, encargado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, ha remitido una comunicación oficial a los centros educativos solicitando que realicen un cambio en la categorización de alumnos sin documentos migratorios. “Se les cobrará la matrícula de no residente para el semestre de otoño de 2025”, indica textualmente en el documento.

Antecedentes legales y controversias

El mandamiento surge luego de que un tribunal federal anulara una normativa estatal que permitía a jóvenes extranjeros pagar tarifas universitarias equivalentes a las de los residentes. La acción judicial se fundamentó en una queja presentada por el Departamento de Justicia, que argumentaba que dicha política violaba principios constitucionales al favorecer a extranjeros en detrimento de ciudadanos estadounidenses.

“Se les cobrará la matrícula de no residente para el semestre de otoño de 2025”

Impacto en población estudiantil

Según datos proporcionados por el portal Higher Ed Immigration Portal, aproximadamente 73,000 estudiantes universitarios en Texas se verán afectados por esta decisión. Esta cifra representa casi el 20% del total nacional de estudiantes en situación migratoria irregular matriculados en instituciones de educación superior.

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Marco normativo previo

Desde el año 2001, gracias a una legislación conocida como Texas Dream Act, se permitía que jóvenes no ciudadanos que hubieran cursado y terminado la secundaria en el estado accedieran a las tarifas locales de matrícula. Esta disposición diferenciaba a Texas de otras jurisdicciones donde los estudiantes foráneos pagan cuotas significativamente más altas.