La mandataria Claudia Sheinbaum aclaró durante su conferencia matutina que no existe ningún plan gubernamental denominado “Pemexproa”, desmintiendo afirmaciones realizadas por el columnista Darío Celis. El comunicador había señalado en su cuenta de redes sociales que la administración federal planeaba transformar parte de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) en deuda pública por un monto aproximado de 50 mil millones de pesos.

Respuesta oficial ante rumor

“No hay ningún Pemexproa, no sé de dónde saca Darío Celis que hay un Pemexproa. Jamás haríamos algo similar al Fobaproa, que estuvo plagado de corrupción”, manifestó la presidenta. La jefa del Ejecutivo rechazó rotundamente la supuesta iniciativa que, según el periodista, permitiría reducir los intereses que paga la empresa petrolera del 12 al 4 por ciento.

Contexto de deuda petrolera

Sheinbaum detalló que la deuda acumulada por Pemex se originó principalmente durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, destacando que fue durante la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando se logró estabilizar la situación financiera de la empresa. “Presidente López Obrador estabilizó, disminuyó la deuda de Pemex, y estableció un esquema de explotación de los pozos, y aparte le invirtió de manera importante en refinación”, agregó.

Planeación futura

La presidenta informó que mantendrá una reunión con el equipo directivo de Pemex para desarrollar “un esquema integral a largo plazo” que permita fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa sin recurrir a mecanismos como el mencionado “Pemexproa”. La mandataria reiteró que cualquier estrategia futura se enfocará en corregir los desmanejes del pasado.

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Historial de desmentidos

Esta no es la primera ocasión en que el trabajo periodístico de Darío Celis es cuestionado por autoridades federales. La semana anterior, el titular del IMSS, Zoé Robledo, negó haber presentado su renuncia para asumir otro cargo gubernamental, desmintiendo otra publicación del columnista.

Llamado a participar en comisión especial

Para elaborar una legislación más inclusiva, la XVII Legislatura del Congreso estatal ha extendido una invitación a diversos sectores interesados. Entre los convocados se encuentran personas diagnosticadas con trastorno autista, familiares de afectados, organizaciones civiles, entidades gubernamentales y centros educativos que deseen colaborar en el Comité Consultivo encargado de guiar el proceso de consulta ciudadana relacionado con esta comunidad en Baja California Sur.

Rueda de prensa oficial

Durante una conferencia de prensa, las diputadas Dalia Collins Mendoza -titular de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad- y Martín Escogido Flores -presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, detallaron los lineamientos de la convocatoria pública, la cual ya está disponible en la página web institucional.

Antecedentes legales

“creemos firmemente que las leyes deben de construirse de la mano de quienes viven la realidad, y este es el inicio de una transformación”, manifestó la legisladora Dalia Collins, quien recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la anterior Ley para Personas del Espectro Autista, por lo que resulta fundamental incorporar directamente a las personas autistas y sus organizaciones representativas en el proceso legislativo.

Capacitación necesaria

El diputado Martín Escogido destacó que será indispensable una labor de sensibilización y formación tanto para los legisladores como para los distintos actores sociales involucrados, con el objetivo de lograr una normativa realmente integradora. Por su parte, la diputada Lourdes Cornejo, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que la convocatoria circulará por todo el estado y pidió apoyo ciudadano para difundirla ampliamente.

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Trámites y plazos

El comité tendrá como función principal apoyar en el desarrollo de las diferentes etapas que debe cumplir la ley para subsanar la controversia constitucional promovida por el gobierno federal, cuyo fallo fue emitido por la Corte Suprema. Las personas interesadas en formar parte del comité deben presentar una carta de motivación dirigida al Congreso estatal, incluyendo datos personales completos, copia de identificación oficial, información de contacto y enviarlo entre el 26 de junio y el 6 de julio al correo electrónico consultapersonasautistas2025@cbcs.gob.mx.

Instalación formal

La toma de protesta del comité consultivo está programada para el miércoles 9 de julio de 2025, a las 11:00 horas en la sala de comisiones Armando Aguilar Paniagua del Congreso local.

El estado de Texas ha emitido una directriz a sus universidades públicas para que realicen una reevaluación del estatus migratorio de ciertos estudiantes, con el objetivo de modificar el monto de las colegiaturas que pagan. La medida responde a una resolución judicial dictada recientemente.

Directiva estatal y respuesta institucional

Wynn Rosser, encargado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, ha remitido una comunicación oficial a los centros educativos solicitando que realicen un cambio en la categorización de alumnos sin documentos migratorios. “Se les cobrará la matrícula de no residente para el semestre de otoño de 2025”, indica textualmente en el documento.

Antecedentes legales y controversias

El mandamiento surge luego de que un tribunal federal anulara una normativa estatal que permitía a jóvenes extranjeros pagar tarifas universitarias equivalentes a las de los residentes. La acción judicial se fundamentó en una queja presentada por el Departamento de Justicia, que argumentaba que dicha política violaba principios constitucionales al favorecer a extranjeros en detrimento de ciudadanos estadounidenses.

“Se les cobrará la matrícula de no residente para el semestre de otoño de 2025”

Impacto en población estudiantil

Según datos proporcionados por el portal Higher Ed Immigration Portal, aproximadamente 73,000 estudiantes universitarios en Texas se verán afectados por esta decisión. Esta cifra representa casi el 20% del total nacional de estudiantes en situación migratoria irregular matriculados en instituciones de educación superior.

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Marco normativo previo

Desde el año 2001, gracias a una legislación conocida como Texas Dream Act, se permitía que jóvenes no ciudadanos que hubieran cursado y terminado la secundaria en el estado accedieran a las tarifas locales de matrícula. Esta disposición diferenciaba a Texas de otras jurisdicciones donde los estudiantes foráneos pagan cuotas significativamente más altas.