Evento benéfico combina boxeo y ayuda animalista

El próximo sábado 28 de junio se llevará a cabo en el Hotel Torreblanca la velada de boxeo ‘Por los que no tienen voz’, evento que fusionará espectáculo deportivo con apoyo a fundaciones que asisten a animales en condición vulnerable en Sinaloa. Las actividades tendrán lugar entre las 16:00 y las 22:00 horas.

Boletos disponibles en sitio del evento

La organización informó que las entradas se podrán adquirir directamente en el recinto hotelero, con precios que oscilan entre los 200 pesos para acceso general, 400 pesos en zona preferente y 600 pesos para área VIP. Los interesados en asistir pueden contactar al número 667 715 5430 para recibir más detalles.

Jóvenes promesas del boxeo sinaloense debutan

Además de su propósito altruista, la función servirá como escenario inaugural para nuevos talentos locales. Entre los boxeadores que harán su primera presentación se encuentran Kennia Montes y Santiago Alarcón, quienes han generado interés entre el público por sus habilidades previamente demostradas.

Según declaraciones de los organizadores:

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“Kennia Montes debuta, es una gran boxeadora. Sé que pondrá en alto el nombre de Sinaloa, al igual que Santiago Alarcón. Ambos harán un buen trabajo”

Participantes destacan compromiso con fauna en riesgo

La boxeadora Maricela Quintero resaltó la singularidad de la iniciativa:

“La causa es única. Somos la primera función en apoyar con un evento de box a fundaciones animalistas. Yo estaré representando con honor a los que no tienen voz. Estamos donando un porcentaje de la venta de boletos para apoyar con alimento y atención.”

Apoyo institucional refuerza propósito social

La promotora Maricela Castaños manifestó su entusiasmo por la colaboración entre deporte y acción social:

“Será un gran evento. Las fundaciones son parte importante. Para mí es especial apoyar a estos jóvenes y sumar esfuerzos por una buena causa.”

Exfuncionario policial denuncia persistencia de estructuras corruptas

El exdirector de la Diviac y exmilitar Harvey Colchado emitió una declaración pública tras conocerse la sanción disciplinaria impuesta a Patricia Benavides, quien fuera separada de su cargo por un periodo de dos años por el Poder Judicial.

Mediante una publicación en la plataforma X, Colchado advirtió sobre la existencia de redes de impunidad que operan de manera coordinada y que no desistirán en sus intentos por influir en instituciones clave del sistema de justicia peruano.

Antecedentes de la controversia judicial

El comunicado menciona específicamente las maniobras fallidas de la Junta Nacional de Justicia para reintegrar a Benavides en su posición, destacando que ciertos sectores intentaron mantener su permanencia en el cargo a pesar de las denuncias en su contra.

Colchado, reconocido por su participación en operativos de alto perfil como el ingreso a la residencia de Dina Boluarte, fundamenta su advertencia en investigaciones previas realizadas por unidades especializadas.

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Evidencia de manipulación institucional

El exjefe policial señaló irregularidades en la gestión de Benavides, particularmente en el nombramiento de Angie Távara Roque y Abelardo Caycho Ramis como fiscales, así como en la remoción injustificada de Andy Rodríguez y Magaly Quiroz, quienes habían expresado preocupación por presiones externas.

Señaló como implicado en estos hechos a José Luis Castillo Alva, abogado vinculado presuntamente con el grupo delictivo conocido como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Alerta sobre riesgos institucionales

Colchado hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse vigilante, advirtiendo que las fuerzas que buscan controlar el sistema de justicia no cejarán en su empeño: ‘Debemos mantenernos alertas. La impunidad está organizada y, aunque hoy fracasaron en capturar el Ministerio Público, volverán a intentarlo. Irán tras esta y otras instituciones para encubrir sus delitos y silenciar a quienes los enfrentan‘.

Reacciones políticas al caso

El abogado de Benavides, Juan Peña, manifestó desconocimiento sobre los fundamentos legales de la sanción: ‘En realidad me causa mucha extrañeza y quiero conocer los motivos. Primero, porque la doctora según la señora Espinoza todavía no era fiscal de la Nación, ni fiscal suprema. ¿Entonces, cómo el juez le está quitando algo que todavía no tiene?‘.

