Segundo diplomado sobre alimentación saludable comienza en Oaxaca

En el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca arrancó el segundo diplomado titulado ‘Por el Derecho a una Alimentación Sana y Nutritiva’, impulsado por la Campaña Oaxaca sin Chatarra junto con instituciones académicas y de salud pública.

El curso cuenta con la participación de 35 asistentes, predominando mujeres de diversas regiones del estado, incluyendo representantes de comunidades indígenas zapotecas, mixtecas y mixes. Los participantes tienen edades comprendidas entre los 19 y 66 años, con experiencia en sectores educativo, comunitario y en defensa de derechos alimentarios.

Respuesta a crisis sanitaria en la región

Yésica Sánchez Maya, integrante de Consorcio Oaxaca, explicó que ‘el diplomado surge como una respuesta urgente ante la grave crisis alimentaria y de salud pública en Oaxaca, caracterizada por el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, entre estas, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y renales’.

De acuerdo con el último informe de Oaxaca sin Chatarra (2024), las Enfermedades No Transmisibles (ENT) presentan en Oaxaca una de las tasas de mortalidad más altas a nivel nacional, particularmente en áreas indígenas y marginadas.

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Estructura académica del programa formativo

El programa educativo incluye seis módulos temáticos que cubren desde el marco jurídico del derecho a la alimentación hasta estrategias de soberanía alimentaria, efectos del sistema capitalista en la salud y experiencias locales de resistencia.

Las unidades académicas de la UABJO son reconocidas como aliados estratégicos en esta iniciativa, destacando su colaboración histórica en temas de derechos humanos, género, acceso a la justicia y desarrollo de sociedades más equitativas.

Conformación de la campaña ciudadana

Esta iniciativa forma parte de la Campaña Oaxaca sin Chatarra, movimiento ciudadano conformado por 27 organizaciones de la sociedad civil que lleva casi cinco años trabajando de manera coordinada. Entre las organizaciones impulsoras figuran Centro Calpulli, Foro Oaxaqueño del Agua, Consorcio Oaxaca, Espiral por la Vida, Tadheni y El Poder del Consumidor.

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El conglomerado empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego emitió un comunicado en el que rechaza las presiones que considera reciben por parte del gobierno federal. Señalan que a pesar de las acciones fiscales en su contra, no modificarán su posición editorial ni comercial.

Adeudos fiscales en disputa

Según información oficial, la empresa enfrenta controversias por obligaciones tributarias pendientes que alcanzan la cifra de 74,000 millones de pesos. Este monto se encuentra actualmente en proceso de revisión legal.

Cuestionamientos al sistema judicial

En su declaración, el grupo empresarial acusó a las autoridades fiscales de utilizar métodos de presión indebidos. Señalan específicamente que la Procuradora Fiscal Griselda Galeano, presuntamente siguiendo instrucciones de altos mandos gubernamentales, ha convertido la fiscalización en una herramienta de coerción política, afectando el principio de debido proceso.

El comunicado indica que esta situación busca influir en decisiones de tribunales federales, particularmente en momentos cruciales para la resolución de casos judiciales relacionados con medios de comunicación.

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“con el único objetivo de presionar a La Corte y al Poder Judicial”

La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, enfrenta una serie de procedimientos judiciales que amenazan su permanencia en el cargo, en medio de una polarización social caracterizada por protestas a favor y en contra de su liderazgo. El Tribunal Constitucional está programado para revisar una denuncia presentada por más de treinta senadores, que acusan a la mandataria de violar el artículo 160 de la Constitución al emitir una opinión crítica sobre un alto mando militar en una conversación telefónica con el expresidente camboyano Hun Sen.

Reacciones divididas en las calles

La filtración de una grabación en la que Paetongtarn se refiere a un oficial del Ejército como ‘oponente’ ha generado una respuesta inmediata. Mientras los llamados ‘camisas rojas’, grupo que apoya al clan Shinawatra, tomaron las calles de Bangkok para respaldarla, grupos conservadores aliados a las fuerzas armadas anunciaron una contramanifestación para el día siguiente en el centro histórico de la ciudad. Entre los organizadores destacan los ‘camisas amarillas’, movimiento que ya había protagonizado acciones similares en el pasado que terminaron con gobiernos vinculados a esta familia política.

Presión judicial y familiar

Además de los desafíos públicos, la situación legal afecta también a su padre, Thaksin Shinawatra, exjefe de Gobierno y figura clave en la política tailandesa. El exmandatario debe presentarse ante un tribunal acusado de violar la ley de lesa majestad por declaraciones realizadas en 2015 en una entrevista con un medio de Corea del Sur, en la que responsabilizaba al Consejo Privado de la Casa Real del golpe de Estado de 2014 que lo derrocó. Aunque el artículo 112 del Código Penal no menciona explícitamente a ese órgano, los tribunales locales han aplicado una interpretación extensiva de la norma.

Contexto político frágil

El partido Phue Thai, liderado por Paetongtarn, mantiene la mayoría parlamentaria pese a la reciente salida del partido conservador Bhumjaithai del gobierno de coalición. Dicha deserción podría tener consecuencias, ya que el portavoz de Bhumjaithai, Boonthida Somchai, anunció la intención de presentar una moción de censura la próxima semana, aunque por ahora no cuenta con apoyo de otros sectores de la oposición.

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Regreso y prisión condicional de Thaksin

Thaksin, quien fue destituido en 2006 mediante un levantamiento militar, regresó al país en agosto de 2023 después de más de quince años en el extranjero. Fue detenido ese mismo día, pero permaneció en un hospital durante seis meses antes de obtener la libertad condicional en febrero de 2024, una resolución que actualmente está bajo revisión judicial.

“El artículo 112 del Código Penal, también conocido como la ley de lesa majestad, no incluye en principio al Consejo Privado de la Casa Real, sino que castiga a quien ‘difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente’”