Seguridad

Indígena ñuhú denuncia tortura policial en Veracruz y encubrimiento fiscal

Violación sistemática de derechos humanos en Veracruz

Diego Fernando Bonilla, originario de la comunidad El Pericón en Texcatepec, denunció haber sido sometido a tortura por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz. Este caso, ocurrido en mayo de 2023, revela una práctica institucionalizada de violencia y corrupción en el sistema de justicia de esta entidad.

El 29 de mayo de 2023, Diego presenció el asesinato de su amigo Adán Reyes en condiciones de penumbra, sin poder identificar al responsable. A pesar de ello, fue forzado a firmar una declaración falsa que implicaba a Silverio Reyes, hermano de la víctima, quien estaba a punto de recibir un ascenso a segundo comandante del municipio.

Denuncia y represalia judicial

El 30 de junio de 2023, con apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, Diego presentó formalmente su denuncia por tortura. Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz archivó el caso sin realizar investigación alguna, una decisión comunicada el 25 de marzo de 2025, derivando en un cierre definitivo a finales de mayo de este año.

El abogado Isaac Romero, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, afirmó:

“Esa es la única prueba que tiene la fiscalía para mantener a Silverio detenido, y fue obtenida bajo tortura”.

La defensa destaca que ni Diego ni la esposa de la víctima fueron interrogados durante el proceso.

Impacto cultural y comunitario

Para Diego, de origen indígena ñuhú, la experiencia traumática tuvo graves consecuencias espirituales y psicológicas según su cosmovisión otomí. La comunidad reporta que perdió su sombra o alma, lo que generó un periodo prolongado de aislamiento y malestar físico.

El proceso curativo incluyó tres rituales tradicionales, donde curanderos locales intervinieron para restablecer su equilibrio espiritual. Durante casi un año, permaneció bajo cuidado familiar y comunitario, reflejando el fuerte apoyo social hacia su causa.

Evidencia de un patrón institucional

Según datos del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz lidera nacionalmente en número de víctimas por tortura, con 4,061 personas afectadas entre 2019 y 2024. El estado también registra 2,441 carpetas de investigación abiertas por este delito, convirtiéndose en el segundo con mayor incidencia después de la Ciudad de México.

Neftaly Pérez Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que estos números

“habla[n] de que la tortura en el Estado de Veracruz es una práctica sistemática y generalizada”

, particularmente por parte de la Policía Ministerial.

Acceso desigual a la justicia

El caso de Diego pone en evidencia las barreras estructurales que enfrentan las comunidades indígenas en el sistema judicial. A pesar de requerir interpretación, no se le proporcionó traductor durante su detención inicial, y su testimonio fue manipulado para construir una acusación falsa.

Jesús Segovia, abogado del Centro Prodh, explicó que la falta de traducción y comprensión cultural

“hace que las personas indígenas estén en mayor vulnerabilidad”

dentro del sistema legal mexicano, un problema documentado por CEPIADET en múltiples casos.

Demanda de justicia y futuro inmediato

Mientras se resuelve la impugnación judicial en Xalapa, Diego mantiene su lucha:

“Quiero que se me haga justicia, a lo mejor no hablo español, soy ñuhú, pero tienen que hacerme justicia”

. Su comunidad, El Pericón, ha unido fuerzas en esta exigencia, demandando sanciones contra los policías involucrados.

Seguridad

Ambulantes en Torreón modifican su oferta cerca de escuelas, pasan de papas y dulces a nieves de garrafa

Cambio en la oferta de alimentos cerca de instituciones educativas

En Torreón, se ha registrado una transformación en la oferta de productos que comercializan los vendedores ambulantes cerca de las escuelas, derivado de las modificaciones en el Sistema Educativo Nacional. Ahora, estos comerciantes han sustituido alimentos procesados por opciones más saludables, como las nieves de garrafa elaboradas con frutas naturales.

Víctor Ramos Galindo, titular de Plazas y Mercados en el municipio, indicó que este fenómeno ha sido observado durante los recorridos que realizan los inspectores en las inmediaciones de los centros educativos. Aclaró que, si bien la Secretaría de Salud no ha emitido directrices específicas sobre la regulación de este producto, las nieves de garrafa representan una alternativa menos procesada en comparación con los alimentos que antes se ofrecían.

Supervisión constante y colaboración ciudadana

La vigilancia en los alrededores de los planteles continúa siendo una prioridad para las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha no se han realizado decomisos ni aplicado sanciones económicas, ya que los vendedores han atendido las indicaciones de retiro cuando ha sido necesario.

Para fortalecer el control, se ha implementado un esquema de rutas para los inspectores, quienes patrullan las zonas escolares y se extienden algunas cuadras para verificar la presencia de ambulantes. No obstante, se ha identificado un mayor volumen de actividad comercial al mediodía, cuando los estudiantes concluyen sus clases.

Equilibrio entre salud y economía

Ramos Galindo enfatizó que el objetivo de esta estrategia no es perjudicar la economía de los comerciantes, sino asegurar que los productos que se venden cumplan con los estándares sanitarios y promuevan hábitos alimenticios más saludables entre los estudiantes.

Esta evolución en la oferta de los vendedores ambulantes refleja una adaptación a las nuevas normativas y una respuesta a la creciente preferencia por opciones más naturales. En las calles cercanas a las escuelas, los puestos tradicionales de alimentos fritos han sido reemplazados por carros de nieves de garrafa, donde se ofrecen sabores como mango, limón y fresa, con el fin de atraer a los jóvenes con alternativas frescas y menos procesadas.

