Grandes eventos deportivos en EUA generan dudas

Estados Unidos se prepara para albergar dos importantes competencias internacionales: el Mundial 2026 junto con México y Canadá, y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, la implementación de nuevas regulaciones migratorias por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump, ha generado inquietud sobre la posibilidad de participación de atletas extranjeros.

El presidente estadounidense estableció el 9 de junio como fecha para poner en marcha una medida restrictiva que afecta a ciudadanos de 12 naciones, entre ellas Irán, Haití, Siria y Sudán. Esta situación ha generado incertidumbre respecto a los procesos de obtención de visas para extranjeros interesados en asistir al territorio norteamericano.

Deportistas contarán con excepciones

A pesar de las restricciones, se ha confirmado que existirán excepciones para los integrantes de las delegaciones deportivas. Esto incluye a jugadores, entrenadores y personal de apoyo, quienes podrán ingresar al país para participar tanto en el Mundial como en los Juegos Olímpicos.

“No solamente para el Mundial, sino también para otros eventos como los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028”, señala el texto del veto migratorio. Esta disposición garantiza que las más de 200 naciones que participarán en la justa olímpica, incluidas las afectadas por las restricciones, puedan estar presentes con sus representantes.

Problemas para aficionados

La situación se complica para los seguidores de los equipos provenientes de los países mencionados en el veto. Según lo establecido, no existen excepciones contempladas para el público general, lo que impediría que estos ciudadanos viajen a Estados Unidos para apoyar a sus selecciones nacionales.

Países afectados por las restricciones

• Afganistán
• Chad
• República del Congo
• Guinea Ecuatorial
• Eritrea
• Haití
• Irán
• Libia
• Myanmar
• Somalia
• Sudán
• Yemen
• Burundi
• Cuba
• Laos
• Sierra Leona
• Togo
• Turkmenistán
• Venezuela

Polémica por plan de movilización en Cali

El mandatario colombiano Gustavo Petro confirmó su asistencia a una jornada de manifestaciones programada para el 11 de junio en Cali, donde espera recibir respaldo para su iniciativa de consulta popular. A través de su perfil en X, el presidente indicó que “este 11 de junio, los movimientos populares han decidido una movilización de la ciudadanía en el país. He decidido acompañarla. Estaré este 11 de junio en Cali, y espero toda la movilización del occidente del país para decir que el pueblo no se rinde y le llegó la hora”.

Críticas de académico caleño

El anuncio presidencial generó rechazo inmediato, particularmente en el ámbito educativo local. Esteban Piedrahita, director de la Universidad Icesi, expresó públicamente su descontento con las palabras: “Presidente, en Cali estamos hartos de que utilice a nuestra ciudad para sus abusos y fantasías. Organice su evento en otro lugar o, mejor aún, dedíquese a trabajar”, según reportó Semana.

Descontento que trasciende fronteras académicas

Las críticas no se limitaron al entorno universitario. Alexander Vega, exjefe del registro civil nacional, manifestó durante un debate televisivo que “el presidente puede convocar como actor político a la gente, pero yo creo que al presidente le va a pasar la situación de que sigue convocando a la gente y la gente se va a casa porque la gente quería resultados del gobierno”.

Alerta sobre desgaste político

El exfuncionario público advirtió sobre posibles consecuencias negativas: “Porque si era por marchar, ya han marchado mucho, ya han protestado mucho y es que olvida que él es el que tiene que solucionar los problemas a la gente, concertar con el Congreso, concertar con los gobernadores, los planes de desarrollo. Yo creo que al final desgasta tanto el presidente Petro su propio electorado que eso se puede cobrar a su proyecto político en las urnas”.

Oposición política se suma a la crítica

María Fernanda Cabal, senadora opositora, cuestionó duramente la convocatoria: “Esto parece un mal chiste. ¿Petro invitando a marchar a los colombianos víctimas de su corrupto gobierno?”. En redes sociales, enumeró una serie de dificultades que afectan a la población, interrogando si participarían en la marcha “los ciudadanos que se quedaron sin medicamentos, sin especialistas en salud, los que no recibieron subsidios para la energía eléctrica, a los que les aumentaron hasta en un 3% el cobro del gas, a los que dejaron sin recursos para Mi Casa Ya, a los estudiantes sin crédito educativo, a los que están viviendo el terror por la violencia de las bandas criminales las Farc y el ELN”.

Dudas sobre motivaciones del gobierno

La legisladora profundizó sus cuestionamientos en otra publicación: “¿Cuál es el gran escándalo que le caerá a Petro que lo tiene tan desesperado buscando un golpe de Estado?”.

La movilización busca recuperar impulso luego de las bajas participaciones en eventos similares de mayo, incluyendo cabildos promovidos por el propio gobierno.

Acceso restringido a prestigiosa universidad estadounidense

El mandatario estadounidense, Donald Trump, implementó una restricción temporal que prohíbe la entrada a Estados Unidos de individuos extranjeros que pretendan realizar estudios o participar en programas de intercambio académico en una reconocida institución educativa durante los próximos seis meses. La medida se fundamenta en supuestas preocupaciones de seguridad nacional y la falta de cooperación por parte de la institución educativa afectada.

La restricción incluye la revisión caso por caso de las visas actualmente vigentes para estudiantes y académicos internacionales, según instrucciones dirigidas al Secretario de Estado Marco Rubio. El presidente señaló que “la conducta de la institución la ha convertido en un destino inadecuado para estudiantes e investigadores extranjeros”, citando como motivo principal la falta de transparencia en ciertos asuntos de relevancia para la seguridad del país.

Repercusiones académicas y comunitarias

La universidad en cuestión alberga actualmente a más de diez mil estudiantes y académicos provenientes del extranjero, incluyendo una representación de ciento cincuenta y un individuos de nacionalidad mexicana. La medida presidencial se suma a una serie de conflictos previos entre la administración y la institución educativa, que ha manifestado su preocupación por los efectos en la libertad académica.

Entre las razones mencionadas por la Casa Blanca para justificar la restricción se encuentran acusaciones de discriminación institucional, omisiones en la atención de incidentes de discriminación religiosa, y colaboraciones académicas con naciones consideradas adversarias. Esta acción se produce semanas después de que la institución fuera retirada del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, aunque una suspensión judicial temporal permitió la continuidad de los trámites para nuevos estudiantes internacionales.

Reacciones internacionales

Gobiernos de al menos doce países cuyos ciudadanos se verían afectados por esta medida han expresado públicamente sus críticas. La decisión ha generado preocupación sobre el impacto en la movilidad académica internacional y las implicaciones para la cooperación educativa entre naciones. A pesar de los cuestionamientos, la restricción sigue vigente mientras se evalúan los requerimientos de seguridad exigidos por la administración estadounidense.