La justicia estadounidense ha determinado que Barclays y su ex responsable máximo deberán enfrentar un proceso legal por supuestas ocultaciones realizadas a inversionistas respecto de vínculos con un empresario desaparecido, según confirmó un magistrado federal de California. La decisión permite que avancen las acciones legales promovidas por grupos de inversores que denuncian haber sido inducidos a error.
Antecedentes del caso
Un grupo de fondos de retiro de ciudades estadounidenses presentó una querella colectiva contra la institución financiera y su ex director general, cubriendo un periodo que inició poco después del arresto del empresario en 2019 y concluyó en octubre de 2023. Los demandantes aseguran que se mantuvieron comunicados públicos engañosos incluso cuando ya se conocían correos que mostraban una relación más cercana de lo declarado entre ambos personajes.
“Las interacciones eran estrictamente profesionales“, fue una de las afirmaciones repetidas por Barclays en sus comunicados oficiales, según consta en los documentos judiciales. Los inversionistas también cuestionan las explicaciones proporcionadas sobre el alcance de las investigaciones regulatorias británicas.
Desarrollo judicial reciente
La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong validó que continúen las principales acusaciones por fraude contra el banco y su ex ejecutivo, aunque limitó ciertos aspectos relacionados con otro directivo institucional. Paralelamente, el ex CEO enfrenta consecuencias regulatorias en Reino Unido, donde perdió un recurso contra una posible inhabilitación profesional.
La Autoridad de Conducta Financiera británica propuso esta medida restrictiva acusando al ex directivo de proporcionar información falsa a los supervisores. “No recordaba ciertos correos electrónicos comprometedores“, declaró anteriormente el ejecutivo, negando conocimiento sobre actividades ilícitas del empresario.
Posturas de las partes
Los representantes legales tanto del ex director como de la institución financiera se han abstenido de emitir declaraciones públicas sobre el caso, al igual que los abogados que patrocinan a los grupos de inversión demandantes. La entidad, que operó bajo la dirección de este ejecutivo desde 2015 hasta 2021, enfrenta actualmente múltiples frentes legales relacionados con este asunto.