Representantes de grupos ciudadanos y defensores de derechos humanos han elevado una petición urgente dirigida a los futuros integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Durante un evento denominado “La justicia no se negocia”, estas organizaciones insistieron en la necesidad de mantener un sistema judicial libre de influencias externas, especialmente aquellas provenientes de intereses económicos o políticos.
Industrias señaladas por presión en decisiones judiciales
Varias industrias fueron mencionadas específicamente por su presunto papel en la interferencia de asuntos legales sensibles. Entre ellas se encuentran empresas relacionadas con la producción de tabaco, bebidas azucaradas, minería y manufactura de plásticos. Los asistentes al evento argumentaron que estas corporaciones han actuado sistemáticamente para detener o modificar políticas orientadas a proteger la salud pública y el entorno natural.
Voces expertas destacan necesidad de alineación con compromisos internacionales
Isabel Rubio, especialista en derecho aplicado a salud, enfatizó la responsabilidad del país en cuanto a cumplir con acuerdos internacionales en materia sanitaria. Hizo un llamado a la máxima institución judicial para que sus decisiones reflejen estos compromisos, además de implementar mecanismos que garanticen transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los procesos legales.
Reversión de políticas proteccionistas denunciada
Si bien se reconocieron avances previos en regulaciones de salud pública –como la implementación de etiquetados preventivos y controles sobre publicidad dirigida a menores–, se alertó sobre decisiones recientes que han anulado progresos anteriores, favoreciendo en su lugar a sectores empresariales influyentes.
Industria tabacalera acusada de usar estrategias legales para evadir control
Claudia Moreno, representante de Salud Justa, denunció las tácticas empleadas por fabricantes de productos de tabaco para evitar regulaciones estrictas. Según su testimonio, estas empresas han utilizado amparos legales para obstaculizar medidas como la prohibición de dispositivos de vapeo y la creación de espacios sin humo. Moreno destacó que la Suprema Corte ha sido el último árbitro en estos conflictos, subrayando la importancia de contar con magistrados imparciales.
Alerta ambiental sobre impacto de industria plástica
Larisa de Orbe, directora de Acción Ecológica, advirtió sobre los efectos devastadores de la producción plástica a lo largo de todo su ciclo, desde la extracción de recursos no renovables hasta el diseño final de productos. Exigió que el sistema judicial enfrente con firmeza estas prácticas, priorizando siempre el bienestar colectivo y cumpliendo con tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
Demanda de separación entre poder judicial y económica
Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, enfatizó que la independencia del sistema judicial debe extenderse también al ámbito económico, no solo al político. Subrayó que las decisiones de la Corte deben basarse en principios científicos y en el interés general, más que en consideraciones financieras.
Transparencia exigida en procesos de selección judicial
Las organizaciones presentes insistieron en la necesidad de un proceso de selección de magistrados completamente transparente. Entre sus demandas figuran la divulgación de posibles vínculos con sectores empresariales y la participación activa de la sociedad civil en los procedimientos de designación.
Consecuencias sociales de decisiones judiciales
Se recordó que las resoluciones del Poder Judicial tienen un impacto profundo en la vida de la población, especialmente en temas de salud y medio ambiente. Por ello, se reiteró el llamado a construir un sistema judicial verdaderamente independiente, comprometido con el interés común más que con los beneficios corporativos.
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