Madres denuncian abusos en institución educativa

En León, Guanajuato, un grupo de madres de cuatro niñas pequeñas del preescolar Juan Enrique Pestalozzi ubicado en la colonia Vibar ha presentado denuncias formales contra una docente por presuntos actos de violencia física y sexual contra sus hijas. Los hechos, que presuntamente ocurrieron el 14 de mayo, han generado un profundo impacto en las familias afectadas.

Secuelas emocionales en las víctimas

Una de las madres, identificada como ‘Mamá 1’, describió con profunda angustia los cambios en su hija: ‘A mí no me importa en dónde tope, y se lo digo porque como mamá estoy muy dolida porque lastimó mucho a mi familia, y sobre todo a mi hija que ha tenido muchas repercusiones, ya no quería comer, se orina en las noches, ya no quiere jugar, todo el tiempo está enojada, le pega a sus hermanas cuando ella no era una niña que pegara, se aísla, su mirada es triste’. Además, señaló que ‘Son cosas que me hieren y no voy a parar, aunque soy consciente de que somos seres humanos y la regamos, pero con los niños no’.

Acciones de las autoridades educativas

La docente involucrada dejó de asistir a trabajar el 14 de mayo tras solicitar un permiso sin goce de sueldo que se prolonga hasta el 14 de agosto. A pesar de esto, el 13 de mayo había entregado a las niñas como si nada sucediera. Las denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato están registradas bajo los números 66623/25 y 66628/25, relacionadas con el delito de introducir objetos por vía vaginal o anal.

Búsqueda de justicia y atención psicológica

Las familias afectadas han solicitado formalmente al Departamento de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Educación de Guanajuato, encabezado por Estela Guadalupe Segura Vargas, así como a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, una pronta resolución del caso. Una segunda madre, identificada como ‘Mamá 2’, expresó su preocupación por la continuidad de la docente en el sistema educativo: ‘No fue solo una vez, estamos hablando de que es una maestra que lleva muchos años en la docencia, en contacto con niños muy pequeños, y nos preguntamos por qué no le han puesto un alto’.

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Impacto en la comunidad escolar

Las niñas afectadas han dejado de asistir a la institución educativa y actualmente reciben atención psicológica privada por parte de sus familias. Las madres denunciaron que la directora del plantel no ha mostrado la prontitud necesaria para resolver la situación, a pesar de conocer la magnitud del caso desde el inicio. ‘Pedimos justicia, que la mujer esté en donde deba estar y que se haga justicia para ellos, porque así como nuestros hijos, lo pueden vivir otros, porque seguramente ella ya está inscrita en otra escuela, va a iniciar un ciclo escolar con niños nuevos y va a seguir igual’, concluyó ‘Mamá 1’.

Un grupo de residentes de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez, junto con representantes de Movimiento Ciudadano, ha iniciado una campaña para preservar dos árboles históricos bautizados como Naranda y Roberto. La jacaranda y el pino, amenazados por proyectos de desarrollo urbanístico, han generado una movilización ciudadana que busca impedir su poda o eliminación.

Acción legal y respaldo legislativo

Bajo el patrocinio de Royfid Torres González, coordinador de MC en el Congreso local, y Laura Ballesteros Mancilla, diputada federal del mismo partido, se presentó un amparo judicial para proteger al pino Roberto en la colonia Del Valle. Este árbol forma parte de un grupo de cinco ejemplares centenarios que recibirían protección institucional mediante un censo ambiental coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

“No podemos seguir construyendo indiscriminadamente obras que no respeten el medio ambiente. Hoy vemos que las lluvias, los calores extremos… son consecuencia de una mala política de gestión ambiental”, afirmó el responsable de la denominada bancada naranja en el recinto de Donceles y Allende.

Estrategia de conservación ambiental

La iniciativa busca establecer un protocolo de evaluación previa para cualquier intervención en el arbolado urbano, requiriendo autorización oficial y consulta vecinal. Este enfoque forma parte de un programa más amplio de Movimiento Ciudadano que contempla el mapeo de 120 mil árboles en la capital mexicana.

Según explicó Laura Ballesteros, la colaboración entre autoridades y comunidad ha permitido frenar operaciones de tala no autorizada. “Estos cinco árboles ya están en revisión de la SEDEMA, con la que hemos estado trabajando estrechamente; la secretaría Julia Álvarez y el secretario de Gobierno César Cravioto han abierto el canal permanente para los vecinos”, detalló la legisladora.

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Preservación del patrimonio natural

Entre las acciones concretas destacan trámites formales ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y las alcaldías involucradas. Los manifestantes insisten en la importancia de mantener el equilibrio ecológico urbano, especialmente en zonas con alta densidad de construcción.

“Mantendremos la defensa de Roberto el pino y Naranda la jacaranda, para lo cual nos hemos acercado a las autoridades competentes”, declaró Lorenzo, un vecino participante en la conferencia de prensa realizada en avenida Coyoacán 945, epicentro de la protesta ciudadana.

El movimiento ha tomado como referente simbólico al árbol Laureano, cuya designación como patrimonio monumental depende del compromiso formal de los habitantes de la colonia Del Valle. Esta estrategia busca crear un precedente legal para la protección de otros ejemplares históricos en la urbe.

Juez impone sentencia por blanqueo de capitales

José Manuel Martínez Gómez, apodado El Meño, fue condenado a 100 meses de prisión en un tribunal federal de Kentucky. La autoridad judicial reveló este fallo el 26 de junio de 2025, detallando su participación en operaciones de lavado de dinero para una organización con conexiones al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Departamento de Justicia estadounidense describió al acusado como un intermediario financiero especializado en movimientos internacionales. Su labor consistía en recolectar recursos y enviar las ganancias obtenidas ilegalmente en Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Métodos para ocultar dinero ilícito

Según documentos judiciales, “Martínez personalmente organizó el lavado de $5,462,289 dólares provenientes de delitos de narcotráfico. Martínez utilizó una red de cómplices para recoger esas ganancias del narcotráfico en todo Estados Unidos”. El sistema operativo implicaba el uso de monedas digitales para realizar los movimientos financieros.

La investigación reveló que este individuo contaba con colaboradores distribuidos en distintos puntos del país norteamericano, responsables de acumular los fondos generados por actividades criminales. Posteriormente, el procesado gestionaba la conversión y transferencia de esos recursos mediante plataformas de criptomonedas, quedándose con un porcentaje como compensación.

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Procedimientos legales y decomisos

El 7 de marzo de este año, el ahora sentenciado aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y ocultamiento de bienes. Como resultado de las acciones investigativas, las autoridades decomisaron sustancias controladas por valor de millones de dólares: 52 kilogramos de cocaína, tres kilogramos de fentanilo, 140 kilogramos de metanfetamina sólida y más de 56 litros de metanfetamina líquida.

El reporte oficial también menciona la incautación de $1,352,160 en efectivo estadounidense. Sin embargo, las autoridades no proporcionaron el nombre específico de la organización criminal a la que supuestamente pertenecía Martínez, pese a confirmar sus vínculos con el CJNG.

Otro caso vinculado al CJNG

Casi una semana antes, el 20 de junio de 2025, se conoció la sentencia de José González Valencia, conocido como El Chepa. Este exjefe de Los Cuinis recibió una condena de 30 años de cárcel por su participación en una conspiración relacionada con el tráfico internacional de cocaína procedente de Sudamérica hacia Estados Unidos.

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