Consolidación de poder en juego
En los últimos años, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha logrado un dominio político sin precedentes en México, incluyendo la elección de dos mandatarios consecutivos y la obtención de supermayorías legislativas. Ahora, la jornada electoral del domingo permitirá elegir a 2682 magistrados, ministros y jueces en todos los niveles del sistema judicial, lo que podría significar el control definitivo del tercer poder del Estado por parte del partido en el gobierno.
Según líderes de Morena, esta reforma busca combatir la corrupción y el nepotismo en el sistema de justicia, eliminando obstáculos que han enfrentado durante su gobierno. Sin embargo, analistas jurídicos y políticos coinciden en que esta votación representa un punto de inflexión para la independencia del poder judicial.
Proceso electoral atípico
Las condiciones actuales de la elección favorecen claramente al partido gobernante, con una participación ciudadana estimada en apenas el 20%, debido principalmente a la desconocida identidad de los candidatos. La administración federal controla la selección de candidatos federales, mientras que en 19 de los 32 estados también se realizarán elecciones locales.
La campaña electoral enfrenta restricciones para nivelar oportunidades entre contendientes, pero se han denunciado prácticas clientelares mediante la distribución de guías de votación que favorecen a aspirantes ligados a Morena.
“Esto no es una elección, es un nombramiento del gobierno de Morena que va a ser validado por votación”,
afirmó Carlos Heredia, analista de izquierda y exasesor de López Obrador.
Posiciones divididas
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma como un paso hacia una mayor democracia, destacando que “México va a ser un país más democrático el 1 de junio”. La mandataria explicó que con esta medida se elimina el poder de nombramiento de jueces por parte del Ejecutivo, otorgándoselo directamente al pueblo.
“Nosotros estamos renunciando a ese derecho que tenía el Presidente de la República… porque queremos que elija el pueblo, porque eso es democracia”
, aseguró.
Por su parte, Andrés García Repper, exabogado de Morena ahora candidato, negó vínculos de deuda política entre los nuevos jueces y el gobierno, aunque reconoció la importancia de mantener una vigilancia ciudadana:
“De ninguna manera es una carta blanca. Hay que estar al pendiente. Hay que exigir mucho y señalar todas y cada una de las irregularidades y pormenores que sean”
.
Reformas polémicas y preocupaciones
La reforma judicial impulsada por el expresidente López Obrador modifica significativamente la estructura del poder judicial. Entre los cambios más destacados están: reducción de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, creación de un Tribunal Disciplinario con poderes ampliados para investigar y destituir jueces, y transformación de la mayoría de cargos judiciales en electivos.
Estos cambios generan preocupación entre especialistas:
“La corte, durante todo el periodo del presidente López Obrador, decidida a actuar fuera de sus facultades… Leyes que aprobaba el Congreso, leyes que echaba atrás la Corte sin fundamento, según esto por procedimientos”
, señaló Sheinbaum.
Guadalupe Salmorán Villar, experta en derecho de la UNAM, criticó duramente la reforma:
“Un instrumento abigarrado, complejo, para controlar, para subordinar, al poder judicial a los demás poderes y para eliminar a los jueces incómodos”
.
Desafíos y consecuencias
La percepción generalizada de un sistema judicial ineficiente ha llevado al 72% de los mexicanos a considerar necesaria la reforma, aunque el 77% no puede identificar a ningún candidato por su nombre. Esta falta de conocimiento ha facilitado prácticas clientelares mediante “acordeones” o guías de votación que simplifican la elección en una papeleta compleja.
Las empresas internacionales expresan preocupación por la incertidumbre jurídica, con Gerardo Esquivel, economista y exfuncionario del banco central, indicando que
“De las empresas con las que hablo que se están trasladando a México, su principal preocupación es la reforma judicial”
.
La división entre sectores de la sociedad es evidente, con trabajadores del poder judicial realizando protestas y huelgas por los cambios. Aunque existe consenso sobre la necesidad de reformar el sistema, persisten dudas sobre si esta es la solución adecuada.