Política
Monreal afirma que el nuevo marco legal rechazará cualquier forma de vigilancia política, antes del análisis de la normativa sobre inteligencia
Ricardo Monreal Ávila, líder de la Junta de Coordinación Política y encargado del grupo parlamentario de Morena, señaló que las actualizaciones legislativas en materia de seguridad pública buscan consolidar la colaboración entre las diferentes instituciones dedicadas a la prevención del delito y protección ciudadana. Entre las entidades involucradas figuran las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, así como autoridades estatales y municipales.
Refuerzo legal sin afectar derechos
El senador enfatizó que el propósito de las reformas no es establecer sistemas de vigilancia ni estructuras asociadas a gobiernos anteriores, sino incorporar avances tecnológicos y métodos científicos para el combate de la delincuencia. Indicó que las nuevas disposiciones resguardan la presunción de inocencia, el debido proceso y la naturaleza civil de los organismos de seguridad.
Monreal destacó que la legislación incluye prohibiciones expresas sobre espionaje político y mecanismos de control estricto, como la necesidad de autorización judicial para realizar intervenciones de comunicaciones. Asimismo, afirmó que las reformas están orientadas a enfrentar al crimen organizado sin comprometer la privacidad ni los derechos de los ciudadanos.
Tramitación y expectativas
El senador mencionó que las medidas fueron aprobadas después de un proceso reflexivo y debate amplio, descartando cualquier aceleramiento en su tratamiento legislativo. Además, aseguró que existirán sistemas de transparencia supervisados por auditorías y comisiones del Congreso de la Unión.
“No vamos a aprobar nunca leyes de espionaje”
Contexto de las reformas
Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para crear la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 445 votos a favor y 37 en contra. La norma busca establecer un modelo de seguridad basado en prevención, profesionalización policial y uso de inteligencia estratégica, aunque críticos señalan que podría impulsar la militarización.
Antes del análisis de la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia, que se discute por la tarde, la oposición advierte riesgos en la protección de datos sensibles, debido a la ambigüedad en las facultades estatales y el acceso a bases de información a criterio de autoridades, lo que podría afectar derechos esenciales.
Este tipo de reformas ya habían sido presentadas en legislaturas previas sin éxito, pero ahora parece probable su aprobación con ajustes que se definirán posteriormente. Durante la sesión extraordinaria, donde aún se debate la mencionada ley, se espera que no se revivan prácticas de represión y persecución política de épocas pasadas.