Exigencia parlamentaria por compensaciones

La representación política del Partido Popular en Cantabria presentará durante la sesión plenaria del martes 10 de junio una propuesta institucional dirigida al gobierno central, con el objetivo de garantizar la continuidad de las subvenciones destinadas a paliar los daños ocasionados por la fauna lobuna en actividades ganaderas y promover acciones preventivas para facilitar la coexistencia entre humanos y animales salvajes.

Respuesta gubernamental pendiente

Según informó oficialmente la legisladora y vocera en materia ganadera, Belén Ceballos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, manifestó públicamente durante un intercambio parlamentario en mayo que su cartera evaluaba la posibilidad de mantener los recursos financieros destinados a estos fines, luego de la modificación en la clasificación legal del lobo. Esta incertidumbre ha generado inquietud entre los productores rurales.

Desbalance ecológico y económico

La portavoz del PP regional destacó que la interrupción de los programas de control poblacional de lobos desde septiembre de 2021 ha generado un aumento significativo en el número de manadas y su expansión territorial, lo que ha intensificado los perjuicios para el sector ganadero.

“Las instituciones deben garantizar el correcto equilibrio entre el medio rural y la fauna salvaje”

, afirmó Ceballos, subrayando la importancia de los apoyos económicos como mecanismo de sostenibilidad para los criadores.

Acciones administrativas y demandas políticas

Tras la eliminación del lobo de la categoría de especie protegida en marzo, medida impulsada por la administración regional, se reactivó el protocolo de manejo poblacional del cánido siguiendo marcos legales vigentes.

“Pedimos a Pedro Sánchez que por una vez se ponga del lado de los ganaderos y cumpla sus compromisos con el sector. La falta de gestión de su Gobierno está poniendo en riesgo muchas explotaciones ganaderas”

, concluyó la diputada, criticando la postura del Ejecutivo nacional.

Denuncia formal por coerción ministerial

Héctor Olimpo Espinosa, aspirante a candidatura del Partido Liberal, interpuso una acción legal contra el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, por supuestas coacciones a sus colaboradores directos. La acusación se basa en el numeral 182 del cuerpo legal penal nacional, que sanciona la imposición de obligaciones en contra de la voluntad individual.

El planteamiento indica que el mandatario habría condicionado la permanencia en sus puestos a la firma inmediata de un documento ejecutivo relacionado con un mecanismo de participación ciudadana. La reunión ministerial del 7 de junio en la residencia presidencial sirvió como escenario para este requerimiento.

Polémica por ultimátum presidencial

En declaraciones públicas, el presidente manifestó:

“Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”

. Esta postura generó controversia sobre el equilibrio institucional y el marco normativo democrático.

La presentación formal dirigida al encargado de la Comisión de Acusaciones, Leonardo Gallego Arroyave, sostiene:

“Ponemos denuncia contra el presidente Gustavo Petro por constreñimiento ilegal a sus ministros, al presionarlos para que toleren o ejecuten actos indebidos, bajo la amenaza de un daño futuro: la pérdida de su cargo”

.

Reacciones políticas y alertas internacionales

El titular del Senado, Efraín Cepeda, activó un mecanismo preventivo ante el organismo de derechos humanos de la ONU, alegando una “grave alteración del orden constitucional” y afectación al principio de división de funciones estatales.

La congresista Paloma Valencia expresó:

“El poder del pueblo es el Estado de derecho, su democracia. Lo suyo es el sueño de los tiranos que se creen que representan a ‘todo el pueblo’ y están por encima de todas las instituciones”

. Otros parlamentarios compararon el estilo de conducción con prácticas autoritarias históricas.

Procedimientos legales en marcha

La normativa consultiva que motivó la controversia se promulgó con base en la inacción legislativa sobre el tema. La comisión investigadora de alto personal gubernamental evaluará si existen elementos para formalizar responsabilidades.

Un ataque armado contra el aspirante presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, sacudió la jornada política del país. El suceso se registró durante un mitin en Bogotá, lugar donde el senador recibió disparos mientras interactuaba con simpatizantes en Fontibón.

Detalles del ataque y medidas de emergencia

Según un comunicado del partido Centro Democrático,