Decisión gubernamental y plazos definidos

El Ejecutivo estadounidense ha tomado la determinación de suprimir el Estatus de Protección Temporal (TPS) destinado a migrantes provenientes de Haití, afectando a un contingente estimado de 500 mil individuos que deberán abandonar el territorio o enfrentarán procedimientos de expulsión.

La titular de Seguridad Interior, Kristi Noem, detalló que el programa migratorio terminará oficialmente el 2 de septiembre, con un plazo máximo de permanencia hasta el 3 de agosto. Esta medida se enmarca en un proceso previamente anunciado por la funcionaria, quien ha insistido en la necesidad de ajustar el régimen migratorio a sus principios originales de temporalidad.

Razones oficiales y críticas externas

Según declaraciones oficiales, la cancelación responde a consultas interinstitucionales que concluyeron que las circunstancias en Haití ya no justifican la protección especial. “Restaurar la integridad del sistema migratorio” fue el argumento central esgrimido por Noem, quien destacó que el TPS debe mantener su naturaleza transitoria.

La secretaria afirmó que “la situación medioambiental en Haití ha mejorado lo suficiente para que sea seguro para los ciudadanos haitianos volver a casa”, aunque omitió mencionar otros factores críticos como la escalada de violencia generada por grupos armados.

Anuncio

Realidad humanitaria en Haití

Diversas organizaciones internacionales han documentado una situación compleja en la nación caribeña. La Organización Internacional para las Migraciones reportó recientemente 1.3 millones de personas desplazadas internamente, mientras que el Programa Mundial de Alimentos ha cuantificado en 5.7 millones los habitantes que enfrentan carencias alimentarias severas.

Decisión judicial permite a Trump modificar criterios de ciudadanía

La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al presidente Donald Trump a modificar la política sobre ciudadanía para hijos de migrantes nacidos en 28 estados del país. Esta resolución permite que el gobierno federal cambie unilateralmente los criterios de otorgamiento de ciudadanía mediante orden ejecutiva.

Trump celebra decisión como logro histórico

El mandatario estadounidense calificó la decisión judicial como “brillante” y aseguró que facilitará la implementación de medidas anteriormente bloqueadas por tribunales federales. “Gracias a esta decisión, ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a nivel nacional (…) Tenemos tantas”, declaró a periodistas.

Controversia por limitación de derechos constitucionales

El fallo, aprobado por 6 votos contra 3, fue redactado por la jueza Amy Coney Barrett y establece que los jueces federales excedieron su autoridad al bloquear órdenes ejecutivas del gobierno. Sin embargo, no resuelve definitivamente las impugnaciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Reacciones encontradas en el Poder Judicial

La jueza Sonia Sotomayor expresó una fuerte discrepancia, calificando el fallo como “una farsa para el estado de derecho”. En contraste, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró el dictamen como el final del “aluvión interminable de órdenes judiciales a nivel nacional contra el presidente Trump”.

Anuncio

Polémica por nueva definición de ciudadanía

Bajo los términos de la nueva política, a los niños nacidos en Estados Unidos podría negárseles la ciudadanía si:

• Su madre es indocumentada
• Su madre se encuentra temporalmente en el país con visa legal
• Su padre no es ciudadano o residente permanente legal

Contexto de litigios judiciales

Según Harvard Law Review, más de la mitad de las órdenes judiciales emitidas durante los últimos 70 años fueron contra la administración Trump. Durante su primer mandato enfrentó 64 medidas cautelares, en comparación con 14 contra Joe Biden y 12 contra Barack Obama.

Debate sobre equilibrio de poderes

El abogado personal de Trump, John Sauer, calificó las órdenes judiciales universales como un “problema bipartidista”. Por otro lado, críticos han acusado a grupos jurídicos de derecha de buscar jueces afines ideológicamente para obtener mandatos judiciales a nivel nacional que favorezcan sus intereses.

Posición del presidente sobre la 14ª Enmienda

Trump ha calificado la actual interpretación de la 14ª Enmienda como una “estafa” anacrónica y ha prometido reactivar todas las iniciativas paralizadas por tribunales federales tras el dictamen del Supremo. “Esta decisión ha sido de las importantes, ¿verdad?”, afirmó el mandatario.

Anuncio

La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, enfrenta una serie de procedimientos judiciales que amenazan su permanencia en el cargo, en medio de una polarización social caracterizada por protestas a favor y en contra de su liderazgo. El Tribunal Constitucional está programado para revisar una denuncia presentada por más de treinta senadores, que acusan a la mandataria de violar el artículo 160 de la Constitución al emitir una opinión crítica sobre un alto mando militar en una conversación telefónica con el expresidente camboyano Hun Sen.

Reacciones divididas en las calles

La filtración de una grabación en la que Paetongtarn se refiere a un oficial del Ejército como ‘oponente’ ha generado una respuesta inmediata. Mientras los llamados ‘camisas rojas’, grupo que apoya al clan Shinawatra, tomaron las calles de Bangkok para respaldarla, grupos conservadores aliados a las fuerzas armadas anunciaron una contramanifestación para el día siguiente en el centro histórico de la ciudad. Entre los organizadores destacan los ‘camisas amarillas’, movimiento que ya había protagonizado acciones similares en el pasado que terminaron con gobiernos vinculados a esta familia política.

Presión judicial y familiar

Además de los desafíos públicos, la situación legal afecta también a su padre, Thaksin Shinawatra, exjefe de Gobierno y figura clave en la política tailandesa. El exmandatario debe presentarse ante un tribunal acusado de violar la ley de lesa majestad por declaraciones realizadas en 2015 en una entrevista con un medio de Corea del Sur, en la que responsabilizaba al Consejo Privado de la Casa Real del golpe de Estado de 2014 que lo derrocó. Aunque el artículo 112 del Código Penal no menciona explícitamente a ese órgano, los tribunales locales han aplicado una interpretación extensiva de la norma.

Contexto político frágil

El partido Phue Thai, liderado por Paetongtarn, mantiene la mayoría parlamentaria pese a la reciente salida del partido conservador Bhumjaithai del gobierno de coalición. Dicha deserción podría tener consecuencias, ya que el portavoz de Bhumjaithai, Boonthida Somchai, anunció la intención de presentar una moción de censura la próxima semana, aunque por ahora no cuenta con apoyo de otros sectores de la oposición.

Anuncio

Regreso y prisión condicional de Thaksin

Thaksin, quien fue destituido en 2006 mediante un levantamiento militar, regresó al país en agosto de 2023 después de más de quince años en el extranjero. Fue detenido ese mismo día, pero permaneció en un hospital durante seis meses antes de obtener la libertad condicional en febrero de 2024, una resolución que actualmente está bajo revisión judicial.

“El artículo 112 del Código Penal, también conocido como la ley de lesa majestad, no incluye en principio al Consejo Privado de la Casa Real, sino que castiga a quien ‘difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente’”