La marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha convertido en un desafío central para la administración de Claudia Sheinbaum. Lo que inicialmente se percibía como un descontento específico relacionado con la modificación a los beneficios pensionarios del sector docente ha evolucionado en un enfrentamiento político más amplio, que prueba la habilidad del gobierno para manejar las manifestaciones ciudadanas sin recurrir a la fuerza, pero sin dejar de mantener el orden institucional.

Un movimiento estratégico y organizado

Desde el punto de vista de la teoría política, este fenómeno puede examinarse a través de las ideas de Charles Tilly, Sidney Tarrow y Albert Hirschman. Según Tilly, las protestas son acciones planificadas, no espontáneas, que requieren de recursos organizativos y experiencia previa. La CNTE, con décadas de trayectoria, representa un actor con amplio conocimiento de las tácticas de movilización y negociación.

La visión de Tarrow añade otra perspectiva: los movimientos sociales se fortalecen cuando identifican oportunidades políticas favorables. En este caso, el contexto —una presidenta recién asumida, con apoyo parlamentario pero en fase de consolidación— representa una apertura para exigir cambios. La cancelación de la propuesta sobre pensiones no apaciguó el descontento, sino que fue interpretada por el gremio docente como una señal de debilidad, lo que amplió su lista de peticiones: derogar la Ley del ISSSTE de 2007, eliminar por completo la reforma educativa de 2019, aumentar los salarios en un 100 %, reincorporar a maestros despedidos y garantizar justicia sindical.

El dilema entre diálogo y control

El gobierno enfrenta un escenario complejo. Por un lado, la represión no está en sus opciones: Sheinbaum ha enfatizado que no se empleará la fuerza pública. Sin embargo, esto reduce sus herramientas para contener un movimiento que ha intensificado su presión con bloqueos en zonas clave de la capital, la ocupación de instalaciones oficiales y advertencias de afectar procesos electorales.

Por otro lado, el Ejecutivo cuenta con mayoría legislativa suficiente para impulsar modificaciones legales, lo que centra la responsabilidad en la presidenta para decidir hasta qué punto puede ceder sin comprometer su autoridad o generar nuevas expectativas en otros sectores.

El costo social y simbólico

El conflicto ha generado descontento en sectores como el comercio y la población en general, que empiezan a mostrar preocupación por la prolongación del disturbio. Aunque la CNTE insiste en un encuentro directo con la mandataria, este no se ha concretado, situación que aumenta la tensión política.

Esta situación no solo representa un desafío operativo, sino un problema de representación. Para el nuevo gobierno, la CNTE es a la vez un aliado histórico y una amenaza. Su poder de presión plantea un dilema: si se acceden a sus demandas, se refuerza la idea de que las movilizaciones son una herramienta efectiva para obtener concesiones; si se rechazan, se arriesga una ruptura con un grupo clave y se proyecta una imagen de inflexibilidad.

“La movilización de la CNTE ha dejado de ser un conflicto educativo o gremial para convertirse en un dilema político de primer orden: obliga al gobierno a elegir entre sostener su autoridad institucional o responder a una voz social que, aunque sus demandas puedan ser legitimas, también desafía los límites de la legalidad, la gobernabilidad y la paciencia ciudadana”

Decisión histórica con bajo apoyo ciudadano

La eliminación del proyecto aeroportuario en Texcoco, ordenada por López Obrador, se concretó gracias al respaldo de un millón de votantes, dentro de una población elegible de 90 millones. Posteriormente, la supresión del Poder Judicial, también bajo instrucciones del mismo mandatario, se materializó con el apoyo de diez millones de electores de un total de cien millones posibles.

“Sí: nunca antes en la historia de México, tan pocos decidieron por tantos.” Esta afirmación destaca la proporción mínima de participación ciudadana en decisiones de alto impacto nacional.

Condiciones irregulares en procesos electorales

Se denunció que en la votación para cancelar el aeropuerto de Texcoco, a los electores se les marcó el dedo con un tinte antifúngico que se eliminaba fácilmente con agua, permitiéndoles sufragar múltiples veces. Mientras tanto, en la consulta sobre el Poder Judicial, a los beneficiarios del programa social que reciben 11,000 pesos bimestrales por familia se les proporcionó un instrumento musical para orientar su voto según una nómina gubernamental, sin que muchos entendieran por quién estaban votando.

Impacto en la economía y empleo

Al asumir el cargo, López Obrador heredó un país con avances significativos gracias a reformas constitucionales implementadas por el gobierno previo. Entre los logros se contaban la creación de cuatro millones de empleos formales derivados de las reformas laboral, educativa, energética y de telecomunicaciones. La última permitió reducir costos en comunicaciones nacionales, facilitando el acceso universal a internet.

Actualmente, tras las decisiones mencionadas, México enfrenta una situación crítica: en los primeros tres meses del año se perdieron medio millón de empleos, y 84 millones de personas no logran cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos, a pesar de que el 70% recibe apoyos gubernamentales directos.

Reversión de indicadores económicos

Durante la administración anterior, México alcanzó una inversión extranjera récord de 192,000 millones de dólares y registró un aumento del 17% en el poder adquisitivo de la población, gracias a 35 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Hoy, estos indicadores muestran una tendencia negativa que afecta a la mayoría de los ciudadanos.

Alianza estratégica en el sector salud

El director general del ISSSTE, Martí Batres, anunció la firma de un acuerdo con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), en una iniciativa que busca optimizar los procesos de atención y resolución de inconformidades médicas del personal institucional. La colaboración surge en paralelo con el lanzamiento de la Estrategia de Trato Digno promovida por el organismo.

Coordinación interinstitucional

En evento encabezado por el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, y la comisionada de CONAMED, Odet Sarabia González, se formalizaron acuerdos similares con el IMSS, IMSS Bienestar y siete entidades estatales de arbitraje médico. El ISSSTE participará mediante un equipo integrado por especialistas de sus áreas jurídicas, estratégicas y de supervisión.

Implementación operativa

Martí Batres explicó que el plan operativo contempla designar personal de la Subdirección de Atención al Derechohabiente, Dirección Jurídica y Dirección Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, quienes mantendrán comunicación directa con los enlaces designados por CONAMED. “Se ha designado a diversas personas servidoras públicas de la Subdirección de Atención al Derechohabiente, de la Dirección Jurídica, de la Dirección Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, quienes estarán en constante comunicación con los enlaces designados por la CONAMED, con la finalidad de que la información que se genere entre ambas instituciones sea oportuna, suficiente, homologable y atendible”, detalló.

Marco del Segundo Piso de la 4T

El convenio se enmarca en el impulso del Segundo Piso de la Cuarta Transformación bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Estrategia de Trato Digno busca elevar la calidad del servicio mediante diez acciones concretas, incluyendo la creación de módulos de atención y talleres de humanización del trato médico. “Estamos convencidos de que la atención y los servicios que se brindan en una institución de salud no son cuestiones meramente técnicas u operativas o tramitológicas, sino, sobre todo, vínculos humanos. (…) Nos interesa que todo el personal se conduzca con una filosofía humanista, que se exprese en la práctica cotidiana”, enfatizó el director del ISSSTE.