Informe revela prioridades en salud mental estatal

El Instituto Temazcalli, institución clave en el combate de adicciones y salud psicológica en San Luis Potosí, presentó su reporte de actividades correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. Los datos muestran que los trastornos alimenticios y problemas de adicción encabezan las necesidades de atención en la entidad.

Alejandra Ruiz, directiva del organismo, destacó que “los problemas relacionados con la alimentación siguen siendo una preocupación central en el estado y que Temazcalli continúa siendo el principal punto de referencia para su atención”. La institución ha consolidado su posición como referente regional en el tratamiento de estas condiciones.

Trastornos alimenticios, principal causa de consulta

El área de trastornos alimentarios registra el mayor volumen de atención, con 32,390 consultas atendidas en el periodo analizado. Este logro equivale al 12% del objetivo anual establecido. La cifra refleja tanto la magnitud del problema en la población como la confianza depositada en el instituto.

Adicciones y salud mental infantil

En el rubro de adicciones, el instituto ha realizado 6,000 consultas, alcanzando el 36% de su meta. Destaca también la atención a coadicción, con 1,600 atenciones dirigidas a familiares o personas cercanas de los pacientes, lo que representa el 24% del total proyectado.

El área de psiquiatría pediátrica muestra un avance significativo al haber aplicado 12,000 consultas, lo que equivale al 40% del objetivo anual. Este resultado pone de relieve la creciente atención a la salud mental desde edades tempranas.

Terapias intensivas y prevención

El servicio de terapia psicoterapéutica en régimen residencial presenta uno de los mejores avances, con 1,300 intervenciones completadas que representan el 46% de la meta. Este programa, destinado principalmente a casos de alta vulnerabilidad, ha demostrado ser clave en los procesos terapéuticos.

En prevención, se han realizado 1,140 sesiones grupales orientadas a reducir el consumo de sustancias, equivalentes al 13% del total proyectado. Por otro lado, las terapias familiares apenas alcanzan el 6% de su objetivo con 400 sesiones, señalando una zona crítica que requiere fortalecimiento.

Diagnóstico y detección temprana

Las pruebas toxicológicas han alcanzado un avance del 53%, con 22,000 estudios realizados. Este alto volumen de evaluaciones confirma la apuesta institucional por la detección precoz como herramienta fundamental para la canalización adecuada de los usuarios.

Jueves, 5 de junio de 2025

Revelación sobre vínculos ilícitos en el Poder Judicial

Lorena Cuéllar Cisneros, mandataria estatal, afirmó que durante prolongado tiempo, el grupo criminal denominado “Los Brujos” operó en Apizaco y zonas aledañas con absoluto respaldo de dos jueces, quienes garantizaban su impunidad mediante sistemáticas liberaciones. La situación concluyó con la implementación de la reforma judicial federal.

“Era indignante para mí, una desesperación no poder hacer nada, porque la policía detenía a un violador, por ejemplo, y por aquí entraba y por aquí salía, sin ninguna consecuencia legal”, expresó la gobernadora durante recorrido en Xiloxoxtla, sin precisar identidades.

Proceso de remoción de jueces corruptos

La jefa del ejecutivo local detalló que se requirió un arduo esfuerzo para remover a tres magistrados que sistemáticamente favorecían a esta organización delictiva, cuyos integrantes presumían públicamente su impunidad.

“Agarrábamos a los miembros de esa banda una y otra vez y los dejaban salir. Así tres veces me pasó, por eso lo dijimos y nos costó mucho trabajo lograr que esos jueces fueran cesados, pero lo logramos”, afirmó sin mencionar nombres.

Reconoció las limitaciones que enfrentó como gobernadora para incidir en asuntos del Poder Judicial, destacando que “son otras instancias, es otro poder y aunque sea gobernadora, no puedo ordenar al Poder Judicial”.

Reforma judicial y participación ciudadana

Cuéllar Cisneros destacó que la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador permite por primera vez que los ciudadanos elijan directamente a jueces y magistrados, así como promover su remoción ante actos de corrupción o negligencia.

