Política

Ediles de Guanajuato respaldan iniciativa de Morena para garantizar acceso a ruta de Los Mexicanos

Apoyo institucional y demanda ciudadana

Guanajuato, Gto.- Representantes municipales manifestaron su respaldo a las voces que se han unido a la causa por el mantenimiento del paso entre Santa Rosa y Los Mexicanos, aunque insistieron en la necesidad de formalizar denuncias para fortalecer la acción colectiva ante el cierre del trayecto.

Intervención legislativa

El pasado jueves 22 de mayo, Ernesto Millán Soberanes, legislador de Morena, presentó un acuerdo parlamentario dirigido a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con el objetivo de asegurar el libre acceso en la ruta mencionada. Este planteamiento surgió después de constatar irregularidades en el proceso de modificación de una propiedad que afectaría el paso público.

Reacciones locales

María Fernanda Arellano Caudillo, regidora morenista, destacó que participó en un encuentro con el diputado Millán para coordinar estrategias sobre el tema. “Acompaño el exhorto, sí necesitamos aclarar qué pasó, que el camino se libere, pero también es una pena que una deportista de alto rendimiento esté peleando por un camino, lo que quiere decir que no tenemos las condiciones”, expresó.

La edil apuntó que, entre quienes han tomado posición pública, ninguno ha actuado en el ámbito legal: “También dijo que de quienes han alzado la voz, nadie le ‘ha entrado’ al tema jurídico y que esa sería la muestra de que hay voluntad e interés por resolver el conflicto y que no se capitalice políticamente: ‘Nadie ha presentado las denuncias correspondientes. En este caso, Paloma, no he visto que presente ninguna denuncia en el tema al respecto'”.

Posición municipal

La alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez reafirmó que el interés colectivo debe primar sobre intereses particulares: “Por supuesto, incentiva que diferentes niveles de gobierno nos pongamos de acuerdo para seguir trabajando en este tema y yo celebro que haya voces que se sumen a esta manifestación ciudadana y se haga lo conducente. Soy la primera interesada en que este camino siga abierto”, señaló.

Denuncia de inconsistencias técnicas

Durante la presentación del punto de acuerdo, Millán Soberanes detalló que, aunque se argumenta propiedad privada con uso habitacional, la escritura que sustenta este estatus contiene una ampliación del 26% de la superficie original, cuando el reglamento permite máximo 15% en terrenos rústicos, según el artículo 20 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad.

Vínculos cuestionados

El legislador reveló que la modificación fue solicitada en abril de 2024 por Amado Carrillo Hernández ante la Notaría 3, a cargo de Andrés Guardado Santoyo, posteriormente adquirida por ICREAR S.A. de C.V., empresa representada por Guillermo Ernesto Webb Cruces, identificado por su participación en contratos cuestionados con Guanajuato Leasing.

Irregularidades administrativas

Millán cuestionó la transparencia del proceso al señalar que la autorización definitiva fue otorgada por la Dirección de Catastro con base en un avalúo del perito fiscal número uno. “Esta actuación benefició directamente a particulares con vínculos políticos, entre ellos el propio notario, quien según dijo, es esposo de la síndico del Ayuntamiento capitalino, quien además integra la Comisión de Medio Ambiente”, explicó.

Planteamientos formales

Entre las solicitudes realizadas, el diputado insistió en garantizar el derecho al libre tránsito en el sendero Los Mexicanos-Santa Rosa; verificar legalmente la rectificación de la escritura pública 6636; auditar las escrituras 4816 y 6636 y, en caso de encontrar irregularidades, proceder conforme a la Ley del Notariado, incluyendo la posible revocación del fiat notarial.

Responsabilidad legislativa

“Desde el Congreso del Estado debemos estar atentos a este tema por la importancia que implica para deportistas, niñas, niños, adolescentes y para toda la sociedad guanajuatense. No podemos permitir que intereses privados se impongan sobre bienes que pertenecen al pueblo”, concluyó Millán Soberanes.

Política

Despliegue policial especial garantiza elecciones pacíficas en Cosamaloapan

El municipio veracruzano de Cosamaloapan implementó medidas extraordinarias de seguridad durante la jornada electoral municipal, incluyendo el confinamiento del cuerpo policial local para prevenir posibles incidentes de intimidación electoral. La responsabilidad operativa de mantener el orden público fue asumida por la Guardia Nacional y otras fuerzas federales, aunque no se ha confirmado oficialmente si esta disposición respondió a alguna solicitud específica.

Irregularidades en material electoral

Se reportaron inconsistencias en el manejo de materiales electorales, particularmente en la comunidad de Paraíso Novillero donde se presume la desaparición de aproximadamente setecientas boletas electorales destinadas a una casilla específica. Paralelamente, en Playa de Vaca se registraron retrasos en la instalación de las casillas electorales, las cuales comenzaron a operar recién después de las 10:00 horas.

Participación de candidatos en votación judicial

Entre los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto durante la elección especial del Poder Judicial se encontraban los aspirantes a la alcaldía y sindicatura por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”: Jorge Villegas Cázares y Linda Villegas Celis respectivamente.

