El legislador Marco Antonio Gama Basarte encabezó un evento de entrega de distinciones a jóvenes que participaron con ideas ciudadanas presentadas ante el Congreso local.

Participación ciudadana destacada

“Estas iniciativas las presentaremos al Pleno y que el objetivo de motivar a toda la ciudadanía a participar en estos ejercicios; tenemos representados distintos temas que nos están planteando, las que construimos de manera formal se presentarán al Pleno en el siguiente periodo ordinario y se estará dando seguimiento a través de las comisiones legislativas”, señaló el diputado.

Amplia recepción de propuestas

Indicó que mediante su oficina parlamentaria en el Poder Legislativo, se obtuvieron más de mil propuestas ciudadanas provenientes de jóvenes de San Luis Potosí, abordando diversos asuntos como medio ambiente, salud emocional, manejo responsable de recursos económicos, atención a personas de la tercera edad y sistemas impositivos, entre otros temas.

Proceso de selección y reconocimiento

Después de realizar un estudio detallado de las distintas propuestas para formalizarlas y presentarlas ante el Congreso del Estado, se procedió a entregar reconocimientos a los jóvenes que participaron en esta iniciativa.

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Destacados participantes

En esta edición fueron reconocidos: Ximena Rueda Nájera, Michelle Tovar Gómez, Alan Adrián González Covarrubias, y Juan Pablo Rodríguez Hermosillo, por sus aportes en temas de sanciones por delitos sexuales, educación financiera, registro de viviendas arrendadas, y defensoría pública.

Asimismo, recibieron menciones honoríficas: Melany Miranda Hernández Belmares, María del Rosario Bonilla Ruano, Mariana Lizzet Gloria Velázquez, Carlos Daniel Gallegos Tapia, Darío Montalvo Aceves, Hian Zayros Álvarez Delgado, y Mauricio Josafat Ramos Ramírez.

Decisión judicial redefine liderazgo partidista

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución trascendental que marca el fin de un conflicto interno dentro de un partido político en la Ciudad de México. La determinación judicial corrige una decisión previa del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) relacionada con el registro del Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México.

Conflictos por control partidista

El origen del litigio radica en la pretensión de un grupo del PRD que perdió su registro nacional, liderado por Jesús Zambrano y Víctor Hugo Lobo Román, por obtener el control del nuevo partido local con registro vigente en la capital del país. Este grupo intentó obtener respaldo político a través de múltiples instancias judiciales y administrativas para hacerse del partido.

En contraste, la actual diputada y líder perredista en el Congreso local, Nora Arias Contreras, cumplió con todos los requisitos legales necesarios para obtener el registro oficial del partido. Sin embargo, Zambrano y Lobo, este último actual diputado federal por Morena, buscaron repartirse los espacios y prerrogativas del nuevo partido mediante estrategias cuestionadas.

Denuncias y conflictos internos

El intento de control partidista incluyó la presentación de documentos con la denominación histórica del partido, lo que permitiría desplazar a Arias Contreras del liderazgo. Esta situación derivó en denuncias por violencia de género, particularmente en contra de Zambrano, aunque el órgano interno de justicia partidista bloqueó la investigación al estar bajo su influencia.

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Además, se señaló que Zambrano y Lobo manejaron recursos del partido sin transparencia, lo que motivó a la diputada Arias a solicitar una auditoría a la Auditoría Superior de la Ciudad de México. A pesar de que Lobo formalmente dejó el partido antes de los comicios de 2024, mantuvo vínculos tácitos con Zambrano, obteniendo cargos políticos para él y su hijo en alianza con otro partido.

Reconocimiento judicial a proceso legal

Ante la pérdida del registro nacional del partido, el grupo liderado por Zambrano y Lobo intentó mantenerse relevante politicamente mediante alianzas con personeros de diversas demarcaciones, incluyendo Coyoacán, Tlalpan, Iztacalco y Álvaro Obregón. Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF reconoció la legalidad del proceso de registro encabezado por Nora Arias, incluyendo la conformación de sus órganos internos y las acciones realizadas durante el trámite.

El Tribunal Electoral local debe ahora atender las consideraciones emitidas por la Sala Superior, “bajo los parámetros apuntados”, según el resolutivo del 28 de mayo. El Instituto Electoral capitalino está obligado a cumplir con lo ordenado por la máxima instancia judicial electoral.

Denuncias penales por toma de instalaciones

Como parte de sus acciones, seguidores de Zambrano y Lobo tomaron las instalaciones del partido en la Colonia Roma y diversos comités en Coyoacán y Cuauhtémoc. Esta situación generó denuncias penales por el delito de despojo, cuya sanción incluye privación de la libertad.

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Funcionaria exige transparencia

La vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó este viernes la necesidad de que los órganos judiciales realicen sus investigaciones sin interferencias externas con el objetivo de descubrir la verdad en el escándalo conocido como caso Koldo. Durante una rueda de prensa previa a un evento en Sevilla relacionado con obras del Metro, la funcionaria destacó que “se llegue hasta el final, a la verdad” y aseguró que “no existe ninguna preocupación, sino todo lo contrario” ante la comparecencia judicial del exministro José Luis Ábalos.

Declaraciones judiciales programadas

El exministro socialista está citado para declarar ante los tribunales el próximo lunes. En paralelo, el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo ha programado la comparecencia del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para el 30 de junio como investigado, luego de suspender la cita original del 25 de junio a solicitud de su defensa.

Expulsiones y responsabilidades

Montero recordó que Ábalos fue expulsado del partido socialista mientras que Cerdán renunció a su cargo antes de enfrentar un proceso de expulsión. La funcionaria insistió en que “cada uno utiliza su propia estrategia de defensa” y reiteró que “si alguien ha cometido alguna irregularidad que lo pague y que lo pague con la acción de la justicia”, enfatizando la importancia de que los jueces “puedan tomar declaración, practicar diligencias y realizar las pruebas que estimen convenientes”.

Política de puerta cerrada

La portavoz gubernamental evitó emitir opinión sobre las acusaciones de Ábalos contra Santos Cerdán y Koldo García, a quienes responsabilizó de ejercer presiones. Montero reiteró que el Gobierno mantiene una postura clara: “creemos que tiene que haber celeridad y que las personas que hayan mantenido una conducta irregular lo paguen”.

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