“Hoy quedaron jueces y juezas, magistradas y magistrados que eligió el pueblo, pero que además los pueden quitar ahora, esa es la gran ventaja, estarán bajo el escrutinio de la sociedad, que podrá accionar en su contra si no cumplen”, subrayó.

Con la reforma vigente, se establecerá un Tribunal de Disciplina para recibir denuncias ciudadanas contra jueces corruptos, pudiendo derivar en sanciones o destitución de los mismos.

“Hoy sí se va a poder hacer verdadera justicia, por eso era tan importante ir a votar, ser conscientes como ciudadanos de la importancia de esta reforma”, concluyó.

Reactivo programa de análisis genético en procesos migratorios

El gobierno de Trump busca adjudicar un contrato de hasta 25 millones de dólares para implementar pruebas de ADN a familias inmigrantes en proceso de deportación. Esta medida ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre posibles separaciones familiares.

Contexto de aumento en operativos migratorios

El plan coincide con un incremento significativo en las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de Estados Unidos. Agentes han realizado detenciones en entornos como tribunales, escuelas secundarias y hogares de familias con hijos nacidos en el país, situaciones que tradicionalmente no eran prioridad para esta agencia.

Según reportes de CNN, desde la reaparición de Donald Trump en la presidencia, alrededor de 500 menores han sido separados de sus familias a través de lo denominado “evaluaciones de bienestar”.

Controversia en adjudicación de contrato

El 13 de mayo, ICE estableció un acuerdo con SNA International LLC, compañía especializada en identificación de restos humanos tras eventos catastróficos. Sin embargo, el 23 de mayo, Bode Cellmark Forensics Inc. presentó una objeción formal ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), cuestionando la falta de apertura competitiva en el proceso. Como resultado, la ejecución del contrato fue suspendida el 27 de mayo.

Preocupaciones sobre separación familiar

Organizaciones de defensa de derechos humanos expresan temores de que el uso de análisis genéticos para comprobar lazos familiares pueda llevar a la separación de menores de sus cuidadores no biológicos. El senador demócrata Jon Ossoff manifestó su preocupación a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacando incidentes recientes de separación.

“Al basarse en lazos sanguíneos, es muy probable que se separen cuidadores, como padrinos y madrinas, de los niños”, señaló Matthew Guariglia, analista sénior de la Electronic Frontier Foundation.

Almacenamiento y uso de datos genéticos

Organizaciones activistas advierten sobre el potencial uso secundario de la información genética recolectada. Un informe de la revista Wired reveló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha analizado ADN de más de 133,539 menores entre 2020 y 2024, información que permanece almacenada indefinidamente en sistemas originalmente diseñados para delincuentes violentos.

“Lo que realmente quieren hacer es construir una enorme base de datos genéticos”, comentó Guariglia.

Antecedentes de pruebas de ADN en frontera

En 2019, durante el primer mandato de Trump, ICE implementó un programa piloto para verificar conexiones familiares mediante análisis genéticos, extendido posteriormente con un contrato de 5.2 millones de dólares a Bode, entonces parte de Labcorp Holdings Inc. La agencia argumentaba que estas pruebas ayudaban a detectar “relaciones fraudulentas” durante detenciones.

El programa fue transferido en 2021 a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, donde se aplicaron pruebas rápidas en 18 ubicaciones del país. Ese año, una evaluación interna del Departamento de Seguridad Nacional estableció que los adultos debían dar su consentimiento informado en formularios traducidos a varios idiomas, incluido el español y el portugués. La administración Biden suspendió el uso de estas pruebas para verificación familiar en 2023.

Cuestionamientos sobre consentimiento y transparencia

Un estudio del Centro de Derecho, Privacidad y Tecnología de Georgetown reveló que muchas personas no comprendían que se les tomaba muestras de ADN o las confundían con pruebas de covid-19. El informe también señaló que algunas aceptaron “bajo amenaza de enjuiciamiento penal”. Esta semana, el centro presentó una demanda contra el DHS por no responder a una solicitud de información pública sobre el manejo de muestras genéticas de no ciudadanos.

“La recopilación masiva de estos datos deja la puerta abierta al abuso”, advirtió Emerald Tse, autora del informe. “No deberían conservar esas muestras de ADN indefinidamente”.