Consolidación de poder en juego

En los últimos años, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha logrado un dominio político sin precedentes en México, incluyendo la elección de dos mandatarios consecutivos y la obtención de supermayorías legislativas. Ahora, la jornada electoral del domingo permitirá elegir a 2682 magistrados, ministros y jueces en todos los niveles del sistema judicial, lo que podría significar el control definitivo del tercer poder del Estado por parte del partido en el gobierno.

Según líderes de Morena, esta reforma busca combatir la corrupción y el nepotismo en el sistema de justicia, eliminando obstáculos que han enfrentado durante su gobierno. Sin embargo, analistas jurídicos y políticos coinciden en que esta votación representa un punto de inflexión para la independencia del poder judicial.

Proceso electoral atípico

Las condiciones actuales de la elección favorecen claramente al partido gobernante, con una participación ciudadana estimada en apenas el 20%, debido principalmente a la desconocida identidad de los candidatos. La administración federal controla la selección de candidatos federales, mientras que en 19 de los 32 estados también se realizarán elecciones locales.

La campaña electoral enfrenta restricciones para nivelar oportunidades entre contendientes, pero se han denunciado prácticas clientelares mediante la distribución de guías de votación que favorecen a aspirantes ligados a Morena.

“Esto no es una elección, es un nombramiento del gobierno de Morena que va a ser validado por votación”,

afirmó Carlos Heredia, analista de izquierda y exasesor de López Obrador.

Posiciones divididas

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma como un paso hacia una mayor democracia, destacando que “México va a ser un país más democrático el 1 de junio”. La mandataria explicó que con esta medida se elimina el poder de nombramiento de jueces por parte del Ejecutivo, otorgándoselo directamente al pueblo.

“Nosotros estamos renunciando a ese derecho que tenía el Presidente de la República… porque queremos que elija el pueblo, porque eso es democracia”

, aseguró.

Por su parte, Andrés García Repper, exabogado de Morena ahora candidato, negó vínculos de deuda política entre los nuevos jueces y el gobierno, aunque reconoció la importancia de mantener una vigilancia ciudadana:

“De ninguna manera es una carta blanca. Hay que estar al pendiente. Hay que exigir mucho y señalar todas y cada una de las irregularidades y pormenores que sean”

.

Reformas polémicas y preocupaciones

La reforma judicial impulsada por el expresidente López Obrador modifica significativamente la estructura del poder judicial. Entre los cambios más destacados están: reducción de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, creación de un Tribunal Disciplinario con poderes ampliados para investigar y destituir jueces, y transformación de la mayoría de cargos judiciales en electivos.

Estos cambios generan preocupación entre especialistas:

“La corte, durante todo el periodo del presidente López Obrador, decidida a actuar fuera de sus facultades… Leyes que aprobaba el Congreso, leyes que echaba atrás la Corte sin fundamento, según esto por procedimientos”

, señaló Sheinbaum.

Guadalupe Salmorán Villar, experta en derecho de la UNAM, criticó duramente la reforma:

“Un instrumento abigarrado, complejo, para controlar, para subordinar, al poder judicial a los demás poderes y para eliminar a los jueces incómodos”

.

Desafíos y consecuencias

La percepción generalizada de un sistema judicial ineficiente ha llevado al 72% de los mexicanos a considerar necesaria la reforma, aunque el 77% no puede identificar a ningún candidato por su nombre. Esta falta de conocimiento ha facilitado prácticas clientelares mediante “acordeones” o guías de votación que simplifican la elección en una papeleta compleja.

Las empresas internacionales expresan preocupación por la incertidumbre jurídica, con Gerardo Esquivel, economista y exfuncionario del banco central, indicando que

“De las empresas con las que hablo que se están trasladando a México, su principal preocupación es la reforma judicial”

.

La división entre sectores de la sociedad es evidente, con trabajadores del poder judicial realizando protestas y huelgas por los cambios. Aunque existe consenso sobre la necesidad de reformar el sistema, persisten dudas sobre si esta es la solución adecuada.

Defensa de la participación electoral

El integrante de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, instó a la población a concurrir a las urnas el próximo domingo 1 de junio para seleccionar a los nuevos magistrados del Poder Judicial Federal. Durante su disertación en el Tecnológico de Monterrey, enfatizó que la abstención electoral no fortalece los principios democráticos y advirtió sobre organizaciones que promueven el no voto.

Cuestionamiento al abstencionismo

“Si la ciudadanía no elige a las personas juzgadoras, ¿quién lo hará? No votar no contribuye en nada a la democracia”, sostuvo el magistrado electoral. Explicó que el derecho al sufragio constituye un mandato constitucional y rechazó los argumentos utilizados por grupos contrarios a la elección judicial.

