El mandatario estadounidense Donald Trump presentó una nueva solicitud formal ante el tribunal más alto del país para avanzar con planes de reducir el número de empleados gubernamentales, mientras enfrenta acciones legales promovidas por organizaciones sindicales y localidades. Este movimiento sucede luego de que un tribunal de apelaciones rechazara congelar la orden judicial proveniente de California que detiene dichos ajustes.
Desafíos legales a la reorganización
Un grupo de tres magistrados del tribunal de apelaciones del noveno circuito falló a favor de mantener la suspensión por dos votos contra uno, argumentando que la disminución de empleados podría afectar servicios esenciales como la salud pública y el cuidado a veteranos. La jueza federal Susan Illston había señalado previamente que cualquier recorte importante requiere autorización legislativa.
Posición del gobierno frente a fallo judicial
La defensa gubernamental argumenta que la decisión de Illston carece de fundamento, afirmando que el presidente posee facultades constitucionales para manejar internamente el personal de su rama. El abogado principal del gobierno, D. John Sauer, expresó en documentos legales que: “la premisa utilizada para frenar la medida es insostenible”.
Trump ha insistido en que recibió un mandato electoral para transformar la administración federal, designando al empresario Elon Musk para encabezar esta iniciativa mediante el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), aunque Musk dejó el cargo recientemente.
Impacto en empleados públicos
Hasta el momento, miles de empleados federales han salido del gobierno mediante despidos, renuncias incentivadas o suspensiones. Aunque no existe un cálculo oficial, se estima que más de 75,000 trabajadores aceptaron planes de retiro anticipado y cientos más fueron dados de baja durante su periodo de prueba.
La orden judicial bloquea la aplicación de la directiva presidencial firmada en febrero y un comunicado posterior del DOGE y la Oficina de Gestión de Personal. Entre las entidades afectadas se encuentran departamentos clave como Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Hacienda y Asuntos de Veteranos, así como instituciones como la Fundación Nacional de Ciencia y la Agencia de Protección Ambiental.
Próximos pasos legales
La Corte Suprema ha otorgado un plazo hasta el próximo lunes para que sindicatos y ciudades como Baltimore, Chicago y San Francisco respondan a la solicitud gubernamental. Paralelamente, otra acción legal en San Francisco busca revertir los despidos de empleados en periodo de prueba, tras ser ordenados por el juez William Alsup y posteriormente anulados por la Corte Suprema.