Contexto de tensión institucional

La medida judicial ha generado una nueva crisis entre poderes, con el Congreso analizando posibles acciones contra Delia Espinoza y otros miembros de la Junta de Fiscales Supremos, mientras se espera la resolución definitiva sobre el recurso presentado por Benavides.

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Operación policial en Cergy

Cuatro individuos, dos hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre 35 y 61 años, enfrentan cargos por esclavitud contemporánea, explotación laboral y alojamiento ilegal de migrantes en Francia. Las autoridades los detuvieron e interrogaron el 23 de junio en las instalaciones de la Oficina de lucha contra el tráfico ilícito de migrantes (Oltim) en Cergy, según reveló Le Parisien.

La fiscalía presentará el caso ante el tribunal de Pontoise el 3 de julio, fecha en que se revisarán también las incautaciones que suman 800.000 euros. Se les acusa de emplear a extranjeros sin permisos migratorios y de obtener beneficios económicos ilegales mediante alquileres no registrados.

Origen del caso: denuncia de una trabajadora doméstica

La investigación comenzó en octubre de 2024 cuando una mujer originaria de Mauricio, en situación migratoria irregular, denunció ante una comisaría haber sido víctima de explotación laboral. Según relató, llegó al país en 2023 para trabajar como niñera en una casa de connacionales, pero nunca fue registrada oficialmente como empleada.

“Ella dice que es humillada regularmente por sus patrones, que la explotan y la alojan en condiciones precarias”, afirmó un informante del caso. Tras recibir su testimonio, diversas unidades policiales iniciaron un operativo conjunto: la policía de Cergy, los agentes de fronteras, la brigada financiera de la Policía Judicial y la inspección de trabajo.

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Estructura criminal descubierta

Las investigaciones determinaron que no se trataba de un caso individual, sino de un esquema más amplio. “Otras personas en situación irregular, provenientes de Mauricio y la India, estarían siendo alojadas y empleadas por dos familias, y los beneficios obtenidos de esta actividad se habrían invertido en bienes inmobiliarios en la isla Mauricio”, agregó la fuente.

El 10 de febrero se llevaron a cabo registros en domicilios de Pontoise y Cormeilles-en-Parisis, donde capturaron a tres sospechosos. Los agentes encontraron cerca de 9.000 euros en efectivo y múltiples contratos laborales. Un día después, un cuarto implicado se entregó voluntariamente y admitió su participación, mientras su pareja reconoció haber colaborado, aunque aseguró que lo hacía para “ayudar a sus compatriotas”. Todos quedaron en libertad provisional mientras proseguían las investigaciones.

Alquileres clandestinos prolongados

El 23 de junio, las autoridades nuevamente citaron a los sospechosos para interrogarlos, esta vez bajo custodia. De acuerdo con los datos recopilados, una de las familias, residente en Cormeilles-en-Parisis, habría estado alquilando ilegalmente parte de su vivienda durante una década a migrantes sin documentos.

“Han alojado a numerosos indios y mauricianos sin papeles. Algunos firmaron contratos de alquiler y otros no”, precisó una fuente. Con la dirección proporcionada, varias de estas personas lograron obtener documentación administrativa necesaria para regularizar su estatus migratorio.

No obstante, los ingresos por los alquileres nunca fueron reportados a la autoridad fiscal. “Ese dinero, recibido durante una década, fue utilizado para pagar su hipoteca y saldar deudas”, informaron los investigadores. Durante los interrogatorios, los acusados redujeron la magnitud de los beneficios económicos obtenidos, afirmando que únicamente habían albergado a cinco personas.

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Negación de responsabilidad por otra pareja

Respecto al otro matrimonio, residente en Pontoise y acusado de explotar a la niñera mauriciana, negaron todas las acusaciones durante su segunda declaración.

Medidas judiciales en curso

Actualmente, los cuatro acusados están en libertad provisional hasta que la fiscalía de Pontoise decida los siguientes pasos del proceso. Además, dos propiedades y sus cuentas bancarias han sido bloqueadas provisionalmente por orden judicial.