El delito de extorsión ha escalado de manera alarmante en Salamanca, Guanajuato, afectando tanto a locatarios del mercado Tomasa Esteves como a comercios establecidos, según informes y declaraciones recientes. A pesar del crecimiento en los casos, la mayoría de los afectados prefieren mantenerse en silencio ante las autoridades, lo que complica su combate.

Comerciantes prefieren no denunciar

Óscar Macías Jasso, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Salamanca, confirmó que aunque existen comentarios sobre posibles casos de extorsión, no se ha presentado ninguna denuncia formal ante el organismo. Destacó que sin reportes oficiales, resulta imposible cuantificar el fenómeno, y pidió a los comerciantes que confíen en las instituciones para enfrentar el delito.

“Yo creo que deben tener confianza en las autoridades. La Canaco hace el llamado a que denuncien, es la única forma de que las autoridades puedan llevar a cabo su trabajo de investigación y estratégico”, señaló Macías Jasso.

Escalada de denuncias en 2025

Según datos del Semáforo Delictivo del Estado de Guanajuato, Salamanca registró 50 denuncias por extorsión en los primeros cuatro meses de 2025, un número que supera los reportes de los últimos cinco años en el mismo periodo. En comparación con el año anterior, el incremento es del 28.21 por ciento.

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• 2025 (enero-abril): 50 denuncias
• 2024 (enero-mayo): 39 denuncias
• 2023 (enero-mayo): 33 denuncias
• 2022 (enero-mayo): 21 denuncias
• 2021 (enero-mayo): 5 denuncias
• 2020 (enero-mayo): ninguna denuncia

Acciones de grupos delictivos

Francisco Javier González Mijes, secretario de la Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Guanajuato, indicó que se han identificado amenazas de cobro de piso provenientes de organizaciones criminales. Estas afectan a establecimientos de diversos giros como abarrotes, tortillerías, restaurantes, tiendas de ropa y calzado.

“En diversos rubros comerciales las personas se quejan de que están siendo extorsionados, ya sea de manera telefónica o de manera presencial”, expresó González Mijes.

Temor en el mercado Tomasa Esteves

El mercado Tomasa Esteves es uno de los puntos donde más se percibe el clima de inseguridad, con amenazas que han orillado a algunos comerciantes a cerrar sus locales. César Prieto, alcalde de Salamanca, reconoció que el delito persiste y aseguró que el único camino para combatirlo es a través de la denuncia ciudadana.

“Lamentablemente siguen dándose situaciones de esta naturaleza, tanto vía telefónica como de algunos documentos o cartulinas que llegan a dejar”, comentó Prieto.

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Procesan a sospechoso de afectar ecosistema natural

Una autoridad judicial ha formalizado cargos contra un ciudadano acusado de provocar graves daños al entorno natural en una reserva forestal. El caso se desarrolla en la región boscosa que forma parte de un espacio ecológico protegido.

El individuo identificado como Enrique “N” fue detenido por fuerzas estatales el 11 de junio en una colonia residencial de uno de los municipios cercanos. La investigación señala que su acción causó un incendio que dañó una extensa superficie verde.

Daños cuantificados en decenas de hectáreas

Según los estudios técnicos, el siniestro afectó más de tres docenas de hectáreas arboladas. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero cuando personal especializado en la protección del área descubrió el fuego en desarrollo.

“Fue sorprendido cuando iniciaba el incendio en un predio específico”, revelaron fuentes oficiales. La zona afectada corresponde a una propiedad conocida localmente como Las Latillas.

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Medidas judiciales y procedimiento legal

La autoridad judicial impuso prisión preventiva por medio año como medida de seguridad, además de establecer un periodo de investigación complementaria. “El detenido fue retenido inicialmente por infracciones menores”, explicaron autoridades.

Posteriormente se obtuvo una orden formal de detención que permitió continuar con el proceso legal. Funcionarios especializados ejecutaron dicha orden en una zona urbana de Zapopan.

La comisión legislativa correspondiente avaló el proyecto de ley que regirá a la Guardia Nacional con 22 votos afirmativos, 7 negativos y 2 abstenciones. Esta decisión fue adoptada en sesión encabezada por el diputado Julio César Moreno Rivera, representante del partido Morena, quien lidera el grupo parlamentario que impulsa la reforma.

Contexto y propósitos de la reforma

La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo actualizar el marco legal existente para adecuarlo a la reforma constitucional promulgada el 30 de septiembre de 2024. La nueva norma sustituye la legislación vigente desde mayo de 2019.

Según palabras del diputado Moreno Rivera, “se reconoce a la Guardia Nacional como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional de carácter permanente e integrada con personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Características y regulación del cuerpo policial

El texto establece que los integrantes de esta institución deberán cumplir con estándares profesionales que incluyen la obtención del Certificado Único Policial y la aprobación de programas de formación especializada administrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Se introducen modificaciones en múltiples ordenamientos legales, incluyendo reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y códigos relacionados con la justicia militar. Una de las disposiciones clave es la determinación de la jurisdicción competente para sancionar delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional, buscando prevenir la impunidad y establecer un sistema disciplinario efectivo.

Adiciones al código penal militar

El documento incluye la creación de un capítulo especializado en delitos específicos aplicables al personal de esta institución, estableciendo sanciones particulares para las violaciones a los protocolos establecidos.

Posiciones contrarias al proyecto

Representantes de partidos opositores manifestaron sus objeciones durante el debate. La legisladora Margarita Zavala, del PAN, señaló contradicciones entre esta norma y otros ordenamientos legales vigentes, además de lamentar que no haya sido analizada por la comisión especializada en defensa nacional.

El diputado Emilio Suárez Licona, representante del PRI, alertó sobre el riesgo de militarización progresiva de las fuerzas de seguridad, considerando que esta tendencia atenta contra derechos fundamentales y principios constitucionales.

Legisladores como Arturo Yañez Cuellar (PRI) y Paulina Rubio Fernández (PAN) expresaron preocupación sobre la concentración de poder en la Sedena y las posibles implicaciones para el ejercicio de libertades democráticas en el país.

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