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Política

Ecuador enfrenta repunte de tosferina con 1,366 casos y 23 muertes en 2025

El Ministerio de Salud ecuatoriano reportó 1,366 contagios de tosferina y 23 fallecimientos en lo que va del año 2025, según informó oficialmente desde Guayaquil.

Medidas preventivas y expansión geográfica

El gobierno local implementó medidas preventivas a principios de mayo, enfocadas en intensificar campañas de vacunación y establecer el uso obligatorio de cubrebocas en centros educativos de cuatro provincias. Esta decisión respondió al crecimiento exponencial de casos, particularmente en zonas costeras y andinas.

Las provincias más afectadas son Manabí con 309 casos y Guayas (con Guayaquil como capital) registrando 258 contagios. En la región andina, Pichincha (con Quito) acumula 220 casos y Azuay 138 registros.

Impacto en la población infantil

La enfermedad bacteriana afecta principalmente a menores de edad. De los 1,366 casos confirmados, 587 corresponden a bebés menores de un año y 226 a niños y niñas de entre uno y cuatro años. Esta vulnerabilidad se refleja también en la mortalidad, ya que 16 de los 23 decesos registrados corresponden a lactantes.

Según especialistas de salud pública, la tosferina representa un riesgo elevado para menores de cinco años por sus efectos en las vías respiratorias.

Respuesta educativa y nuevas regulaciones

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Chimborazo declaró alerta sanitaria recientemente, suspendiendo temporalmente clases presenciales por dos meses. Tras una nueva evaluación, se reanudan las actividades escolares con protocolos estrictos, incluyendo el uso obligatorio de mascarillas en eventos multitudinarios.

En caso de detectarse nuevos contagios en planteles educativos, los estudiantes de hasta tercero de básica (primaria) deberán cursar materias en modalidad virtual durante diez días, como medida de contención.

Tendencia reciente de contagios

Los datos más recientes indican una disminución en el ritmo de contagios tras alcanzar un pico de 278 casos en una sola semana a principios de mayo. Esta reducción se observa en las últimas dos semanas, aunque las autoridades mantienen monitoreo permanente de la situación epidemiológica.

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Profesionales del derecho en Sinaloa denuncian irregularidades en captura de exedil de Ahome

Reacción del Colegio de Abogados

La comunidad jurídica sinaloense manifestó su descontento ante la aprehensión del ex presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Francisco Javier Villarreal, líder de la Federación de Abogados de Sinaloa, condenó el procedimiento como “un atropello a los derechos humanos y una violación flagrante a la Constitución”, destacando que ocurrió pese a contar con un amparo federal vigente.

El representante legal enfatizó que la detención contraviene el amparo otorgado por instancia federal, así como una certificación médica que respaldaba la condición de salud del ex servidor público. “Es una violación flagrante a un amparo emitido por una autoridad federal, violentado por un juez de primera instancia que ordenó la detención”, sostuvo.

Detalles del procedimiento judicial

El ex mandatario municipal compareció ante un tribunal en Culiacán, acusado presuntamente de cometer el delito de uso indebido del cargo público al arrendar 126 vehículos patrullas por un valor de 171 millones de pesos durante su gestión. El magistrado Carlos Alberto Herrera concedió un periodo de 144 horas para resolver su situación jurídica.

Según relató el propio afectado en un comunicado, agentes de la UNESA lo interceptaron fuera de su residencia “a punta de pistola”, apenas minutos después de abandonar el nosocomio donde recuperaba su salud tras una intervención quirúrgica. El exalcalde aseguró que las autoridades invalidaron el amparo con el que contaba.

Posición del exfuncionario

El ex edil consideró su arresto como “injusto” y manifestó: “No es casualidad, es un mensaje, pero no me intimida ni me quiebra”. Afirmó que seguirá enfrentando el proceso legal “con la frente en alto, con la ley en la mano y con la firme convicción de que nadie puede detener una causa que nace del pueblo”.

La Federación de Abogados de Sinaloa expresó su preocupación por lo que identifica como un patrón de violaciones a garantías procesales, particularmente en asuntos con connotaciones políticas. Este caso se suma al de otros exalcaldes del partido Morena, entre ellos Guillermo “El Químico” Benítez de Mazatlán y Jesús Estrada Ferreiro de Culiacán, quienes fueron desaforados durante la gestión estatal encabezada por Rubén Rocha Moya.

Contexto legal del caso

Especialistas en derecho consultados remarcaron que los amparos federales tienen prioridad sobre decisiones de tribunales locales, por lo que ignorarlos podría constituir una grave violación al debido proceso y a los derechos reconocidos en la Carta Magna mexicana.

La Fiscalía local no ha emitido pronunciamiento público sobre las denuncias de ilegalidad en la detención ni ha aclarado la supuesta contradicción entre la orden judicial y el amparo federal vigente. El caso permanece en análisis y se espera que en las próximas horas se defina el estatus legal del exalcalde.

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