Mejoras viales para zona serrana

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó avances en la construcción de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, proyecto que abarca una longitud de 67 kilómetros y tendrá una inversión total de mil 608 millones de pesos. Esta obra forma parte de un compromiso asumido desde el inicio de su administración y cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tramo sonorense y financiamiento

El segmento correspondiente al estado de Sonora abarca 18 kilómetros con una inversión de 774.5 millones de pesos. La supervisión del proyecto fue realizada por el mandatario estatal en compañía del alcalde de Bavispe, Conrado Durazo Montaño; el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Sonora, Máximo Moscoso; y la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), Alejandra Castro.

Impacto en conectividad y economía

Esta vialidad busca resolver una demanda histórica de los habitantes de la sierra sonorense, mejorando su conectividad con Chihuahua.

“Va a comunicar esta región de la Sierra Alta de Sonora con Chihuahua. El intercambio, la relación económica y social de esta región con Chihuahua ha sido históricamente muy intensa, y ya tenemos la carretera Agua Prieta-Bavispe que cambió la dinámica económica de la región, porque ahora a las actividades primarias, agricultura y ganadería, particularmente, se han sumado las posibilidades que está abriendo el turismo”

, destacó el gobernador.

Beneficios para población y comercio

El proyecto permitirá un ahorro de 95 minutos en los desplazamientos por esta ruta, fomentando el turismo local e internacional en zonas rurales del estado. Además, facilitará el comercio terrestre conectado al puerto de Guaymas, beneficiando a más de 115 mil residentes de la región serrana.

Cambio en la oferta de alimentos cerca de instituciones educativas

En Torreón, se ha registrado una transformación en la oferta de productos que comercializan los vendedores ambulantes cerca de las escuelas, derivado de las modificaciones en el Sistema Educativo Nacional. Ahora, estos comerciantes han sustituido alimentos procesados por opciones más saludables, como las nieves de garrafa elaboradas con frutas naturales.

Víctor Ramos Galindo, titular de Plazas y Mercados en el municipio, indicó que este fenómeno ha sido observado durante los recorridos que realizan los inspectores en las inmediaciones de los centros educativos. Aclaró que, si bien la Secretaría de Salud no ha emitido directrices específicas sobre la regulación de este producto, las nieves de garrafa representan una alternativa menos procesada en comparación con los alimentos que antes se ofrecían.

Supervisión constante y colaboración ciudadana

La vigilancia en los alrededores de los planteles continúa siendo una prioridad para las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha no se han realizado decomisos ni aplicado sanciones económicas, ya que los vendedores han atendido las indicaciones de retiro cuando ha sido necesario.

Para fortalecer el control, se ha implementado un esquema de rutas para los inspectores, quienes patrullan las zonas escolares y se extienden algunas cuadras para verificar la presencia de ambulantes. No obstante, se ha identificado un mayor volumen de actividad comercial al mediodía, cuando los estudiantes concluyen sus clases.

Equilibrio entre salud y economía

Ramos Galindo enfatizó que el objetivo de esta estrategia no es perjudicar la economía de los comerciantes, sino asegurar que los productos que se venden cumplan con los estándares sanitarios y promuevan hábitos alimenticios más saludables entre los estudiantes.

Esta evolución en la oferta de los vendedores ambulantes refleja una adaptación a las nuevas normativas y una respuesta a la creciente preferencia por opciones más naturales. En las calles cercanas a las escuelas, los puestos tradicionales de alimentos fritos han sido reemplazados por carros de nieves de garrafa, donde se ofrecen sabores como mango, limón y fresa, con el fin de atraer a los jóvenes con alternativas frescas y menos procesadas.

Participación activa de la comunidad

El jefe de Plazas y Mercados extendió una invitación a la ciudadanía y a los directivos escolares para que denuncien cualquier irregularidad, comprometiendo una pronta respuesta ante cada reporte recibido.

Una funcionaria local enfrenta consecuencias legales por no atender una determinación judicial relacionada con derechos laborales. La magistrada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, titular del Juzgado Tercero de Distrito con base en Yucatán, ordenó una sanción económica contra Gabriela de Jesús Pool Camelo, presidenta municipal de Sucilá, por no cumplir con ocho notificaciones previas destinadas a resolver un caso laboral pendiente.

El conflicto se origina en una resolución judicial del 15 de mayo de 2023, que establecía una compensación económica de 1 millón 656 mil 878 pesos en favor de tres ex empleados del gobierno local: Justo Pastor Ek Huchim, Baltazar Reyes Medrano y Martín Gijón Cituk. Los trabajadores fueron separados de sus cargos sin recibir liquidación correspondiente, según registros del expediente laboral 303/2015.

Incumplimientos reiterados

El abogado especializado en derecho laboral, Lincoln Palma Rodríguez, quien representa a los ex empleados, detalló que la alcaldesa ha ignorado sistemáticamente los requerimientos formales emitidos por el órgano judicial. Las fechas de las notificaciones no atendidas son: 14 de noviembre, 12 y 24 de diciembre de 2024; 6 de febrero, 7 y 25 de marzo; 30 de abril y 19 de mayo de 2025. La autoridad judicial consideró esta conducta como “contumaz y evasiva”.

Según documentos oficiales, el gobierno local destinó en su plan de gastos anual para 2025 una partida específica de 450 mil pesos destinada a “sentencias y resoluciones por autoridad”, incluyendo casos laborales. Sin embargo, no ha utilizado este fondo para resolver el caso particular de los ex empleados afectados.

Sanción y marco legal

“Se revela la conducta contumaz y evasiva de la citada responsable para cumplir el fallo protector, pues no se ha demostrado por parte del Cabildo del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, las acciones pertinentes para acordar la inclusión en su presupuesto tanto de ingresos como de egresos, de la cantidad necesaria para cumplir la totalidad de la condena dictada en el expediente laboral 303/2015, no obstante de ocho sendos requerimientos los cuales le fueron debidamente notificados, tal y como se advierte de las constancias respectivas que obran en autos”.

La multa impuesta por la autoridad judicial asciende a 26 mil 022 pesos, cantidad que equivale a 230 Unidades de Medida y Actualización según lo establecido en los artículos 258 y 238 de la Ley de Amparo. La decisión judicial busca evitar prolongaciones adicionales en el proceso de cumplimiento de la sentencia original.

“Para evitar mayores dilaciones en el procedimiento, y tomando en consideración que hasta la presente fecha la responsable de marras no ha acreditado haber dado cabal cumplimiento al fallo protector, no obstante haber sido requerida en diversas ocasiones, se hace efectivo el apercibimiento y se impone a la persona física que ocupa el cargo de presidenta municipal, una multa por la cantidad de 26 mil 022 pesos”.