Seguridad
Aprobada nueva normativa de la Guardia Nacional en comisión legislativa, grupos opositores expresan preocupación por avances en militarización
La comisión legislativa correspondiente avaló el proyecto de ley que regirá a la Guardia Nacional con 22 votos afirmativos, 7 negativos y 2 abstenciones. Esta decisión fue adoptada en sesión encabezada por el diputado Julio César Moreno Rivera, representante del partido Morena, quien lidera el grupo parlamentario que impulsa la reforma.
Contexto y propósitos de la reforma
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo actualizar el marco legal existente para adecuarlo a la reforma constitucional promulgada el 30 de septiembre de 2024. La nueva norma sustituye la legislación vigente desde mayo de 2019.
Según palabras del diputado Moreno Rivera, “se reconoce a la Guardia Nacional como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional de carácter permanente e integrada con personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
Características y regulación del cuerpo policial
El texto establece que los integrantes de esta institución deberán cumplir con estándares profesionales que incluyen la obtención del Certificado Único Policial y la aprobación de programas de formación especializada administrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se introducen modificaciones en múltiples ordenamientos legales, incluyendo reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y códigos relacionados con la justicia militar. Una de las disposiciones clave es la determinación de la jurisdicción competente para sancionar delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional, buscando prevenir la impunidad y establecer un sistema disciplinario efectivo.
Adiciones al código penal militar
El documento incluye la creación de un capítulo especializado en delitos específicos aplicables al personal de esta institución, estableciendo sanciones particulares para las violaciones a los protocolos establecidos.
Posiciones contrarias al proyecto
Representantes de partidos opositores manifestaron sus objeciones durante el debate. La legisladora Margarita Zavala, del PAN, señaló contradicciones entre esta norma y otros ordenamientos legales vigentes, además de lamentar que no haya sido analizada por la comisión especializada en defensa nacional.
El diputado Emilio Suárez Licona, representante del PRI, alertó sobre el riesgo de militarización progresiva de las fuerzas de seguridad, considerando que esta tendencia atenta contra derechos fundamentales y principios constitucionales.
Legisladores como Arturo Yañez Cuellar (PRI) y Paulina Rubio Fernández (PAN) expresaron preocupación sobre la concentración de poder en la Sedena y las posibles implicaciones para el ejercicio de libertades democráticas en el país.