El municipio veracruzano de Cosamaloapan implementó medidas extraordinarias de seguridad durante la jornada electoral municipal, incluyendo el confinamiento del cuerpo policial local para prevenir posibles incidentes de intimidación electoral. La responsabilidad operativa de mantener el orden público fue asumida por la Guardia Nacional y otras fuerzas federales, aunque no se ha confirmado oficialmente si esta disposición respondió a alguna solicitud específica.

Irregularidades en material electoral

Se reportaron inconsistencias en el manejo de materiales electorales, particularmente en la comunidad de Paraíso Novillero donde se presume la desaparición de aproximadamente setecientas boletas electorales destinadas a una casilla específica. Paralelamente, en Playa de Vaca se registraron retrasos en la instalación de las casillas electorales, las cuales comenzaron a operar recién después de las 10:00 horas.

Participación de candidatos en votación judicial

Entre los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto durante la elección especial del Poder Judicial se encontraban los aspirantes a la alcaldía y sindicatura por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”: Jorge Villegas Cázares y Linda Villegas Celis respectivamente.

El Ministerio de Salud ecuatoriano reportó 1,366 contagios de tosferina y 23 fallecimientos en lo que va del año 2025, según informó oficialmente desde Guayaquil.

Medidas preventivas y expansión geográfica

El gobierno local implementó medidas preventivas a principios de mayo, enfocadas en intensificar campañas de vacunación y establecer el uso obligatorio de cubrebocas en centros educativos de cuatro provincias. Esta decisión respondió al crecimiento exponencial de casos, particularmente en zonas costeras y andinas.

Las provincias más afectadas son Manabí con 309 casos y Guayas (con Guayaquil como capital) registrando 258 contagios. En la región andina, Pichincha (con Quito) acumula 220 casos y Azuay 138 registros.

Impacto en la población infantil

La enfermedad bacteriana afecta principalmente a menores de edad. De los 1,366 casos confirmados, 587 corresponden a bebés menores de un año y 226 a niños y niñas de entre uno y cuatro años. Esta vulnerabilidad se refleja también en la mortalidad, ya que 16 de los 23 decesos registrados corresponden a lactantes.

Según especialistas de salud pública, la tosferina representa un riesgo elevado para menores de cinco años por sus efectos en las vías respiratorias.

Respuesta educativa y nuevas regulaciones

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Chimborazo declaró alerta sanitaria recientemente, suspendiendo temporalmente clases presenciales por dos meses. Tras una nueva evaluación, se reanudan las actividades escolares con protocolos estrictos, incluyendo el uso obligatorio de mascarillas en eventos multitudinarios.

En caso de detectarse nuevos contagios en planteles educativos, los estudiantes de hasta tercero de básica (primaria) deberán cursar materias en modalidad virtual durante diez días, como medida de contención.

Tendencia reciente de contagios

Los datos más recientes indican una disminución en el ritmo de contagios tras alcanzar un pico de 278 casos en una sola semana a principios de mayo. Esta reducción se observa en las últimas dos semanas, aunque las autoridades mantienen monitoreo permanente de la situación epidemiológica.

Reacción del Colegio de Abogados

La comunidad jurídica sinaloense manifestó su descontento ante la aprehensión del ex presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Francisco Javier Villarreal, líder de la Federación de Abogados de Sinaloa, condenó el procedimiento como “un atropello a los derechos humanos y una violación flagrante a la Constitución”, destacando que ocurrió pese a contar con un amparo federal vigente.

El representante legal enfatizó que la detención contraviene el amparo otorgado por instancia federal, así como una certificación médica que respaldaba la condición de salud del ex servidor público. “Es una violación flagrante a un amparo emitido por una autoridad federal, violentado por un juez de primera instancia que ordenó la detención”, sostuvo.

Detalles del procedimiento judicial

El ex mandatario municipal compareció ante un tribunal en Culiacán, acusado presuntamente de cometer el delito de uso indebido del cargo público al arrendar 126 vehículos patrullas por un valor de 171 millones de pesos durante su gestión. El magistrado Carlos Alberto Herrera concedió un periodo de 144 horas para resolver su situación jurídica.

Según relató el propio afectado en un comunicado, agentes de la UNESA lo interceptaron fuera de su residencia “a punta de pistola”, apenas minutos después de abandonar el nosocomio donde recuperaba su salud tras una intervención quirúrgica. El exalcalde aseguró que las autoridades invalidaron el amparo con el que contaba.

Posición del exfuncionario

El ex edil consideró su arresto como “injusto” y manifestó: “No es casualidad, es un mensaje, pero no me intimida ni me quiebra”. Afirmó que seguirá enfrentando el proceso legal “con la frente en alto, con la ley en la mano y con la firme convicción de que nadie puede detener una causa que nace del pueblo”.

La Federación de Abogados de Sinaloa expresó su preocupación por lo que identifica como un patrón de violaciones a garantías procesales, particularmente en asuntos con connotaciones políticas. Este caso se suma al de otros exalcaldes del partido Morena, entre ellos Guillermo “El Químico” Benítez de Mazatlán y Jesús Estrada Ferreiro de Culiacán, quienes fueron desaforados durante la gestión estatal encabezada por Rubén Rocha Moya.

Contexto legal del caso

Especialistas en derecho consultados remarcaron que los amparos federales tienen prioridad sobre decisiones de tribunales locales, por lo que ignorarlos podría constituir una grave violación al debido proceso y a los derechos reconocidos en la Carta Magna mexicana.

La Fiscalía local no ha emitido pronunciamiento público sobre las denuncias de ilegalidad en la detención ni ha aclarado la supuesta contradicción entre la orden judicial y el amparo federal vigente. El caso permanece en análisis y se espera que en las próximas horas se defina el estatus legal del exalcalde.