La Fiscalía de Costa Rica ha formulado cargos contra el mandatario Rodrigo Chaves y seis altos funcionarios por su posible involucramiento en actividades vinculadas al financiamiento ilegal de la campaña electoral que culminó con su victoria en 2022.

Acusación formal y solicitud de levantamiento de inmunidad

En un comunicado oficial, la institución fiscal informó sobre la presentación de una solicitud ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que se autorice el levantamiento de la inmunidad presidencial y se inicie un proceso judicial. Esta acción se fundamenta en la supuesta participación del jefe de Estado en irregularidades de financiamiento político durante su campaña.

Funcionarios señalados y mecanismos utilizados

Además del presidente, también enfrentan acusaciones el vicepresidente Stephan Brunner, el ministro de Relaciones Exteriores Arnoldo André, y cuatro legisladores afines al gobierno: Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero. Se les atribuye haber empleado un fideicomiso privado y cuentas bancarias no oficiales para gestionar recursos destinados a la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en las elecciones de 2022.

Incumplimiento de normas electorales

El comunicado oficial destaca que “ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”.

Anuncio

Procedimiento judicial pendiente

Para que pueda avanzar cualquier acción legal, es necesario que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprueben el levantamiento de la inmunidad de los siete involucrados. Hasta el momento, no se ha registrado ninguna declaración oficial por parte del Ejecutivo sobre este asunto.

Acción política en Jalisco

Diputados locales del Partido del Trabajo en Jalisco, junto con Adrián Rangel de la dirección estatal del partido, han anunciado oficialmente una movilización ciudadana programada para expresar solidaridad con Palestina y oposición a los conflictos armados entre Israel e Irán.

Irregularidades en reportes electorales

El organismo electoral federal analiza aplicar sanciones económicas contra la fuerza política que actualmente ocupa la presidencia del país por un monto superior a los 21 millones de pesos. La causa sería la falta de presentación adecuada de documentos relacionados con gastos de actividades previas a la campaña electoral para cargos de diputados y senadores durante el ciclo 2023-2024.

Proceso de fiscalización y recurso legal

El organismo comicial elaboró una propuesta que será sometida a consideración del Consejo General en su reunión semanal. En este documento se indica que la agrupación política utilizó canales no autorizados para presentar sus informes de gastos, sin hacer las debidas diferenciaciones entre los distintos cargos de elección popular. Esta acción violaría el artículo 79 de la normativa general sobre partidos políticos.

La penalización fue inicialmente establecida en el año previo, pero la organización política presentó un recurso de revisión ante el tribunal especializado en asuntos electorales. El tribunal ordenó al órgano electoral fundamentar adecuadamente su decisión.

Detalles de las multas

Existen dos expedientes relacionados con esta misma falta. En el primero, la sanción original de más de 4 millones de pesos fue disminuida a poco más de 3 millones tras el análisis ordenado por el tribunal, monto que será deducido mediante retenciones del 25% en las asignaciones mensuales del partido hasta completar el total.

Anuncio

En el segundo caso, la multa pasó de casi 18.2 millones a poco más de 18.1 millones, manteniendo el mecanismo de descuento proporcional mensual en caso de confirmarse la sanción.