Participación activa de la comunidad

El jefe de Plazas y Mercados extendió una invitación a la ciudadanía y a los directivos escolares para que denuncien cualquier irregularidad, comprometiendo una pronta respuesta ante cada reporte recibido.

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Política

Autoridad judicial impone sanción económica a alcaldesa de Sucilá por incumplir sentencia laboral

Una funcionaria local enfrenta consecuencias legales por no atender una determinación judicial relacionada con derechos laborales. La magistrada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, titular del Juzgado Tercero de Distrito con base en Yucatán, ordenó una sanción económica contra Gabriela de Jesús Pool Camelo, presidenta municipal de Sucilá, por no cumplir con ocho notificaciones previas destinadas a resolver un caso laboral pendiente.

El conflicto se origina en una resolución judicial del 15 de mayo de 2023, que establecía una compensación económica de 1 millón 656 mil 878 pesos en favor de tres ex empleados del gobierno local: Justo Pastor Ek Huchim, Baltazar Reyes Medrano y Martín Gijón Cituk. Los trabajadores fueron separados de sus cargos sin recibir liquidación correspondiente, según registros del expediente laboral 303/2015.

Incumplimientos reiterados

El abogado especializado en derecho laboral, Lincoln Palma Rodríguez, quien representa a los ex empleados, detalló que la alcaldesa ha ignorado sistemáticamente los requerimientos formales emitidos por el órgano judicial. Las fechas de las notificaciones no atendidas son: 14 de noviembre, 12 y 24 de diciembre de 2024; 6 de febrero, 7 y 25 de marzo; 30 de abril y 19 de mayo de 2025. La autoridad judicial consideró esta conducta como “contumaz y evasiva”.

Según documentos oficiales, el gobierno local destinó en su plan de gastos anual para 2025 una partida específica de 450 mil pesos destinada a “sentencias y resoluciones por autoridad”, incluyendo casos laborales. Sin embargo, no ha utilizado este fondo para resolver el caso particular de los ex empleados afectados.

Sanción y marco legal

“Se revela la conducta contumaz y evasiva de la citada responsable para cumplir el fallo protector, pues no se ha demostrado por parte del Cabildo del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, las acciones pertinentes para acordar la inclusión en su presupuesto tanto de ingresos como de egresos, de la cantidad necesaria para cumplir la totalidad de la condena dictada en el expediente laboral 303/2015, no obstante de ocho sendos requerimientos los cuales le fueron debidamente notificados, tal y como se advierte de las constancias respectivas que obran en autos”.

La multa impuesta por la autoridad judicial asciende a 26 mil 022 pesos, cantidad que equivale a 230 Unidades de Medida y Actualización según lo establecido en los artículos 258 y 238 de la Ley de Amparo. La decisión judicial busca evitar prolongaciones adicionales en el proceso de cumplimiento de la sentencia original.

“Para evitar mayores dilaciones en el procedimiento, y tomando en consideración que hasta la presente fecha la responsable de marras no ha acreditado haber dado cabal cumplimiento al fallo protector, no obstante haber sido requerida en diversas ocasiones, se hace efectivo el apercibimiento y se impone a la persona física que ocupa el cargo de presidenta municipal, una multa por la cantidad de 26 mil 022 pesos”.

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Seguridad

Menor vinculado a proceso por asesinato de secretario de Linares

Procesamiento del presunto responsable

Luis Mario “N”, un adolescente de 17 años, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio calificado de Juan Pulido, secretario del Ayuntamiento de Linares, Nuevo León. La audiencia se celebró el viernes 13 de junio, donde se presentaron pruebas que vincularían al menor con el crimen.

El juez determinó que las evidencias proporcionadas por las autoridades estatales eran suficientes para iniciar un proceso legal contra el adolescente. Se decretó su internamiento en el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.

Detalles del asesinato

El atentado contra el funcionario ocurrió el sábado 7 de junio por la tarde, cuando Pulido salía de su residencia en la colonia La Moderna. El edificio se encuentra ubicado en la intersección de la calle Pablo Salcedo Arredondo y la calle 5 de Mayo. La víctima recibió cuatro disparos: dos en el abdomen y otros dos en la pierna derecha.

En el lugar se encontraron cuatro casquillos percutidos del calibre 9 milímetros. La Fuerza Civil, Policía Municipal y Agencia Ministerial se movilizaron rápidamente para realizar las primeras investigaciones. A pesar del intento por trasladar al secretario a un hospital privado mediante un helicóptero de Protección Civil, falleció antes de ser evacuado.

Investigación y detención

El menor fue detenido el miércoles 11 de junio, aunque la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió la orden de aprehensión el viernes 13. Además del homicidio calificado, se le imputan cargos por delitos contra la salud.

El juzgado otorgó un periodo de 70 días para que la Fiscalía realice una investigación complementaria. Trascendió que el secretario del Ayuntamiento había presentado su renuncia al cargo dos días antes del atentado, el jueves 5 de junio.

Posible móvil del crimen

Según fuentes cercanas a la investigación, el asesinato del secretario podría estar relacionado con una represalia por parte de un grupo de la delincuencia organizada. Esta hipótesis se maneja como uno de los posibles motivos del atentado, aunque se espera que la investigación arroje más claridad sobre el caso.

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