Operativo masivo tras tiroteo en zona residencial

Un tiroteo desatado durante la tarde de este jueves en el sector Stanza Córcega, ubicado en la zona sur de Culiacán, terminó con dos personas lesionadas y activó un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en el área conocida como El Ranchito. La agresión se produjo en un lugar caracterizado por su alta afluencia comercial.

Secuencia de los hechos

El incidente se registró alrededor de las 16:00 horas cuando el sistema de emergencias 911 recibió múltiples llamadas alertando sobre detonaciones de armas de fuego. Inmediatamente se movilizaron efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva para contener la situación. La avenida Córcega, principal arteria del fraccionamiento que comunica con la vialidad Álvaro Obregón, fue el escenario principal del enfrentamiento armado, específicamente frente a una plaza comercial contigua a una tienda OXXO, donde quedó un automóvil colisionado que está siendo examinado por los investigadores.

Víctimas civiles y oficiales

Entre los heridos se encuentra una mujer que viajaba en una unidad de transporte público de la ruta Toledo-Centro, alcanzada por un disparo en la zona lumbar derecha. Paramédicos atendieron de urgencia a la afectada y la trasladaron a un nosocomio local. El otro lesionado es José Manuel, oficial de 31 años de la Policía Estatal, quien resultó herido mientras circulaba en su vehículo particular Hyundai de color rojo. Trascendió que el oficial se encontraba en su día de descanso cuando fue atacado directamente, siendo auxiliado por sus compañeros y llevado a un centro médico.

Pruebas y reacciones

El lugar del hecho presenta evidencia balística con casquillos esparcidos en la vialidad principal, además del camión urbano con múltiples impactos de bala que terminó en posición transversal sobre la carretera. Vecinos de la zona reportaron haber percibido una intensa ráfaga de disparos que generó alarma entre la población. La zona continúa bajo custodia policial mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Plazo final para cumplir normativa de color

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha fijado el día 14 de junio de 2025 como fecha límite para que conductores independientes adecuen sus vehículos al color amarillo requerido, ya sea mediante pintura o vinil. Esta medida apunta a mejorar la visibilidad y seguridad vial a través de una identificación clara de unidades autorizadas.

Sanciones por incumplimiento

Quienes no acaten esta disposición enfrentarán dos tipos de infracciones. La primera, catalogada como T-19, implica una multa de 535 soles por no cumplir con la identificación del vehículo, junto con la suspensión temporal de la habilitación. La segunda infracción, identificada como T-27, contempla una sanción de 267.50 soles para conductores que operen taxis sin el color reglamentario.

Razones detrás de la decisión

El amarillo fue seleccionado por su alta visibilidad tanto diurna como nocturna, lo que reduce riesgos de accidentes. Esta medida busca combatir el transporte informal, facilitando la fiscalización y promoviendo la formalización del servicio. Según la normativa, la distinción clara de taxis autorizados incrementa la confianza y seguridad en el sistema de transporte público.

Marco legal y objetivos institucionales

La Resolución Directoral N.º 017-2022-ATU/DIR establece esta obligación como parte de un esfuerzo integral por organizar el transporte urbano. Como organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la ATU tiene entre sus responsabilidades la planificación, regulación y supervisión del transporte público terrestre, incluyendo la gestión de sistemas masivos y la implementación de tecnologías que optimicen la movilidad.

Impacto esperado en la movilidad

Además de la campaña denominada “Taxi amarillo, primero”, la institución trabaja en la renovación de flotas y la creación de sistemas de pago integrados. Estas acciones forman parte de un plan más amplio para reducir la informalidad y mejorar la calidad del servicio de transporte público en la región metropolitana.

Un tribunal impuso una sentencia de 40 años en prisión contra tres personas implicadas en actividades de chantaje utilizando una falsa asociación ciudadana en Nezahualcóyotl. Los sentenciados, identificados como Manuel Castro Jerónimo, Jonathan Castro Jerónimo y Juan Jesús Aguirre Alaguna, formaban parte de un grupo criminal que operaba bajo el nombre de ‘Resistencia Civil Pacífica’.

Operación bajo apariencia legal

Los condenados fueron encontrados culpables de cometer actos de coerción económica en contra de comerciantes de la zona. Su estrategia consistía en presentarse como representantes de una organización civil ficticia para exigir dinero bajo amenazas veladas de disturbios o afectaciones a sus negocios.

Juzgamiento y condena

Las autoridades judiciales determinaron la responsabilidad penal de los tres acusados tras presentar pruebas contundentes durante el proceso legal. La sentencia refleja la gravedad de los actos cometidos y el impacto en la comunidad local.