El Ejecutivo español ha implementado una nueva regulación mediante real decreto que establece derechos y garantías para los perros de asistencia que apoyan a diversos colectivos necesitados. Esta medida beneficia específicamente a personas con discapacidades, individuos con trastornos del espectro autista, pacientes con condiciones médicas que provocan episodios de desconexión sensorial, y mujeres que han sufrido violencia de género o sexual.
Acceso garantizado a espacios públicos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, ha diseñado esta normativa para homogenizar criterios existentes entre regiones y actualizar la legislación previa vigente desde 1983. El documento principal resalta que quienes utilizan estos animales tendrán reconocimiento legal en todo el territorio nacional, eliminando limitaciones geográficas actuales.
La regulación permite el ingreso de estos animales a múltiples establecimientos, incluyendo centros educativos, culturales, deportivos y sanitarios (exceptuando áreas con requisitos higiénicos específicos como quirófanos). Además se autoriza su presencia en comercios minoristas, supermercados, mercados de alimentos, alojamientos turísticos, restaurantes, museos, teatros, playas, áreas recreativas, piscinas y parques acuáticos (siempre que el animal no entre al agua).
Regulación del adiestramiento y bienestar animal
El texto legal establece que los animales adiestrados para funciones específicas deben ser formados por personal certificado en educación, socialización y entrenamiento de estos canes. La normativa reconoce oficialmente la relación entre persona y perro como una unidad funcional en todo el país.
Se han incorporado medidas que protegen el bienestar de los animales, obligando a usuarios y entrenadores a cumplir con estándares de cuidado. Se ha establecido que los perros podrán retirarse del servicio activo al cumplir diez años, manteniendo sus derechos de acceso a espacios públicos incluso en su etapa de descanso.
Impacto en grupos vulnerables
El ministro Bustinduy ha enfatizado durante la comparecencia ministerial que este cambio legislativo “constituye un elemento fundamental para favorecer la autonomía y vida independiente” de las personas beneficiadas, destacando su importancia en el combate contra la soledad que enfrentan muchos de estos individuos. Se ha resaltado especialmente el impacto positivo para mujeres víctimas de violencia, asegurando su acceso con estos animales a refugios y centros asistenciales.
La nueva normativa desarrolla derechos constitucionales relacionados con inclusión e igualdad de oportunidades, actualizando la legislación siguiendo principios de autonomía personal, integración social y accesibilidad universal establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2006.
Diversas necesidades asistenciales
El decreto cubre múltiples tipos de discapacidades, reconociendo la utilidad de estos animales en diferentes contextos. Incluye personas con discapacidad auditiva o sordoceguera que requieren perros alertadores de sonidos, personas con discapacidad física que necesitan apoyo en actividades cotidianas, individuos autistas que precisan ayuda para desarrollar autonomía, y pacientes con condiciones médicas que provocan crisis sensoriales que necesitan alertas médicas anticipadas.
