Andrea Petro, hija del presidente colombiano Gustavo Petro Urrego, y Juan José Lafaurie, abogado e hijo de la senadora María Fernanda Cabal, entablaron una disputa en plataformas digitales en relación con el concierto denominado ‘Concierto de la Esperanza’. Este evento se llevó a cabo después del ataque sicarial contra Miguel Uribe Turbay.

Polémica por la mención del político herido

El acto cultural generó descontento por incluir el nombre del legislador durante su desarrollo. La colectividad Centro Democrático expresó su desacuerdo, describiendo la acción como un intento de “aprovecharse políticamente de la situación”. La organización política manifestó su descontento por evocar a Uribe Turbay, quien continúa en condición delicada desde el ataque del 7 de junio en el sector Modelia, Fontibón.

Críticas y respuestas en redes

Lafaurie dirigió críticas al gobierno por organizar el evento mientras el senador enfrenta una situación crítica. En su cuenta de X, el abogado escribió:

“No les bastó con mandar a matar a un senador de la oposición. Hoy, además, lo celebran con un concierto. ¡Eso es la izquierda, pura basura!”

Esta publicación motivó una reacción inmediata de Andrea Petro, quien respondió:

“A diferencia de ti, no está jugando con una tragedia”

La hija del presidente destacó el trabajo del gobierno en la búsqueda de responsables del ataque.

Posiciones encontradas sobre el atentado

El hijo de la senadora vinculó el ataque al narcotráfico y expresó apoyo al legislador herido:

“Miserables!!! Esto es consecuencia pura y dura del narcotráfico. La paz no se negocia, se impone. @MiguelUribeT, en oración por tu vida. Esto es muy doloroso”

Mientras tanto, Andrea Petro ha enfatizado la necesidad de evitar la instrumentalización del hecho y promover la unidad frente a la violencia:

“Lo que ocurrió es gravísimo. Pero en lugar de reflexionar, muchos están usando este hecho doloroso solo para atacar sin pruebas, incendiar más odio y generalizar violencia. No importa de qué lado estés: esto debería unirnos en un rechazo total a toda forma de violencia”

Condenas y preocupación institucional

El ataque contra el senador y aspirante presidencial ha generado reacciones de diversos sectores políticos. Representantes de partidos y grupos parlamentarios han condenado el hecho y manifestado su preocupación por sus repercusiones en la estabilidad democrática del país. Las declaraciones oficiales coinciden en que situaciones de este tipo ponen en riesgo no solo la vida de un dirigente, sino también el funcionamiento de las instituciones y el debate democrático en Colombia.

Presión política por caso judicial

El representante parlamentario de Vox, José Antonio Fúster, ha planteado públicamente la necesidad de que Álvaro García Ortiz, titular del Ministerio Público, y Pilar Rodríguez, máxima responsable fiscal en Madrid, abandonen sus cargos. Esta solicitud se fundamenta en la decisión del Alto Tribunal de procesarlos por posibles irregularidades en la gestión de información privilegiada relacionada con Alberto González Amador, cónyuge de la mandataria regional Isabel Díaz Ayuso.

Críticas a la gestión gubernamental

“Si nosotros tuviéramos un fiscal general del Estado procesado no duraba ni un nanosegundo”, manifestó Fúster durante una comparecencia institucional en las instalaciones centrales del partido. El portavoz destacó la presunta subordinación del funcionario al jefe del Ejecutivo, sin precisar nombres.

Apoyo al movimiento judicial

El dirigente ha aprovechado la ocasión para respaldar la huelga general convocada por operadores del sistema de justicia para el próximo miércoles. La protesta busca oponerse a la iniciativa legislativa del gobierno en materia de organización judicial, que Fúster considera un ataque a la autonomía del poder judicial.

Denuncia por injerencia política

“El PSOE no quiere jueces independientes para España. Lo que quiere es más Condes Pumpidos y más Garcías Ortices”, señaló Fúster mientras describía la movilización como “un acto de dignidad y responsabilidad frente a la degradación institucional” que afecta al país, donde “está en juego la independencia de los jueces y con ella el Estado de derecho”.

Llamado a movilización ciudadana

El político ha invitado a la población a secundar la manifestación de los operadores judiciales, a los que definió como “jueces y magistrados que salen a la calle para defender la independencia judicial y a defenderse de la rosa nostra”, haciendo alusión al gobierno en funciones. “La mejor medida para recuperar la independencia judicial y fiscal es que gobierne Vox”, concluyó.

Contexto previo al ataque

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado en Bogotá el 7 de junio de 2025. El incidente, que dejó dos heridos más, desencadenó críticas hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de la seguridad de personas en riesgo.

Tras el ataque, el partido del congresista exigió medidas inmediatas de protección para sus miembros. Se reveló que Uribe Turbay, clasificado en el nivel más alto de riesgo, había solicitado desde 2023 refuerzos en su esquema de seguridad, incluyendo vehículos y equipos para viajes a dos departamentos. Sin embargo, la UNP negó estas solicitudes, argumentando que el convenio vigente solo cubría honorarios del personal, no gastos operativos.

Críticas previas del senador

“¿A qué juega el gobierno del descontrol total? Otra vez patrocinando bandidos (…) No existe voluntad de diálogo ni de paz”

Uribe Turbay fue un crítico constante de la UNP durante el gobierno de Gustavo Petro. En 2023, denunció presuntas irregularidades, incluyendo la utilización de recursos estatales por grupos armados ilegales. Señaló que un líder de disidencias de las Farc fue encontrado en una camioneta de la entidad con dinero en efectivo.

El senador también cuestionó las declaraciones del director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien aseguró que Uribe recibió beneficios como gasolina y viáticos. El político negó rotundamente estas acusaciones, acusando al director de mentir para proteger intereses políticos.

Polémica por esquema de seguridad

Tras el atentado, se generó un debate sobre la eficacia del esquema de protección asignado al senador. Se cuestionó si el estudio de riesgo fue actualizado considerando las amenazas públicas denunciadas por Uribe Turbay. Además, se criticó la capacidad de reacción de los escoltas, ya que el presunto autor, un menor de 14 años, logró disparar al político a corta distancia en el occidente de Bogotá.

El partido Centro Democrático insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de sus militantes, destacando la urgencia de revisar los mecanismos de protección ofrecidos por la UNP.