Inicio del juicio en Puerto Plata

El proceso legal contra Wander Franco, jugador profesional de béisbol con los Rays de Tampa Bay, arrancó este lunes en Puerto Plata, República Dominicana. El atleta enfrenta acusaciones de abuso sexual contra una adolescente de 14 años, además de cargos por explotación sexual y tráfico de personas.

Pruebas y testimonios presentados

Durante la primera audiencia, las autoridades exhibieron diversos documentos como evidencia. Se prevé que al menos siete testigos declaren a lo largo del juicio, que se prolongará hasta el jueves, viernes y lunes próximo.

Reacciones del acusado y su defensa

“He escuchado todo lo que dijeron, pero quería decir que se debe hacer justicia”, afirmó el deportista ante el tribunal. Su equipo legal, encabezado por Irina Ventura y Teodosio Jáquez, cuestionó la legalidad de ciertos elementos probatorios y destacó que la menor negó haber mantenido relaciones con el jugador.

Antecedentes del caso

Las investigaciones iniciaron en 2023 cuando Franco, entonces de 22 años, estaba en su mejor temporada deportiva. Las autoridades lo acusan de sostener una relación con la adolescente y de haber entregado dinero a la madre para obtener su aprobación. Inicialmente se fijó una audiencia para diciembre pasado, pero fue reprogramada.

Impacto en su carrera deportiva

En 2021, Franco firmó un contrato multimillonario con los Rays por 11 años y 182 millones de dólares. Tras iniciarse la investigación, fue incluido en la lista de jugadores restringidos, aunque mantuvo su salario al no tratarse de una sanción disciplinaria por violencia doméstica, agresión sexual o abuso infantil según el reglamento de las Grandes Ligas.

Perspectivas del proceso judicial

De ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta tres décadas de prisión. Según el fiscal Claudio Cordero, “todas las pruebas fueron obtenidas de manera legal, son autosuficientes y llevarán a una condena”. El proceso podría extenderse por ocho meses, de acuerdo con el promedio habitual en tribunales dominicanos.

Nueva polémica en paralímpicos por cambios en categorías de discapacidad

La judoca azerbaiyana Shahana Hajiyeva, campeona paralímpica en Tokio 2020, enfrenta una suspensión indefinida en su disciplina adaptada. La atleta no podrá competir en Paralímpicos futuros debido a modificaciones en los estándares de evaluación médica.

La controversia se desató cuando la deportista fue rechazada en un examen de verificación de discapacidad visual realizado antes del Campeonato Mundial de Parajudo en Kazajistán. Este fallo provocó que perdiera su derecho a competir en categorías adaptadas, aunque no se le acusa de fraude alguno.

Reestructuración de categorías paralímpicas

El Comité Paralímpico de Azerbaiyán informó que previamente existían tres clasificaciones para deportistas con discapacidad visual (B1, B2 y B3), pero fueron reducidas a dos niveles: J1 y J2. Esta actualización dejó fuera de competencia a atletas cuyas condiciones no cumplen con los nuevos parámetros.

La Asociación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA) implementó esta revisión, afectando a figuras como Shahana Gadzhieva. Su condición oftalmológica ya no encaja en ninguna categoría reconocida, cerrando su trayectoria en deportes adaptados.

Reacciones ante cambios de reglas

“El Comité Paralímpico Nacional está tomando todas las medidas necesarias para adaptarse a los nuevos requisitos de clasificación médica. Nos interesa la formación de una nueva generación de atletas en todos los deportes (…) El Comité Paralímpico Nacional siempre se ha adherido a los principios de transparencia y continuará tomando todas las medidas necesarias para el desempeño exitoso de nuestros paralímpicos en el ámbito internacional”, señaló el comité Azerbaiyán.

Estos ajustes generaron polémica en el pasado. Un análisis de The Guardian en 2020 reveló que un 10% de deportistas británicos con discapacidad visual enfrentaban riesgo similar al de Hajiyeva. Karina Lang, exjugadora de goalball, expresó su frustración ante la situación:

“Te aplasta porque has pasado toda tu vida tratando de encontrar un lugar donde encajar y luego lo encuentras, te vuelves bastante bueno en eso y te dicen: no, ya no encajas aquí”, declaró.

Posición oficial del mandatario estatal

El titular del Ejecutivo de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, dio a conocer su apoyo a la iniciativa ambiental ‘Dos Mares’. Esta propuesta tiene como objetivo principal establecer una amplia zona marina protegida que cubra las costas del Pacífico y el Golfo de California. No obstante, destacó la importancia de generar un acuerdo generalizado entre todos los grupos interesados antes de proceder.

“Se está haciendo un proceso de consulta. Hay interesados en que se haga, otros que no. Entonces, lo correcto es que haya consenso en la entidad”, afirmó el gobernador en entrevista con este medio.

Protección ambiental y actividades productivas

El proyecto busca salvaguardar la riqueza ecológica de las aguas sudcalifornianas, frenando actividades consideradas altamente impactantes como la minería submarina y la pesca industrial intensiva. El mandatario aseguró que la pesca tradicional no sufrirá restricciones: “Debe quedar claro que no habrá embarcaciones mayores depredando nuestros mares y que seguirán trabajando mis compañeras y compañeros dedicados a la pesca de manera tradicional, sin afectación alguna”.

Rechazo a proyectos mineros

Castro Cosío manifestó su rechazo contundente a la explotación minera en el fondo marino, haciendo referencia específica al proyecto “Don Diego” destinado a la extracción de fosfatos en el Golfo de Ulloa: “Ya no. Que no haya minería submarina que afecte el Golfo. Con la mina Don Diego, la submarina, no estamos de acuerdo”.

No obstante, el gobernador dejó en claro que su administración no se opone al desarrollo económico siempre que se realice bajo criterios de sustentabilidad y con planes de manejo adecuados: “Estamos de acuerdo mientras se hagan planes de manejo correctos, mientras se hagan las cosas bien”.

Ámbito de la iniciativa

La propuesta, promovida por colectivos ambientalistas, expertos científicos y defensores locales, busca proteger una superficie que excede las 19 millones de hectáreas marinas. Esta medida tiene como finalidad preservar la biodiversidad marina, prevenir actividades extractivas agresivas y garantizar la continuidad de la pesca sostenible en la región.

El gobierno local ha señalado que continuará con las consultas públicas para incorporar las opiniones de pescadores, habitantes de comunidades costeras, especialistas y demás actores relevantes antes de que se emita una resolución definitiva a nivel federal.