Encuentro de colaboración con sector industrial

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Durango, Belén Berenice Morales de Ávila, participó en un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Gómez Palacio, donde su equipo técnico explicó los alcances de la nueva normativa laboral conocida coloquialmente como Ley Silla. La reunión mensual sirvió como plataforma para detallar aspectos prácticos de implementación de esta disposición legal.

Fortalecimiento de relaciones institucionales

Durante su intervención, Morales de Ávila destacó la importancia de mantener una relación constructiva entre autoridades laborales y empresarios, atribuyendo este ambiente positivo al apoyo gubernamental encabezado por el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

“Todos sabemos que en Durango hay una dinámica positiva de relación entre las empresas y las autoridades lo cual nos ha dado tranquilidad para desempeñar nuestras actividades”

, afirmó la funcionaria.

Detalles de la reforma laboral

El director jurídico Federico Daniel Solano Nájera explicó que la reforma entró en vigor el 17 de junio de 2025 y busca proteger la salud de trabajadores que permanecen de pie durante largas jornadas, estableciendo el derecho a contar con sillas adecuadas, espacios de descanso definidos y condiciones laborales dignas. El subsecretario del Trabajo, Miguel Ángel Bermúdez Quiñones, enfatizó en la necesidad de mantener la estabilidad laboral en la entidad.

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Plazos y consecuencias de cumplimiento

Carlos Alfredo Mercado Carrasco, director de Inspección Laboral, indicó que los empresarios tienen 180 días naturales para actualizar sus reglamentos internos y condiciones de trabajo según las características de cada puesto.

“De no hacerlo, se aplicará en primera instancia una amonestación para posteriormente imponer una multa, llegando incluso al cierre o clausura de la empresa”

, advirtió. La secretaria reiteró el compromiso de la dependencia con brindar acompañamiento a los empleadores durante este proceso de adaptación.

Ricardo Monreal Ávila, líder de la Junta de Coordinación Política y encargado del grupo parlamentario de Morena, señaló que las actualizaciones legislativas en materia de seguridad pública buscan consolidar la colaboración entre las diferentes instituciones dedicadas a la prevención del delito y protección ciudadana. Entre las entidades involucradas figuran las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, así como autoridades estatales y municipales.

Refuerzo legal sin afectar derechos

El senador enfatizó que el propósito de las reformas no es establecer sistemas de vigilancia ni estructuras asociadas a gobiernos anteriores, sino incorporar avances tecnológicos y métodos científicos para el combate de la delincuencia. Indicó que las nuevas disposiciones resguardan la presunción de inocencia, el debido proceso y la naturaleza civil de los organismos de seguridad.

Monreal destacó que la legislación incluye prohibiciones expresas sobre espionaje político y mecanismos de control estricto, como la necesidad de autorización judicial para realizar intervenciones de comunicaciones. Asimismo, afirmó que las reformas están orientadas a enfrentar al crimen organizado sin comprometer la privacidad ni los derechos de los ciudadanos.

Tramitación y expectativas

El senador mencionó que las medidas fueron aprobadas después de un proceso reflexivo y debate amplio, descartando cualquier aceleramiento en su tratamiento legislativo. Además, aseguró que existirán sistemas de transparencia supervisados por auditorías y comisiones del Congreso de la Unión.

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“No vamos a aprobar nunca leyes de espionaje”

Contexto de las reformas

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para crear la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 445 votos a favor y 37 en contra. La norma busca establecer un modelo de seguridad basado en prevención, profesionalización policial y uso de inteligencia estratégica, aunque críticos señalan que podría impulsar la militarización.

Antes del análisis de la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia, que se discute por la tarde, la oposición advierte riesgos en la protección de datos sensibles, debido a la ambigüedad en las facultades estatales y el acceso a bases de información a criterio de autoridades, lo que podría afectar derechos esenciales.

Este tipo de reformas ya habían sido presentadas en legislaturas previas sin éxito, pero ahora parece probable su aprobación con ajustes que se definirán posteriormente. Durante la sesión extraordinaria, donde aún se debate la mencionada ley, se espera que no se revivan prácticas de represión y persecución política de épocas pasadas.

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha adoptado una medida que excluye el uso de WhatsApp en los teléfonos oficiales del Congreso. Esta acción se fundamenta en la percepción de riesgos elevados en materia de ciberseguridad, según el Centro de Seguridad Cibernética del Congreso (Cybersecurity Center).

Clasificación de riesgo para WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea, perteneciente a Meta, ha sido catalogada como de “alto riesgo” debido a múltiples factores, incluyendo:

• No cumple con los estándares federales de ciberseguridad.
• Depende de servidores externos, lo que podría facilitar espionaje o fugas de información.
• La compañía enfrenta cuestionamientos frecuentes sobre el manejo de datos privados.

A pesar de contar con un sistema de cifrado de extremo a extremo, esta característica no alcanza para cumplir con los requisitos de protección necesarios para dispositivos que manejan datos gubernamentales sensibles.

Alternativas autorizadas

El personal del Congreso podrá emplear otras aplicaciones que sí cumplen con los criterios de seguridad del gobierno estadounidense, tales como iMessage, Signal y Wickr. Aunque no está prohibido, Telegram tampoco se recomienda para mensajes que contengan información crítica.

Impacto en México

En México, actualmente no existe una política que prohíba el uso de WhatsApp en dispositivos oficiales. Por el contrario, es común que autoridades utilicen esta plataforma para comunicaciones diversas, incluyendo la gestión de eventos y el envío de documentos confidenciales.

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“WhatsApp no está diseñada para manejar información sensible, y su uso inadecuado puede provocar filtraciones, espionaje o incluso extorsiones”, advierten expertos. En naciones con altos niveles de amenazas digitales, la protección de datos no es opcional, sino un imperativo.

Reflexión sobre seguridad digital

La medida implementada en Estados Unidos plantea una reflexión importante: ¿Estamos depositando excesiva confianza en WhatsApp para comunicaciones que requieren mayor protección? Este caso podría servir como ejemplo para que México y otros países impulsen políticas más estrictas en ciberseguridad y soberanía digital.