Análisis académico del fenómeno

Alejandra Tello Mendoza, académica de la Escuela Judicial Electoral, expresó su preocupación por el llamado al abstencionismo proveniente de actores políticos y exfuncionarios electorales. “Es muy peligroso llamar a no votar en un régimen democrático constitucional”, advirtió, señalando que dicha postura refleja resistencia a la alternancia política y al proceso de reforma judicial.

Respuesta técnica a impugnaciones

De la Mata Pizaña refutó los cuestionamientos técnicos a la elección, destacando que los recursos de amparo presentados contra diversos aspectos del proceso carecían de fundamentación legal adecuada. Sobre las críticas relacionadas con presuntas afinidades partidistas de los candidatos, aseguró que estudios especializados han verificado la objetividad de la mayoría de los postulados.

Elección histórica en México

El magistrado subrayó la trascendencia de este proceso electoral como primer evento de estas características en el ámbito global, al convertir a México en pionero en la renovación mediante voto popular de su Poder Judicial. Invitó a la ciudadanía a fortalecer la vigencia de la Constitución a través de la participación activa.

Indicadores preocupantes de impunidad

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha señalado que “la impunidad en México es un rasgo estructural”. Según información del INEGI, aproximadamente el 95% de los delitos en el país no llegan a ser denunciados, y de los pocos que ingresan al sistema judicial, menos del 1% terminan en sentencias con reparación del daño. Esta situación, de múltiples causas, tiene en las fiscalías estatales y la FGR a sus principales responsables.

Fallas sistémicas en el aparato judicial

El sistema de procuración de justicia es responsable de que el 99% de los crímenes queden impunes, debido a fallas desde el momento en que se genera un informe policial hasta el proceso de llevar el caso a juicio. Se presentan huecos en investigaciones, ausencia de soporte pericial y falta de capacidad técnica para litigar. Además, las personas que buscan denunciar enfrentan trámites engorrosos, funcionarios que prolongan tiempos de atención o que canalizan casos a otras instancias, generando estadísticas que aparentan menor delincuencia.

El modelo anticuado y sus consecuencias

Durante mucho tiempo, las fiscalías basaron la prueba en los registros escritos de las averiguaciones previas, sin necesidad de evidencia sólida. Sin embargo, con el cambio a un modelo que exige teoría del caso y pruebas sólidas, se evidenciaron deficiencias institucionales, agravadas por la falta de servicios periciales independientes, políticas claras de priorización de casos y ausencia de uso de pruebas científicas.

Disfunciones en el sistema de detención

Actualmente, el policía que detiene a una persona en flagrancia puede no ser el mismo que firma el informe ni el que asiste a la audiencia, lo cual no es responsabilidad del Poder Judicial. Esta situación refleja problemas de transparencia y coordinación dentro del sistema de seguridad y procuración de justicia.

Responsabilidades políticas y críticas

En febrero de 2024, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, acusó al Poder Judicial de la Federación de ser responsable de la impunidad generalizada, señalando prácticas de nepotismo, privilegios e inoperancia. Sin embargo, la reciente elección judicial difícilmente resolverá el problema sin reconocer que las fiscalías son el origen del problema.

Herencia autoritaria en las fiscalías

La autonomía no eliminó los rasgos represivos de las fiscalías, que históricamente sirvieron como instrumentos de control social durante el régimen del partido único en el siglo XX. Estas instituciones perfeccionaron la tortura como técnica especializada y usaron la detención arbitraria y la fe pública para encubrir estadísticas, resolver casos sin pruebas y condenar a inocentes.

Ejemplos de actuación selectiva

Esta cultura autoritaria persiste. Casos como el encarcelamiento de Alejandra Cuevas por cuestiones familiares, la detención del activista indígena Pablo López Alavez, o los 19 años en prisión de Israel Vallarta, a pesar de que el fiscal Gertz Manero reconoció que fue un montaje, muestran un funcionamiento selectivo del sistema judicial, que contrasta con su incapacidad para resolver miles de casos de desaparición, tortura o feminicidio.

Polémicas reformas y futuras decisiones

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia mantiene una herramienta considerada autoritaria: la prisión preventiva oficiosa, que permite la detención automática de personas durante investigaciones y juicios. La Cuarta Transformación, que impulsó una reforma judicial, no ha tocado a las fiscalías, sino que ha ampliado la prisión preventiva, contradiciendo una sentencia de la Corte Interamericana.

El dilema de la justicia en México

El reto es decidir entre combatir la impunidad o mantener fiscalías que abusan de su poder. Se necesita una autonomía real, procesos de refundación institucional, renovación de personal y eliminación de la prisión preventiva oficiosa, en lugar de simplemente restablecer el control de las fiscalías por parte de los ejecutivos locales.