Reactivo programa de análisis genético en procesos migratorios
El gobierno de Trump busca adjudicar un contrato de hasta 25 millones de dólares para implementar pruebas de ADN a familias inmigrantes en proceso de deportación. Esta medida ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre posibles separaciones familiares.
Contexto de aumento en operativos migratorios
El plan coincide con un incremento significativo en las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de Estados Unidos. Agentes han realizado detenciones en entornos como tribunales, escuelas secundarias y hogares de familias con hijos nacidos en el país, situaciones que tradicionalmente no eran prioridad para esta agencia.
Según reportes de CNN, desde la reaparición de Donald Trump en la presidencia, alrededor de 500 menores han sido separados de sus familias a través de lo denominado “evaluaciones de bienestar”.
Controversia en adjudicación de contrato
El 13 de mayo, ICE estableció un acuerdo con SNA International LLC, compañía especializada en identificación de restos humanos tras eventos catastróficos. Sin embargo, el 23 de mayo, Bode Cellmark Forensics Inc. presentó una objeción formal ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), cuestionando la falta de apertura competitiva en el proceso. Como resultado, la ejecución del contrato fue suspendida el 27 de mayo.
Preocupaciones sobre separación familiar
Organizaciones de defensa de derechos humanos expresan temores de que el uso de análisis genéticos para comprobar lazos familiares pueda llevar a la separación de menores de sus cuidadores no biológicos. El senador demócrata Jon Ossoff manifestó su preocupación a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacando incidentes recientes de separación.
“Al basarse en lazos sanguíneos, es muy probable que se separen cuidadores, como padrinos y madrinas, de los niños”, señaló Matthew Guariglia, analista sénior de la Electronic Frontier Foundation.
Almacenamiento y uso de datos genéticos
Organizaciones activistas advierten sobre el potencial uso secundario de la información genética recolectada. Un informe de la revista Wired reveló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha analizado ADN de más de 133,539 menores entre 2020 y 2024, información que permanece almacenada indefinidamente en sistemas originalmente diseñados para delincuentes violentos.
“Lo que realmente quieren hacer es construir una enorme base de datos genéticos”, comentó Guariglia.
Antecedentes de pruebas de ADN en frontera
En 2019, durante el primer mandato de Trump, ICE implementó un programa piloto para verificar conexiones familiares mediante análisis genéticos, extendido posteriormente con un contrato de 5.2 millones de dólares a Bode, entonces parte de Labcorp Holdings Inc. La agencia argumentaba que estas pruebas ayudaban a detectar “relaciones fraudulentas” durante detenciones.
El programa fue transferido en 2021 a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, donde se aplicaron pruebas rápidas en 18 ubicaciones del país. Ese año, una evaluación interna del Departamento de Seguridad Nacional estableció que los adultos debían dar su consentimiento informado en formularios traducidos a varios idiomas, incluido el español y el portugués. La administración Biden suspendió el uso de estas pruebas para verificación familiar en 2023.
Cuestionamientos sobre consentimiento y transparencia
Un estudio del Centro de Derecho, Privacidad y Tecnología de Georgetown reveló que muchas personas no comprendían que se les tomaba muestras de ADN o las confundían con pruebas de covid-19. El informe también señaló que algunas aceptaron “bajo amenaza de enjuiciamiento penal”. Esta semana, el centro presentó una demanda contra el DHS por no responder a una solicitud de información pública sobre el manejo de muestras genéticas de no ciudadanos.
“La recopilación masiva de estos datos deja la puerta abierta al abuso”, advirtió Emerald Tse, autora del informe. “No deberían conservar esas muestras de ADN indefinidamente”.
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