Rechazo oficial a medidas judiciales
El gobierno de Guatemala emitió un comunicado oficial desmintiendo la legalidad de las órdenes de captura emitidas por un tribunal local contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador colombiano en el Vaticano, Iván Velásquez. Según el escrito divulgado la noche del lunes 2 de junio, la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones carecía de fundamento legal y formaba parte de una maniobra encubridora de actos de corrupción.
“Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”, indicaron en el comunicado oficial.
Conspiración contra investigaciones anticorrupción
El gobierno centroamericano denunció que estas acciones buscaban obstaculizar las investigaciones que ambos funcionarios habían realizado en relación con la constructora brasileña Odebrecht y la participación de altos exfuncionarios guatemaltecos. “Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala”, afirmaron las autoridades.
El comunicado también mencionó que ya se habían iniciado contactos con el gobierno colombiano para presentar objeciones diplomáticas. “Ya se está en contacto con las autoridades del país hermano de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan, en el ánimo de no afectar la honra de la Nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público”, concluyó el texto oficial.
Reacciones políticas y sociales
La noticia generó una ola de reacciones tanto de sectores políticos guatemaltecos como colombianos. Iván Velásquez, en su cuenta de X, señaló: “Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí”.
Jorge Enrique Rojas, exvicecanciller colombiano, defendió a ambos funcionarios: “No les perdonan sus acciones contundentes contra la corrupción en Guatemala. Al ex ministro Iván Velásquez y a la Fiscal Luz Adriana Camargo les están cobrando la contundencia de las acciones realizadas entre 2014 y 2017 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) implementada en ese país por la ONU”.
Por otro lado, Enrique Gómez Martínez, líder de Salvación Nacional, exigió la renuncia de Camargo: “Es insostenible tener una Fiscal General con una orden de captura activa, Luz Adriana Camargo debería renunciar y enfrentar sus líos judiciales por fuera del cargo”.
Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, también criticó la decisión judicial: “Las órdenes de captura contra Iván Velásquez y Luz A. Camargo, Fiscal General de Colombia, hacen parte del patrón del MP [Ministerio Público] de usar la acción penal de forma arbitraria contra decenas de operadores judiciales, líderes sociales y periodistas que han denunciado corrupción”.