Desafíos de la Política Económica en la Cuarta Transformación

Desde el inicio de la Cuarta Transformación, México ha enfrentado una serie de decisiones gubernamentales con implicaciones económicas significativas. Aunque se promueve una narrativa de justicia social, el enfoque económico del régimen actual ha sido criticado por su falta de estrategia técnica y por priorizar improvisaciones sobre análisis especializados.

Rechazo a Expertos y Costos Millonarios

Un patrón recurrente en los gobiernos de Morena ha sido el desprecio hacia especialistas y académicos. Muchas políticas económicas han sido definidas por decisiones intuitivas del ejecutivo, sin considerar estudios de impacto. Un caso emblemático es la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que generó pagos superiores a los 100 mil millones de pesos en indemnizaciones y generó inestabilidad para inversionistas.

Proyectos Costosos y Falta de Transparencia

Obras como la Refinería Olmeca, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Transístmico han sido cuestionadas por su falta de transparencia y su elevado costo financiero, afectando negativamente las finanzas públicas.

Consecuencias de la Austeridad

La llamada ‘austeridad republicana’ resultó en recortes presupuestales a sectores críticos como salud, ciencia y educación. Estos recortes debilitaron la capacidad del sistema de salud para responder a la pandemia de COVID-19. Además, las pequeñas y medianas empresas, que generan el 72% del empleo en México, recibieron apoyo limitado durante la crisis, lo que provocó el cierre de más de un millón de negocios.

Militarización de la Economía

La entrega de proyectos y empresas estatales a las fuerzas armadas ha generado preocupación. La participación del Ejército y la Marina en actividades económicas como aeropuertos, aduanas y distribución de medicamentos rompe con principios de transparencia y competencia, poniendo en riesgo la institucionalidad civil.

La Necesidad de Enfoques Técnicos

Según analistas, las buenas intenciones no son suficientes sin un enfoque técnico. Los errores económicos cometidos destacan la importancia de políticas basadas en evidencia. La economía, como ciencia social, ofrece herramientas para corregir el rumbo mediante diagnósticos precisos y soluciones inclusivas.

Rol del Economista en la Sociedad

Los economistas tienen la responsabilidad de exigir transparencia y proponer alternativas. Su labor debe ir más allá del análisis técnico, convirtiéndose en intérpretes de la realidad social y constructores de estrategias para un desarrollo equitativo. Se requiere un enfoque que combine justicia social con eficiencia económica.

Evaluación Histórica Pendiente

Aunque el juicio histórico sobre la Cuarta Transformación aún está en proceso, sus errores económicos han sido costosos y, en muchos casos, evitables. Se hace necesario apostar por una economía con rigor técnico, visión de largo plazo y compromiso con el bienestar colectivo.

Reforma propuesta y su impacto en derechos fundamentales

El debate sobre reformas a la Ley Federal de Competencia Económica está por comenzar en el Congreso. Una de las propuestas más controversias incluye el aumento significativo de las sanciones para quienes no colaboren con las investigaciones del organismo regulador. La iniciativa contempla multas de hasta 30,000 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 3.4 millones de pesos, para quienes ignoren las citaciones oficiales o se nieguen a responder preguntas durante las entrevistas.

La medida afecta directamente a cualquier persona que tenga conocimiento sobre los hechos investigados, ya sea como testigo o posible implicado. La autoridad tendría potestad para exigir respuestas sin admitir evasivas, bajo la amenaza de sanciones económicas extremadamente elevadas. Esto plantea un dilema ético-jurídico sobre el derecho a guardar silencio cuando las respuestas puedan generar responsabilidades legales.

Conflictos entre obligación de colaborar y autodefensa

El autor destaca que la reforma propuesta carece de mecanismos que permitan negarse a contestar preguntas “con causa justificada”. Esta omisión elimina la posibilidad de protegerse de autoincriminaciones, colocando a los ciudadanos en una encrucijada entre colaborar con la autoridad o enfrentar multas desproporcionadas. “La iniciativa incrementa sustancialmente los costos potenciales de poner la discusión en la mesa“, asegura el especialista.

El análisis se centra en la tensión entre el deber ciudadano de colaborar con investigaciones de interés público y el derecho fundamental a no contribuir a la propia condena. Esta contradicción pone en evidencia la necesidad de establecer límites claros en las facultades investigativas de las autoridades económicas, especialmente cuando las investigaciones podrían derivar en responsabilidades penales.

Argumentos para defender el derecho al silencio

El artículo plantea tres razones fundamentales para mantener el derecho al silencio: “(i) porque es contrario al principio de dignidad exigir al gobernado que colabore con la administración a construir su propia acusación; (ii) porque colocar al gobernado en la situación de defenderse frente a una acusación construida a partir de declaraciones que él mismo formuló bajo amenaza de coacción, afecta irremediablemente sus posibilidades de defensa, y (iii) porque, en casos de prácticas monopólicas absolutas, las declaraciones incriminatorias formuladas ante la autoridad de competencia pueden generar consecuencias de carácter penal”.

La discusión trasciende el ámbito técnico legal para convertirse en un debate sobre los valores que definen al Estado Constitucional de Derecho en México. Se plantea una reflexión profunda sobre los límites del poder estatal y la protección de derechos fundamentales en el contexto de investigaciones económicas. Como señala el autor: “nos enfrentamos, más que a una cuestión procesal vinculada a las medidas de apremio, a una que nos invita a preguntarnos sobre lo que sabemos es correcto y, por tanto, a tomar posición sobre el tipo de sociedad que somos”.

Composición actual de la contienda

De acuerdo con datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares manejado por el Organismo Público Local Electoral, con el 82% de las actas procesadas y dos zonas por contabilizar, la coalición de Morena junto al PVEM mantiene predominio en 84 municipios veracruzanos. Este número representa una disminución frente a las 103 alcaldías conseguidas en 2021 bajo el frente ampliado que incluía al PT.

Del total actual, 60 de estas localidades cuentan con candidatos surgidos de la alianza entre ambos partidos, mientras que 12 corresponden exclusivamente a registros morenistas y las restantes 12 a candidaturas propias del PVEM.

Desglose de posiciones partidistas

El Partido del Trabajo, que rompió su alianza con Morena tras desacuerdos con la dirección estatal, muestra un desempeño destacado al liderar en 28 municipios. Por su parte, Movimiento Ciudadano experimenta un crecimiento significativo al obtener ventaja en 40 demarcaciones, superando ampliamente su desempeño previo de 7 localidades en 2021.

El blanquiazul se posiciona en 33 zonas, mientras que el tricolor alcanza ventaja en 24 municipios. En comparación con el periodo anterior, cuando la alianza PRI-PAN-PRD cosechó 85 alcaldías, se observa una reconfiguración del mapa político estatal.

Zonas urbanas bajo lupa

“Morena grandes ciudades, pero pierde en números” es el diagnóstico que surge de los datos preliminares. La coalición mantiene control en ciudades estratégicas como Xalapa, Córdoba, Tuxpan, Coatzacoalcos y Minatitlán, incluyendo el puerto de Veracruz, tradicional bastión panista considerado clave en la geografía electoral.

En Boca del Río, área que actualmente administra el PAN, se presenta una situación reñida entre el partido en el poder y Morena. En contraste, se detectan retrocesos en Papantla, Poza Rica y San Andrés Tlalnehuayocan, donde Movimiento Ciudadano muestra fortaleza. El PRI mantiene dominio en Orizaba y Cosoleacaque.